La denuncia habla de un supuesto millona­rio daño patrimonial de Vallese, aparte de varias irregularidades como lesión de confianza y estafa durante su administración.

“Tras un estudio que hici­mos al informe de audito­ría interna, realizada en su momento desde el corte administrativo, se han notado varias irregularidades en la gestión, conforme a los infor­mes obrantes en el docu­mento. Una vez analizadas las posibilidades, el Directorio ha autorizado la presentación de una denuncia penal, a fin de que el Ministerio Público determine la responsabilidad y el grado de participación”, explicó el asesor jurídico de la Copaco, Walter Núñez.

Expresó que hay presunción, con indicios, de una conducta conducente a la quiebra de la institución, aparte de una conducta indebida en situa­ción de crisis, reiterando el delito de lesión de confianza, que alcanza incluso la estafa. El representante legal mani­festó que luego de esto, se ela­borará también una auditoría externa para analizar el grado de las irregularidades y deter­minar si no existen otras más.

“Siempre que se hable de estos hechos se configura el daño patrimonial. Nosotros estamos tras un análisis de la existencia de un daño patri­monial, nada más haciendo referencia a que el balance de 2022 no ha sido aprobado en la gestión anterior, lo cual incluso sigue pendiente”, detalló el asesor jurídico de la compañía.

Recordó que el balance de 2021 había arrojado un saldo positivo, con superávit, pero que en 2022 se observó en el cuadro de pérdidas acumula­das un monto que supera los G. 280.000 millones. Esto resulta sumamente llama­tivo al inferir que solo en un año se generaron pérdidas millonarias, más de lo que se venía acumulando en los años anteriores.

Copaco ya había sido blanco de cuestionamientos, más aún al tener en cuenta que durante los últimos cinco años, en la institución, se denunciaron una serie de irregularidades como contratos a familiares del expresidente de la Repú­blica Mario Abdo Benítez, aparte del registro de pérdida de clientes. A esto se suma­ría además que los funciona­rios de la institución también habían denunciado que deja­ron de percibir sus salarios en tiempo y forma.