Los delegados de los distintos gobiernos de América Latina y el Caribe, que participan en México de la Segunda Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo revisan desde ayer la Guía Operacional del Consenso de Montevideo, el acuerdo intergubernamental para superar la pobreza y la desigualdad más importante del continente, firmado en 2013 en Uruguay.
La Reunión, organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), espera que los gobiernos ratifiquen su respaldo a la propuesta de Guía Operacional que recomienda unas 160 medidas prioritarias para la ejecución de políticas públicas en desarrollo sostenible, juventud, envejecimiento, salud sexual y reproductiva, igualdad de género, migración, territorialidad, pueblos indígenas y afrodescendientes, que son los temas marco del Consenso.
El Consenso de Montevideo y su Guía Operacional, representan la oportunidad para que gobiernos y sociedades pasen del compromiso a la acción. Las nueve medidas prioritarias identificadas en el Consenso, a partir de ahora tendrán una hoja de ruta para mejorar la calidad de vida de toda la población de América Latina y el Caribe, unas 630 millones de personas, aproximadamente el 8.6% de la población mundial.
"Tenemos una serie de objetivos en relación a cómo mejorar la vida y el ejercicio de derechos de las personas. Pero este acuerdo de carácter político requiere avanzar en instrumentos que lo bajen a acciones concretas, que la gente sienta el impacto de los mismos en su vida cotidiana", expresó Juan José Calvo, Secretario Técnico de la Comisión Sectorial de Población de Uruguay y quien acompañó este proceso liderado por su país.
Las personas, el centro del desarrollo
En la región más desigual del mundo y que enfrenta diversas realidades, la Guía resultante de esta Reunión en México, pretende convertirse en la brújula en materia de población y desarrollo y brindar respuestas efectivas a cada una de ellas. No es un reto menor. Las necesidades de algunos países, como Paraguay, Guatemala, Bolivia y Ecuador, que se enfrentan a la oportunidad única del bono demográfico, difiere de la de países como Uruguay, Costa Rica, Cuba, Chile, y Colombia, que se enfrentan a un creciente envejecimiento de su población.
En Paraguay, el aprovechamiento de la oportunidad demográfica histórica que vive el país, con la mayoría de su población en edad productiva, es una recomendación constante de intelectuales como el sociólogo José Carlos Rodríguez, del Instituto Desarrollo, para la ejecución e implementación de políticas públicas que estimulen la participación juvenil en el mercado laboral y educativo.
Rodríguez, opina que la región avanzó muy poco en la materia. Apenas en la última década algunos países han desarrollado planes y programas. "En Paraguay lo que está detrás, conspirando, es la enorme desigualdad existente", señala.
Según el último censo nacional, el 60 por ciento de la población paraguaya tiene menos de 30 años y el 29 por ciento tiene entre 15 y 29 años, un segmento que Rodríguez prefiere describir como "lucro cesante" más que como Bono Demográfico, porque "si esta población joven no encuentra un sustento o no está capacitada, en realidad el bono no se realiza, no se cumple".
La Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos (Dgeec) registra que la desocupación alcanza a 122.277 jóvenes de entre 15 a 29 años, mientras que la subocupación, un problema que el mismo gobierno reconoce como más grave, llega a 341.514 jóvenes.
La enorme diversidad cultural del continente conlleva la ineludible tarea de visibilizar la situación de los pueblos indígenas y su inclusión en las agendas públicas en consonancia con los estándares de derechos internacionales. Sin embargo, la realidad muestra que los pueblos indígenas son seis veces más pobres en Panamá y tres veces más en México que el resto de la población. En tanto que la población afrodescendiente, que representa entre el 20% y 30% de la de América Latina, experimenta niveles desproporcionados de pobreza y exclusión social y continúa enfrentando una severa discriminación en todos los órdenes.
En nuestro país, indígenas y afrodescendientes comparten la misma problemática de pobreza y exclusión que sus pares del resto del continente.
Cada una de estas problemáticas, son igualmente un reto que el Consenso de Montevideo aborda en su Guía Operacional con el objetivo de aportar a una región más igualitaria y equitativa para cada uno de sus habitantes.