Familiares de Miguel Morínigo, paraguayo residente en Argentina, que fue asesinado el 2 de diciembre del 2023 mientras volvía de su lugar de trabajo por un guardia, denunciaron este martes que hasta ahora las investigaciones no avanzan y que el supuesto autor sigue libre con total impunidad.

El terrible hecho quedó grabado en imágenes de cámaras de seguridad de la estación de Villa Lugano, donde se puede ver como la víctima, de 46 años, iba caminando sobre la vereda en una parada de trenes y fue interceptado por el guardia Elías Colmán. El hombre se desempeñaba como albañil y estaba regresando de su lugar de trabajo.

El guardia de la estación aparentemente lo increpó, pero la víctima decidió seguir su camino, al ser ignorado, el atacante decide empujarlo, pese a que Miguel estaba rengueando y con dos bolsones en las manos. Tras ser empujado y agredido, Miguel intentó lanzar algunos golpes para defenderse, pero el funcionario le da un golpe fatal a la altura del rostro, lo que hace que la víctima se desplome. Morínigo quedó tendido en el suelo y presentó muerte cerebral, mientras el acusado alegó que lo encontró en el banco.

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“Estamos pidiendo que se cambie la carátula del caso de mi hermano. La causa ahora está en la Cámara 5 de Apelaciones y pedimos que se haga justicia por Miguel”, explicó Lucy Morínigo, hermana de la víctima, en entrevista con La Nación/Nación Media.

La familia, que se encuentra en el vecino país, se reúne todos los días y sale a las calles para pedir justicia, para que el supuesto autor de crimen sea puesto tras las rejas. Lucy afirmó que las pruebas están a la vista y que el hombre igual mintió a las autoridades con relación a cómo ocurrieron los hechos.

“El autor del terrible crimen de mi hermano sigue libre. Pedimos que Colmán sean acusado por homicidio culposo o alevoso, queremos que sea cambiada la carátula del caso que figura como preterintencional (significa más allá de la intención)”, puntualizó para La Nación.

Agregó que el hombre tras dar el golpe fulminante a su hermano manipuló el cuerpo e incluso le revisó, por lo que sospechan que le sacó la tarjeta de pase para el viaje. Además, llamó tarde a la ambulancia para sus correcta asistencia y mintió a los oficiales que llegaron al sitio.

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El presidente de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay SA (Essap), Luis Fernando Bernal, informó que solicitó a la Contraloría General de la República (CGR) una auditoria permanente de su gestión. El mismo explicó que el objetivo es enviar una señal clara de trasparencia en su administración.

“Hace algunos días solicitamos a la CGR una auditoría permanente de mi gestión y el proceso administrativo que venimos desarrollando”, indicó en entrevista a la 1020 AM.

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Asimismo, refirió que con este el control del manejo de los recursos y el sistema de trabajo, la finalidad es demostrar transparencia en la institución a su cargo, y principalmente dar esa seguridad a los usuarios del servicio y a la ciudadanía en general.

“Es para transmitir señales claras de transparencia. Es importante dar señales claras a los dueños de lo público sobre cómo manejamos los recursos y qué mejor que abrirnos a los controles técnicos y especializados”, apuntó.

Por otra parte, Bernal explicó que existe un debate si la Essap está sujeto al control de la CGR al ser una sociedad anónima, sin embargo, Bernal indicó que al ser administradores públicos deben ser controlados en su gestión.

“Siempre está el debate sobre si deberíamos ser sujetos de control por parte de Contraloría, aun así, para nosotros como hombres públicos al estar al frente de una sociedad anónima con carácter público donde el mayor accionista es el Estado paraguayo”, dijo en entrevista a la 650 AM.

Refirió que, más allá del categórico control, realizó la solicitud a la Contraloría. “Nos vamos un poco más de lo taxativamente tipificado en la Ley y solicitamos a la Contraloría que haga un control permanente de nuestra gestión, desde la compra de un tornillo hasta la posibilidad de una inversión”, sentenció.

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Un proyecto de ley que será estudiado en el Senado podría poner fin al millonario negocio montado por algunos sectores a través de organizaciones que se dicen sin fines de lucro, pero que en la realidad equivalen a empresas que manejan millonarios fondos. Entre los casos más escandalosos que trascendieron en los últimos tiempos están la red de oenegés de los excandidatos de la Concertación, Bruno Defelippe y Soledad Núñez, que mueven millones y el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) que rapiñaron fondos públicos en pandemia con sueldos para clan del presidente de la organización.

• Unidad de Investigación Nación Media

En los próximos días deberá iniciar el reco­rrido legislativo del proyecto de ley que establece el control del financiamiento, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizacio­nes sin fines de lucro (OSFL).

El proyecto generó ya moles­tias en algunos sectores incluso antes de su presen­tación. Varios de esos sec­tores están directa o indi­rectamente vinculados con personas que están ligadas a verdaderas redes de oenegés que manejan millonarios fon­dos, como los excandidatos de la Concertación, Bruno Defe­lippe y Soledad Núñez.

Como primer punto, el pro­yecto de ley alcanzará a las asociaciones inscriptas con capacidad restringida, las asociaciones que tengan por objeto el bien común, las aso­ciaciones de utilidad pública, las fundaciones, los organis­mos no gubernamentales, las organizaciones no guber­namentales, las organizacio­nes de la sociedad civil, las agencias especializadas, los organismos internacionales reconocidos por la república y demás personas jurídicas extranjeras, así como cual­quier persona física o jurí­dica o estructura jurídica, que reciban o administren fondos públicos o privados, de ori­gen nacional o internacional, a ser destinados o de alguna manera guarden relación con sectores de competencia del Estado, las gobernaciones, las municipalidades, de los entes autárquicos, autónomos.

Es decir, el proyecto alcan­zará a aquellas organizacio­nes que manejen fondos en relación directa con las acti­vidades públicas. Todas estas organizaciones, de acuerdo con el proyecto de ley, debe­rán inscribirse en el Registro Nacional de Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL), que dependerá del Ministerio de Economía y Finanzas.

Un punto resaltante del pro­yecto de ley es que las OSFL deberán registrar en sus esta­tutos sociales las identidades de sus constituyentes, ade­más de su objeto, sus fuentes de financiamiento como tam­bién con un libro de registro del financiamiento nacional o extranjero, público o privado.

También deberán registrar detalladamente el uso y des­tino de los fondos que reciban con sus correspondientes fac­turas y documentos respalda­torios. Además, deberán llevar una lista pormenorizada de todos los profesionales, técni­cos, especialistas, personal de cualquier índole, otras OSFL o de cualquier otra persona jurídica, nacionales o extran­jeros, que sean contratados o de cualquier manera cumplan tareas o presten servicios vin­culados al uso y destino de los fondos que reciban las OSFL.

Otra obligación será la de la presentación de informes semestrales ante el Ministe­rio de Economía. Y los organis­mos y entidades del Estado, las municipalidades o entidades binacionales no podrán firmar convenios con OSFL que no estén registradas y al día con sus obligaciones.

Un claro ejemplo de las redes que se han generado con las OSFL pare recibir millonarios fondos es la dupla de excandi­datos de la Concertación, com­puesta por Soledad Núñez y Bruno Defelippe.

La pareja inició su camino como voluntarios, pero con el tiempo tejieron una extensa red de negocios que operan bajo el disfraz de organizaciones sin fines de lucro, todas articuladas por la empresa de Defelippe, bajo la apariencia de “alian­zas”, y que cuentan con la par­ticipación de un selecto grupo de amigos. Esta intrincada red moviliza miles de dólares pro­venientes de organismos mul­tilaterales, con la correspon­diente contrapartida estatal, alimentando proyectos millo­narios que generan lucrativos financiamientos destinados a consultorías y emprendi­mientos, mayormente dirigi­dos hacia los miembros de esta influyente élite.

Lo que en sus inicios fue un modesto voluntariado, evo­lucionó rápidamente hacia un próspero esquema de nego­cios, aprovechando proyec­tos públicos relacionados con áreas como el emprendedu­rismo, la tecnología, la inno­vación e incluso la contra­tación de personal docente. Todo ello, presentado bajo la apariencia de promover la “gobernanza” y la “democra­cia”, permitió a la pareja de candidatos consolidar su base política, siempre amparados en el manto de las organiza­ciones no gubernamentales (ONG).

El epicentro de esta expansión de las oenegés que operan alre­dedor de proyectos públicos, movilizando sumas millona­rias de guaraníes, se encuentra en Koga Impact Lab, empresa fundada por Defelippe en 2015 con una financiación inicial de USD 900 mil del Fondo Multi­lateral de Inversiones (Fomin) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y otros USD 700 mil de contrapartida local. Desde Koga se desprenden múltiples entidades, como la Asociación de Emprendedores del Paraguay (Asepy), respon­sable de presionar préstamos y promover iniciativas polé­micas como las bicisendas en Asunción, entre otras.

La red de organizaciones deri­vadas de Koga, como la Red de Inversiones Ángel y Sistema B, se entrelaza con diversas instituciones públicas como el Mitic, el Ministerio de Jus­ticia, el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Industria y Comercio, principalmente Conacyt, obteniendo fondos para proyectos que, en muchos casos, benefician directa­mente a su círculo cercano.

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, informó acerca de las labores institucionales que se llevan adelante para cubrir las vacancias dentro de la Cámara. Señaló que el objetivo central de los procedimientos es desarrollar llamados con transparencia y priorizando las capacidades.

“Vamos a estar realizando el concurso para las vacancias en Diputados a fines de mayo. Se podrá dar seguimiento a cada proceso en los diferentes portales y espacios digitales de la Cámara”, informó Latorre, destacando la apertura existente en términos de transparencia con la ciudadanía.

Las vacancias corresponden a 50 espacios, para jóvenes de toda la República del país. Con respecto a la información detallada de los puestos y los perfiles técnicos, serán transmitidas a través de los portales puestos para el efecto, teniendo en cuenta que son características específicas.

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“Lo que buscamos a través de este concurso es abrir un camino de ingreso a través del mérito, con el objetivo de que estos 50 jóvenes de diferentes territorios del país puedan aportar en la Cámara en base a sus experiencias y conocimientos”, remarcó el parlamentario.

Del mismo modo, confió en la posibilidad de mejorar el funcionamiento institucional de la Cámara y así también a contribuir en las decisiones que puedan ser aplicadas en los espacios de trabajo, para apuntar a una gestión más productiva y proactiva.

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“Este será un concurso abierto. Quienes quieran formar parte de la Cámara y se encuentren incentivados por lo que puedan aportar, podrán hacerlo; el espíritu es ese, mantener la apertura y promover una sana competencia en base al mérito de cada uno”, señaló el parlamentario.

En cuanto a gestiones de determinados funcionarios, Latorre recordó que se desempeñan en cargos de confianza, una atribución histórica tanto de Diputados como del Senado. No obstante, garantizó que se impulsan trabajos para fomentar un ingreso cada vez más pensado en las capacidades.