El proyecto de creación de la superintendencia de jubilaciones y pen­siones es una iniciativa que nace del Poder Ejecutivo con la intención de que exista un ente que controle el uso que se le da a los fondos de jubilados y pen­sionados de las cajas públicas y privadas. El presidente de la República, Santiago Peña, dejó en claro que no está contem­plado que el Estado adminis­tre esos recursos.

“Tenemos que resolver esto porque es una bomba de tiempo, el Estado no va a admi­nistrar los fondos previsiona­les, el Gobierno no quiere tocar los fondos del Instituto de Pre­visión Social (IPS), no quiere y no necesita, lo que se necesita es que alguien controle a los administradores porque hoy no hay ningún tipo de control”, explicó el presidente.

El proyecto, cuyo estadio actual es la Cámara de Sena­dores, cuenta con el respaldo de sindicatos como la Cen­tral Unitaria de Trabajado­res (CUT), la Central Nacio­nal de Trabajadores (CNT), entre otras, además de los gremios empresariales, quienes incluso fueron parte de la redacción del proyecto y expresaron su conformi­dad con tener una entidad que controle la administra­ción de los recursos y así evi­tar desfalcos o malversacio­nes, remarcó Peña.

“¿Quién le controla a la gente que administra el dinero de los trabajado­res? La respuesta es nadie. Como consecuencia de eso hubo malversaciones en la Caja de Jubilados Banca­rios, los ciudadanos con sus impuestos cubrieron ese déficit porque alguien hizo malas inversiones y no había nadie que controle. En algún momento proba­blemente vamos a pagar también el desfalco de la Caja de Jubilados de Itaipú (Cajubi), que es otro caso, y eso por no haber un ente público que esté obligado por Constitución”, sostuvo.

El mandatario recordó que la Carta Magna establece en su artículo n.° 95 que el Estado debe cuidar los sis­temas de seguridad social, ya sean públicos o privados y advirtió sobre personas interesadas en desvirtuar un proyecto que apunta a que los recursos de los tra­bajadores tengan previsibi­lidad, aseguró.

“Aparece una figura como Pedro Halley, de una cues­tionada actuación en el gobierno de Mario Abdo Benítez en detrimento de los jubilados, alguien que me pidió que quería ser miembro del Consejo del IPS y desde el momento que no entró, empezó a querer boicotear todas las iniciati­vas del Gobierno, a mentir y a confundir a la ciudada­nía”, aseveró ante la 1080 AM.

Por último, el presidente sos­tuvo que no hay intenciones de retirar el proyecto del Con­greso y que esta posibilidad no le parece razonable teniendo en cuenta que trabajaron en el diseño del mismo trabaja­dores y empleadores. “Sería una falta de respeto”, afirmó.

El legislador refirió que las modificaciones estarán listas para cuando la mesa directiva decida incluir el tratamiento de esta iniciativa en el orden del día de la sesión del Senado.

El senador Derlis Maidana adelantó que la Comisión de Legislación incluirá en el proyecto de ley de creación de la superin­tendencia de jubilaciones las modificaciones en los artículos cuestionados por algunos sectores.

Una de las principales modificaciones se da en el artículo 43 del proyecto de ley, que establece que las cajas jubilatorias no podrán ser utilizadas por el Estado, las gobernacio­nes y municipalidades del país, esto con el fin de dar seguridad a la ciudadanía ante el temor de la mala utilización de estos fon­dos.

“Pero sí hay alguna duda, ya que hay mucha gente que dice que el presi­dente Peña, que nosotros queremos apropiarnos de los fondos jubilatorios, hoy nosotros vamos a consensuar en la Comi­sión de Legislación una última modificación que ya lo cerramos con el procurador general de la República y con el ministro de Economía, de que los fondos jubila­torios no podrán ser uti­lizados por el Estado, los fondos del IPS no podrán ser prestados al Estado, a las gobernaciones y a los municipios”, explicó el senador.