La Procuraduría General de la República (PGR) planteó ayer lunes un recurso de nulidad contra el laudo arbitral que condenó al Paraguay por el caso metrobús. Siguiendo las instrucciones del presidente Santiago Peña, de defender los recursos del Estado paraguayo, se argumentaron seis puntos principales.

“Entendemos que viola la norma del orden público nacional, hay falta de funda­mentación en muchos aspec­tos, hay decisiones arbitra­rias en algunos elementos de condena, sin justificación y en contra de lo que dice la legis­lación paraguaya”, expresó el procurador general, Marco Aurelio González.

Primero, se ha condenado al Estado paraguayo a pagar intereses compuestos y eso implica capitalizar intere­ses. “Lo que está prohibido por la ley paraguaya. Es ana­tocismo”, explicó. Segundo, el tribunal ha dado indemniza­ción de lucro cesante a pesar de la expresa prohibición establecida en el contrato.

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Luego, no se ha fundado cómo se acreditó el daño recono­cido a Mota-Engil ni se justi­ficó de manera alguna cómo se llegó al monto de condena. Cuarto, no se ha reconocido al Estado paraguayo las costas, a pesar de ser ganancioso en mayor proporción y conforme está previsto en el reglamento del arbitraje y en la ley para­guaya.

El quinto argumento refiere que no se justificó el motivo del rechazo del recurso de rectificación que presentó Paraguay. Por último, como sexto punto, el tribunal arbi­tral dictó el laudo más de un año después del vencimiento del plazo para hacerlo.

“Ahora, el Tribunal de Apela­ción se va a sortear para defi­nir cuál será el que entenderá y resolverá estos extremos. En total, al 21 de diciem­bre pasado y contando con los intereses, la condena del Estado rondaría por los USD 17 millones, pero esto no está firme hasta que se resuelva el recurso de nulidad”, detalló González, aclarando que esto no se trata de una apelación, sino de objetar cuestiones for­males del laudo.

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