El auditor forense de la Contraloría Gene­ral de la República (CGR), abogado Leandro Villalba, informó que tras el trabajo de auditoría realizado a la empresa estatal Petróleos Paraguayos (Petropar) detec­taron una serie de irregulari­dades sospechosas.

Ante esta situación, indicó que debido al riesgo poten­cial existente en ciertas ope­raciones ejecutadas por ante­riores administraciones, se concluyó que lo mejor era remitir al Ministerio Público los reportes de indicios de hechos punibles.

Al respecto, el experto mani­festó en comunicación con radio 1000 AM, que la CGR realizó el estudio sobre la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal 2022, dos actividades de control: por un lado, la Dirección de General de Bienes Patrimoniales, que se encarga de analizar cómo la institución maneja su patri­monio y activos, ya sean mue­bles, equipamientos, vehícu­los, etc.

Así también se realizó el control a través de la Direc­ción General de Control de la Administración Descentrali­zada que analizó la parte de las finanzas de la adminis­tración. Indicó que los infor­mes finales fueron publicados como parte del plan general de auditorías de la Contralo­ría General, que se presentó al Congreso Nacional.

Al respecto, indicó que exis­ten algunas observaciones que son relevantes, que tienen una connotación un poco más delicadas y que fueron profundizadas en la Dirección de Auditorías Forenses a los efectos de delimitar si existe o no un mérito para comunicar o no al Ministerio Público, sobre la posible comisión de hechos punibles.

“Consecuentemente por el riesgo potencial entendi­mos prudente remitir estos antecedentes al Ministerio Público y estas observaciones dan cuenta de un posible per­juicio patrimonial, de cerca de G. 40.000 millones. Esto en lo que respecta a la audito­ría de bienes patrimoniales. Todo esto está sentado en el documento que fue remitido al Ministerio Público”, indicó Villalba.