A pesar de que la Cámara de Diputados remitió a la Cámara Alta en diciembre del pasado año el pedido de juicio político a tres ministros de la Corte Suprema de Justicia, los senadores hasta ahora no se ponen de acuerdo en iniciar el proceso de destitución de los altos magistrados Óscar Bajac, Sindulfo Blanco y César Garay Zuccolillo por mal desempeño en sus funciones. Los dos primeros son de extracción liberal, mientras que el último es de extracción colorada.

De hecho y ante la falta de acuerdo político sobre los futuros candidatos a reemplazar a los cuestionados, los senadores decidieron postergar el tratamiento del pedido de juicio político de los ministros para el próximo año.

Los liberales, según fuentes parlamentarias, temen perder sus cupos en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia, mientras que los colorados pretenden incluir otro afín a la Asociación Nacional Republicana en reemplazo de Garay Zuccolillo, a pesar de que el discurso de todos sigue siendo que los futuros ministros solo deben gozar de honestidad y probidad. El planteamiento de enjuiciar a los citados ministros fue realizado por la cúpula del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y el Partido Colorado con el acompañamiento del Poder Ejecutivo.

FALTA DE GARANTÍAS

Sin embargo, ante la falta de garantías por parte de los líderes políticos, representados en el Senado, de ambos sectores tradicionales, de que los próximos altos magistrados no sean los bendecidos por los grupos políticos partidarios, entonces decidieron seguir dilatando la depuración de la máxima instancia judicial del país, pese al reclamo de la ciudadanía ante una mala administración de la Justicia en el Paraguay.

Razones para la destitución de los tres altos magistrados abundan, según el libelo acusatorio de los Diputados, teniendo en cuenta que los tres ministros son acusados de haber cometido los delitos de prevaricato, mal desempeño de funciones, nepotismo, ignorancia de la ley, fallos contradictorios y tráfico de influencias, entre otros.

JUSTICIA ELECTORAL

Mientras en el Senado sigue durmiendo el pedido de juicio político a los tres altos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en la Cámara de Diputados los parlamentarios no se quedan atrás y siguen protegiendo al ministro Alberto Ramírez Zambonini, de extracción liberal, quien ya sorteó ocho pedidos de juicio político en su contra. El último fue en diciembre del pasado año, cuando el Partido Colorado, además de pedir el juicio de los tres ministros de la Corte, también pidió a los diputados la "cabeza" de Ramírez Zambonini, pero éste se salvó con la protección de los diputados liberales, pese a las series de denuncias realizadas en su contra en el ejercicio de su función como uno de los tres ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

VERSIÓN DE VELÁZQUEZ

Ante esta situación, el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Velázquez, mencionó que la falta de tiempo jugó en contra para el análisis sobre un posible juicio político al ministro Ramírez Zambonini, en el presente año.

"El pedido de un juicio político conlleva ciertas formalidades ya que una solicitud de enjuiciamiento se debe realizar por escrito alegando los diversos motivos por los cual se está requiriendo y luego remitirlo a la Comisión de Asuntos Constitucionales para el dictamen correspondiente y a partir de ahí buscamos los números", indicó.

Señaló que "ninguno de los puntos fueron pasados por la falta de tiempo en este periodo legislativo salvo la opinión de algunos parlamentarios que ameritaba iniciar el enjuiciamiento, pero nunca se formalizó. No descarto que esto pueda ser analizado en los primeros meses del próximo año".

PROTEGIDO

Sin embargo y según fuentes parlamentarias, Ramírez Zambonini seguirá siendo protegido por los parlamentarios del Partido Liberal Radical Auténtico teniendo en cuenta su generosidad en las contrataciones en la Justicia Electoral a favor de sus correligionarios.

Aunque ahora en forma esporádica, algunos diputados liberales ya hablan de un posible apoyo a la destitución del citado ministro electoral, tras el pedido del diputado colorado Walter Harms, pero recién el próximo año.