El concejal Ernesto Guerín denunció al intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, por despilfarrar dinero público en un tour en Colombia, mientras los funcionarios de la institución padecen retrasos salariales de hasta 4 meses. El jefe comunal estuvo acompañado por un grupo de funcionarios y ediles con jugosos viáticos, pertenecientes a su movimiento Yo Creo.
“Mientras los funcionarios y sus familias pasan hambre, los de Yo Creo, con el intendente a la cabeza, se pasan despilfarrando el dinero del pueblo esteño. Muchos funcionarios no están cobrando sus salarios, los jerarcas de la municipalidad se autoasignan jugosos viáticos para cumplir sus despistados caprichos. Es indignante que aniquilen la ciudad y se burlen abierta y groseramente de los contribuyentes”, manifestó Guerín a través de sus redes sociales oficiales.
El edil esteño expuso documentaciones en que se constata que, para el viaje a Colombia, Prieto percibió la suma de G. 6.400.000 en concepto de viático y pasajes. Los ediles Víctor Torales, Óscar González y Pedro Acuña también habrían recibido la misma cantidad.
Asimismo, el secretario general de la municipalidad, Francisco Arrúa; la secretaria privada Nicole Doutreleau y el director general Alfredo Ramírez no se quedaron atrás y habrían obtenido cerca de G. 6.000.000 cada uno para el mismo viaje.
“Quiero saber qué beneficio trajo a la ciudadanía este viaje que hicieron los lacayos del intendente. Si bien este supuesto premio es del intendente. ¿Qué tienen que ver estos ahí? Un gasto para la ciudadanía, aparte de no pagar salarios, le lleva de farra a sus cómplices. Con razón que se aferran al cargo y con mucha caradurez dicen que están haciendo bien las cosas; pero, ellos nomás saben eso, porque nuestra ciudad está un desastre, pero es lo que menos les importa a los ‘Prieto-boys’”, sostuvo Guerín.
El motivo del viaje de Prieto y sus simpatizantes fue la recepción de un premio otorgado por una fundación como el “mejor intendente de Latinoamérica en materia de solidaridad e inclusión social”. Sin embargo, este destaque generó interrogantes, especialmente en medio de más de 30 denuncias por corrupción presentadas contra Prieto en la Fiscalía por supuestos casos de corrupción en su gestión.
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Roban elementos explosivos de una cantera en Itapúa
Autoridades de Seguridad informaron sobre el robo de una gran cantidad de explosivo en el departamento de Itapúa. Precisaron que serían más de 10.000 metros de cordones detonantes; que según el titular de la Dirección de Material Bélico (Dimabel), Melanio Servín, es un alto explosivo que se utiliza para conectar los pozos de las canteras.
En conferencia de prensa que se realizó desde Mburuvicha Róga, el ministro de Defensa, Oscar González, indicó que cuentan con serios indicios de que esos materiales fueron comercializados y utilizados en canteras no habilitadas, por lo que inmediatamente ya se ha comunicado al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, así como al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) para el control pertinente. Igualmente, descartó que estos artefactos e insumos terminaran en manos del crimen organizado.
El ministro González indicó que ni bien se tomó conocimiento del hecho, el presidente de la República, Santiago Peña, tomó una decisión rápida y contundente, suspendiendo la venta de todos estos materiales, que son de uso comercial. Desde este jueves, se ha normalizado la comercialización de vuelta.
“Atendiendo esta situación y la intervención oportuna de la Dimabel, se pudo constatar, ya que tenemos serios indicios de que esos materiales fueron comercializados y utilizados en canteras no habilitadas. Con estas evidencias tenemos la certeza de que no fueron a parar al crimen organizado, que era la mayor preocupación que teníamos”, expresó.
Mientras que la vocera de Gobierno, Paula Carro, explicó que el supuesto robo o sustracción se registró en una cantera que estaba habilitada para operar, se produjo hace unos días atrás, y reportó el robo de esos materiales explosivos en el departamento de Itapúa.
“Este hecho, por las derivaciones que pudieran tener, generó una reacción inmediata de los órganos del Gobierno, atendiendo que se trata de un negocio de alta sensibilidad, por lo que obliga a que la regulación y el control sean altos. Teniendo siempre como objetivo la seguridad del Estado y la seguridad de las personas. Está aún en curso esta investigación y se han logrado verdaderos avances para neutralizar el eventual peligro que pudiera representar”, destacó Carro.
Uso en canteras ilegales
A su turno, el director de la Dimabel explicó que gracias a la trazabilidad de estos materiales, difícilmente una cantera habilitada podrá hacer uso de esos materiales explosivos, en forma irregular y sin el control de la Dimabel. Indicó que existe la sospecha de que estos materiales están siendo utilizados en canteras irregulares, no habilitadas para la explotación.
Melanio Servín indicó que será el Ministerio Público el que finalmente deba determinar si la presunción que la Dimabel logró constatar confirma que los materiales fueron distribuidos y utilizados en esas canteras ilegales.
“Nosotros como institución coadyuvante tenemos esa premisa, basada en las declaraciones de estos receptores, de estos materiales explosivos por parte de la Cantera La Roca, sita en San Juan del Paraná, departamento de Itapúa”, precisó.
Finalmente, indicó que la Dimabel llevó adelante un sumario administrativo que concluyó en primer lugar con la incautación total de los materiales explosivos que dispone esta cantera. Así como la aplicación de una importante y elevada multa de 180 jornales. Mencionó que existe una presunción de la violación de la Ley 4036, se derivó el caso a la Fiscalía y comunicaron el hecho al MOPC y al Mades.
“Nosotros como institución tenemos una alta presunción de que fue una autodenuncia, que quedará a cargo del Ministerio Público y los órganos investigativos determinar si es así. La presunción es que la propia empresa es la que habría vendido esos productos a canteras clandestinas y que luego realizaron la denuncia del supuesto robo. Esto fue confirmado con algunos de los usuarios que están operando de manera ilegal en canteras que se encuentran en los alrededores”, acotó.
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Villarrica: abogado denuncia que sede de la Fiscalía está en deplorable estado
La sede del Ministerio Público en Villarrica se encuentra en deplorable estado, según denunció un abogado de esta ciudad. El edificio acumula una gran cantidad de basura y algunos muebles en desuso están tirados en el patio de la oficina departamental.
El abogado José David Bogado, miembro del Colegio de Abogados de Villarrica, describió las condiciones en que opera esta filial de la Fiscalía. “Es verdaderamente vergonzoso. Es una situación donde no puede desarrollarse bajo ningún punto de vista la labor tan importante y delicada del órgano investigador”, lamentó.
Explicó que el gremio hace mucho tiempo que viene reclamando e inclusive se ha entregado la inquietud al propio fiscal general del Estado, Emiliano Rolón.
“El pedido que nos hacía él era que tengamos un poco de paciencia que las cosas se irían poniendo en orden y se irían resolviendo. Pero pasaron aproximadamente siete meses y las soluciones no se avizoran. Al contrario, el estado del edificio es cada vez peor”, afirmó el profesional.
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Aseguró que los funcionarios ni siquiera cuentan con insumos de oficina para ejercer sus labores. Tampoco cuentan con elementos de limpieza y entre ellos deben organizarse en pequeños grupos para asear las dependencias. Aparentemente, ni el sanitario funciona, según imágenes socializadas por un medio digital.
“Ellos tienen que comprar sus hojas y sus tintas para tratar de paliar un poco toda la situación para poder dar respuestas a las incesantes requisitorias que a diario recaen ante el Ministerio Público de Villarrica”, remarcó.
Según el denunciante, la información que se maneja en la zona es que el edificio se encuentra en ese estado porque el Ministerio de Economía y Finanzas supuestamente no transfiere los recursos presupuestarios a esta institución.
“Yo no sé si esa puede ser la razón de la ausencia de recursos, pero no existen cupos para combustible, no existen rubros para viáticos. Uno necesita un perito porque debe trasladarse, pero no cuentan con el rubro para el traslado”, se quejó.
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Joven denuncia intento de feminicidio y urge celeridad a la Fiscalía
Una joven denunció a su expareja por intento de feminicidio y ahora pide celeridad al Ministerio Público a fin de que se puedan disponer las medidas de protección necesarias a su integridad física. Hace dos meses que se hizo la presentación en la sede fiscal de San Lorenzo, pero hasta el momento no se tomó ninguna determinación contra el agresor.
La víctima afirmó que venía sufriendo una seguidilla de maltrato físico y psicológico, situación que la obligó a entablar las acciones judiciales pertinentes. Ella teme por su vida y además que por consecuencia del caso pierda su trabajo.
Su hijo pequeño también en algún momento presenció las peleas, por lo que ya está bajo tratamiento psicológico al igual que la madre que sufre depresión por los efectos del problema familiar.
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Según manifestó tiene fecha recién para el mes de octubre para una pericia psicológica en la Fiscalía por lo que también urge acelerar este trámite que debe ser incluido en la carpeta investigativa. Aseguró que inclusive tiene pruebas de una amenaza de muerte proferida por su expareja.
De momento la victima está viviendo en la casa materna junto con su hijo por seguridad. “El me tiró al suelo varias veces, agarrándome por cuello y amenazándome que me va a matar. Yo hice la denuncia en la comisaría, también me hice el diagnóstico y llevé todas mis pruebas a la Fiscalía y hasta ahora no me dan una respuesta”, relató Bianca Cabral a los medios de prensa.
La mujer advirtió: “mi vida está en peligro” al insistir en la necesidad de que se dicten medidas urgentes contra el victimario. “Yo no puedo salir más a trabajar tranquilamente por temor. Mi hijo sufrió un trauma por todo lo que pasó. El está siguiendo un tratamiento psicológico así como yo también. Y solamente pido justicia”, manifestó. La mujer urgió que ya se libre la orden de captura al alegar que ya no puede “vivir tranquilamente”.
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Prieto transfirió G. 11.000 millones a clan de la olla y disco-constructora
La Municipalidad de Ciudad del Este entregó más de G. 11.000 millones al clan Quiroga Silva, encabezado por funcionarios municipales de Ciudad del Este leales al intendente Miguel Prieto. Iniciaron con fondos para apoyos a ollas populares durante la pandemia y pasaron a ser proveedores de la comuna donde son empleados.
- Por Juan Carlos Lezcano
- La Nación Investiga
De ollas populares a funcionarios y una discoteca convertida en constructora para facturar millones. El caso de la Municipalidad de Ciudad del Este parece sacado de alguna historia de Macondo, el pueblo ficticio creado por Gabriel García Márquez y en el que lo real se confunde con lo imaginario.
La historia de las denuncias 38 y 39 contra el intendente Miguel Prieto Vallejo tiene como protagonista al clan encabezado por Juan Quiroga Cañete y Lumma Silva Battochi, director y funcionaria de la secretaría de la vivienda de la comuna esteña, respectivamente.
Ambos aparecen ligados a subcomisiones que recibieron fondos para la repartición de ollas populares durante los meses más crudos de la cuarentena por la pandemia del coronavirus. Y también aparecen ligados a una discoteca convertida en constructora que factura millones con la comuna donde ambos trabajan.
DE LAS OLLAS POPULARES…
Quiroga Cañete y Silva Battochi, junto a su entorno familiar, aparecen ligados a dos subcomisiones que recibieron fondos durante los peores meses de la cuarentena. Este es el centro de la denuncia número 39 contra Prieto.
Quiroga Cañete aparecía como presidente de la Comisión de apoyo a voluntarios de ollas populares de Ciudad del Este, mientras que Silva Battochi aparece encabezando la Subcomisión de Apoyo a Voluntarios Organizados de Ciudad del Este.
El 10 de junio de 2020, ambas comisiones solicitaron su reconocimiento ante la comuna esteña, lo que consiguieron en apenas unas horas. Ese mismo día, ambas solicitaron el desembolso de dinero, supuestamente para realizar ollas populares y otro tipo de apoyos a los sectores menos favorecidos de la capital del Alto Paraná. En ese entonces, Paraguay afrontaba los meses más duros del confinamiento por la pandemia de coronavirus.
El 30 de diciembre de 2020, el entonces director de Desarrollo Social, el actual concejal Sebastián Martínez, solicitó que se inicie el proceso de pago a ambas comisiones, utilizando rubros excluidos de la Ley n.° 2051 (de Contrataciones Públicas).
La Subcomisión de Apoyo a Ollas Populares, presidida por Quiroga Cañete, recibió G. 155 millones. Para justificar la recepción de ese dinero se presentó una única factura de la firma FASV Import Expor de María Fátima Sartorio Vanni. Casualmente, la factura tenía ya fecha del 30 de diciembre de 2020.
La factura menciona la entrega de 1.700 kg de carne (no se especifica qué tipo), 3.000 bidones de aceita de 900 ml, 3.000 paquetes de fideos de 5 kg y 3.000 paquetes de arroz de 5 kg, no se mencionan las marcas. No se anexó al expediente dónde fueron entregados los insumos adquiridos ni cómo fueron distribuidos dichos insumos entre los organizadores de las ollas populares.
Es decir, el pedido de desembolso, el desembolso y el pago se realizaron en cuestión de menos de 24 horas. Por su parte, la Subcomisión de Apoyo a Voluntarios Organizados de Ciudad del Este, encabezada por Silva Battochi, recibió G. 156 millones.
Al igual que la otra subcomisión, el pedido de desembolso se realizó el 30 de diciembre de 2020. Ese mismo día recibieron los fondos y ese mismo día realizaron pagos –supuestamente– a la firma FASV Import Expor. La empresa, beneficiada por ambas subcomisiones, declaró que realizó 7.215 raciones de comidas por valor de G. 12.000 cada una. Sin embargo, este destino se hizo figurar recién en la factura de la empresa y no aparecía en la solicitud de la comisión.
En total, ambas comisiones recibieron más de G. 311 millones.
…A UNA DISCOTECA CONSTRUCTORA
Lumma Magdalena Silva Battochi no solo es funcionaria de la Municipalidad de Ciudad del Este, sino que ella y una de sus hermanas aparecen ligadas a una empresa constructora mimada por la comuna en la que trabaja.
Silva Battochi aparece como beneficiaria final de la firma SCDE Sociedad Anónima, antes denominada Golden Rouge SA. De acuerdo con documentos que constan en la Abogacía del Tesoro, la funcionaria municipal se sumó al cuadro accionario de la firma en marzo de 2021.
En 2021, la empresa todavía figuraba con la denominación Golden Rouge SA y era un club nocturno. Según consta en la web de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Silva Battochi ingresó en 2021 a la Municipalidad de Ciudad del Este como contratada. Su sueldo era de G. 3 millones y sufrió un ligero aumento desde enero pasado, cuando empezó a percibir G. 3.350.000.
Es decir, Silva Battochi ingresó a la comuna en la misma época en la que se convirtió en accionista de la empresa y poco después de haber recibido los fondos comunales en plena pandemia. Un punto que no deja de ser llamativo es que, según actas asamblearias de la sociedad, Lumma Silva Battochi aportó G. 320 millones como capital para ser accionista de la firma. Esto es cien veces el sueldo que percibe como funcionaria comunal. La accionaria mayoritaria es Lilian Gregoria Graciela Benítez Villalba, quien declara acciones por G. 680 millones.
MILLONARIOS FONDOS
En menos de dos años, SCDE consiguió 8 contratos con instituciones públicas, 7 de los cuales fueron firmados con la comuna esteña. En total, la administración de Prieto entregó contratos por más de G. 10.706 millones a esta firma. Sumando los contratos y los fondos recibidos en plena pandemia, el clan Quiroga Silva recibió más de G. 11.000 millones desde 2020 hasta este año.