Ahora la jueza penal de garantías, Cynthia Lovera, deberá estudiar si admite la imputación contra Marito y los demás imputados en el presente caso.

El expresidente de la República Mario Abdo Benítez y los exministros del Interior, Seprelad y Anticorrupción Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui, René Fernández y demás imputados se exponen a la pena privativa de libertad de 7 años y 6 meses de cárcel atendiendo a los siete hechos punibles que hoy enfrentan por supuestas filtraciones de informes de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), entre otros.

De acuerdo al artículo 70 del Código Penal en su inciso segundo dispone que en caso de concurso, se aumente la pena, hasta la mitad de la san­ción del tipo penal más grave, sin importar que la segunda calificación tenga una menor pena que la mitad del más grave incluso.

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Los delitos que sospecha el Ministerio Público que han cometido Abdo Bení­tez, Arregui, Fernández, Giuzzio y demás imputados son: revelación de secretos de servicio, cuya pena es de hasta 5 años de cárcel o multa; revelación de secre­tos privados por funciona­rios o personas con obliga­ción cuya pena es de hasta 3 años de cárcel o multa; inducción a un subordinado a un hecho punible que tiene una pena de 2 años de cár­cel o multa; denuncia falsa cuya pena es de 5 años de cárcel o multa; simulación de un hecho punible que tiene una pena de 3 años de cárcel o multa; usurpa­ción de funciones públicas que tiene una expectativa de hasta 3 años de cárcel o multa, y asociación criminal que tiene una pena de 5 años de pena privativa de liber­tad. Todas las expectativas de pena están establecidas en el Código Penal.

Además de los citados más arriba también fueron impu­tados Carmen Pereira, exvi­ceministra de Seprelad, el actual diputado Mauricio Espínola, Daniel Farías Kro­nawetter, Guillermo Preda y Francisco Pereira.

Ahora la jueza penal de garan­tías, Cynthia Lovera, deberá estudiar si admite la impu­tación contra Marito y los demás imputados en el pre­sente caso. En relación al diputado Mauricio Espínola, el Ministerio Público solicitó el desafuero que tendrá que ser comunicado por la jueza Lovera a la Cámara de Dipu­tados para que puedan hacer lugar al desafuero y así parla­mentario pueda ser sometido a la Justicia.

DATOS CLAVE

El 31 de julio del 2023, el presidente de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y exmandatario paraguayo, Horacio Car­tes, presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público por persecución política desde el 2018 a la fecha.

El 30 de agosto y 30 de octu­bre del mismo año amplió la denuncia agregando filtra­ciones de información con­fidencial.

El 11 de marzo del 2024, la Fis­calía imputó al expresidente Mario Abdo Benítez y otras 8 personas por revelación de secretos de servicio, revela­ción de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a cometer un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de fun­ciones públicas y asociación criminal.

El expresidente Abdo es acu­sado así de filtrar información confidencial a los medios de comunicación con el obje­tivo de debilitar las figuras de Cartes y Peña en el ámbito político, económico y, espe­cialmente, en el electoral, ayudándose para ello de algu­nos altos funcionarios

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