Nueva York, Estados Unidos | AFP |
"Ni Unasur ni sus Estados Miembros —salvo Colombia y Chile— han manifestado preocupación" por estas dos cuestiones, indicó HRW en un comunicado fechado en Nueva York.
El director ejecutivo para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, afirmó que "si Unasur desea propiciar un diálogo genuino, debería en primer lugar exigirle al gobierno venezolano que deje de encarcelar a las personas con quienes tendría que estar dialogando".
"El organismo regional debería exigir la liberación inmediata de todos los opositores del gobierno que han sido detenidos arbitrariamente, y reclamar justicia por los abusos generalizados cometidos contra manifestantes durante el último año", agregó Vivanco.
El secretario general de la Unasur, Ernesto Samper, dijo el viernes pasado que una comisión del organismo, integrada por los cancilleres de Brasil, Colombia y Ecuador, preparaba una visita a Venezuela con miras a una próxima reunión extraordinaria sobre la situación de ese país.
HRW recordó que el tratado constitutivo de Unasur de 2008 dispone que "tanto la integración como la unión suramericanas se fundan en los principios rectores de... democracia; participación ciudadana y pluralismo; (y) derechos humanos universales, indivisibles e interdependientes"
"No obstante, Unasur y la gran mayoría de los gobiernos latinoamericanos han guardado silencio con respecto a la situación de derechos humanos en Venezuela", añadió.
"Al guardar silencio sobre los abusos cometidos en Venezuela, los miembros de Unasur se están apartando de sus principios rectores y están enviado la señal sumamente peligrosa de que el gobierno de Maduro puede continuar encarcelando a opositores y golpeando a manifestantes sin que haya consecuencias", concluyó Vivanco.
De acuerdo con HRW, "a un año de la brutal represión de manifestantes pacíficos y transeúntes, prácticamente no se han rendido cuentas por las decenas de abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, incluidos asesinatos, detenciones arbitrarias, golpizas y torturas".
"Según datos oficiales, hasta noviembre las fiscalías habían recibido 242 denuncias de presuntas violaciones de derechos fundamentales cometidas en el contexto de las manifestaciones, incluidos dos casos de tortura, si bien Human Rights Watch documentó más casos", concluye el comunicado.