La creación de la "Jurisdicción Agraria y Ambiental" es un planteamiento presentado por el Centro de Estudios Judiciales dentro de la Comisión Nacional de Reforma Judicial en el Paraguay, integrado por representantes del Poder Legislativo, Judicial y Ejecutivo.

Indican que la iniciativa surge con el fin de abordar los conflictos relativos a la posesión y al derecho de propiedad agraria y el acceso a la tierra por parte de las comunidades campesinas, entre otros aspectos. El tema será debatido mañana durante la sesión de la Comisión Nacional de Reforma Judicial, en la sala de sesiones del Senado, a partir de las 9:00.

Los proyectistas señalan que el nuevo fuero judicial se plantea teniendo en cuenta los conflictos correspondientes a las tierras y la reforma agraria que se dan en el Paraguay.

CONFLICTOS

Entre algunos de los hechos más resaltantes que se dieron en el 2011 y que arrastran algunos años de conflictos está la invasión de la finca 4036 de Ñacunday, Alto Paraná, estas tierras pertenecen a Ulises Rodrigues Texeira, sin embargo, los dirigentes campesinos aseguran que son públicas.

Los campesinos que se instalaron en estas tierras fueron trasladados a las tierras recuperadas por el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), ubicadas en Santa Lucía, Itakyry, departamento de Alto Paraná.

Otro de los grandes conflictos, registrados en el 2010, se da en las 10.000 hectáreas de tierras del brasileño Tranquilo Favero en Ñacunday, Alto Paraná; la misma es reclamada por unas 500 familias campesinas. Según los datos, en 1888 fue adquirida por empresarios extranjeros que nunca pagaron por ellas. El Estado las recuperó en 1953. Una denuncia realizada en el 2009 habla de falsificación de títulos. Las 12 mil hectáreas que se adjudican a Favero y colonos brasileños siguen siendo investigadas, buscando esclarecer su situación legal.