La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) informó que se logró un fallo a favor de la entidad que evitó el pago de G. 14.900.000.000 en un juicio por indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad contractual, acción promovida por el exfuncionario Gerardo Indalecio Sosa Argaña. El fallo fue confirmado por el Tribunal de Apelación, el cual ha resuelto que las costas de ambas instancias se imponen a la parte perdidosa.

De acuerdo con el informe de la binacional, el vínculo laboral de Sosa Argaña culminó el 14 de febrero de 1989, quien había iniciado el reclamo en el ámbito laboral con el cumplimiento de un pago de G. 5.000.000.000, esto por daños compensatorios en el 2011. Sin embargo, esta acción había sido apelada por la EBY, tras prescribirse el caso en el ámbito laboral, por el tiempo Sosa Argaña recurrió al ámbito civil, donde solicitó los casi G. 15.000 millones.

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Ya en esta instancia, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Décimo Octavo turno hizo lugar a la excepción de incompetencia de jurisdicción planteada por la EBY, aplicando el artículo 3.° del Código Procesal Civil.

Así también, el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial Quinta Sala dictó el pasado 12 de abril del corriente año el Auto Interlocutorio n.° 129, confirmando el fallo de la instancia precedente del 3 de mayo de 2021, de acuerdo a las informaciones proveídas por la binacional.

El Tribunal de Apelación menciona que “concordante con esta norma, el artículo 11 del Código de Organización Judicial establece ‘La competencia en lo civil, comercial, laboral y contencioso administrativo se determina por el territorio, la materia, el valor o cuantía de los asuntos, el domicilio o la residencia, el grado, el turno y la conexidad”.

Mientras que el informe de la binacional refiere que “atendiendo a lo señalado precedentemente, compartimos la decisión del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Décimo Octavo Turno, de que su incompetencia es en razón de la materia. Al respecto, hemos de señalar, que la competencia no está dada por el tipo de acción, sino por la naturaleza de la relación demandada”.

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El expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro presentó una acción judicial contra el actual mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la que exige una disculpa pública y una indemnización por sugerir que se había llevado muebles de la residencia presidencial, informó este sábado su abogado.

El reclamo por “daños morales” fue introducido el viernes último de forma conjunta por el exgobernante y su esposa, Michelle, en un tribunal de la capital brasileña, según el documento enviado a la AFP por el abogado Fábio Wajngarten.

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El miércoles pasado, el gobierno de Lula divulgó una nota en la que afirma que encontró “261 ítems” del palacio presidencial que no habían sido localizados en enero de 2023, cuando asumió el poder, y que estaban “abandonados en depósitos externos”.

Al convertirse en el nuevo inquilino de la residencia en Brasilia, Lula se había quejado del faltante de muebles: “Si fueran suyos (Bolsonaro), tenía un motivo para llevarlos, pero son cosas públicas. No sé por qué tiene que llevarse la cama”, declaró entonces.

La antigua pareja presidencial pidió que Lula “se retracte en la misma proporción del daño que realizó” al indicar que los ocupantes anteriores del palacio presidencial se habían llevado muebles que son patrimonio público, dice la nota presentada a la justicia.

Además, pidió una compensación de 20.000 reales (unos 4.000 dólares) a ser pagados a una ONG.

Lula quiso “atribuir (al expresidente Bolsonaro y su mujer) hechos falsos, con la clara intención de manchar su reputación”, dice la acción judicial.

“Convocar a los medios para afirmar que (los Bolsonaro) se habrían ‘llevado’ o ‘desaparecido’ con los bienes públicos”, es “reprobable e irresponsable”, añade.

Los Bolsonaro vivieron en el Palacio de la Alvorada durante el mandato del ultraderechista (2019-2022). Pero tras la derrota contra Lula en las elecciones de octubre de 2022 por un estrecho margen (49,1% contra 50,8%), debió dejar el espacio a los nuevos inquilinos.

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Lula asumió el 1 de enero de 2023. Sin embargo, la mudanza con su esposa, Rosángela da Silva, demoró poco más de un mes por seguridad, reformas y compras, y se concretó en febrero de ese año.

El 8 de enero, miles de seguidores de Bolsonaro invadieron el palacio del Planalto y otras sedes de los poderes públicos. El expresidente viajó a Estados Unidos antes de ese episodio.

Fuente: AFP

Cuatro exdirectivos de Twitter se querellaron este lunes contra Elon Musk, acusando al propietario de la red social rebautizada X de haberlos despedido por negligencia sin otra razón que la de no pagarles sus indemnizaciones.

Le reclaman más de 128 millones de dólares a Musk, que compró Twitter por 44.000 millones de dólares a fines de 2022, según un documento judicial al que accedió la AFP.

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Musk, fundador de Tesla y SpaceX, echó el mismo día en que tomó posesión al expresidente de Twitter Parag Agrawal, al director financiero Ned Segal y a los directores jurídicos y legales, Vijaya Gadde y Sean Edgett, por “negligencia grave” y “falta intencional”.

“Como Musk decidió que no quería pagar las indemnizaciones de despido de los querellantes, los echó sin razón, y luego inventó un falso motivo”, aseguran los cuatro exejecutivos de Twitter.

Explican que sus mensajes de despido no citaban “ningún hecho” y que “los empleados de Musk luego pasaron un año tratando de encontrar hechos para sostener su conclusión preestablecida, en vano”.

“Es la regla del juego de Musk: quedarse con el dinero que debe a otras personas y forzarlas a demandarlo ante la justicia. Incluso en caso de derrota, Musk puede causar retrasos” y provocar “gastos a otras personas que no tienen los medios” para enfrentarlo, añaden los demandantes.

Musk, uno de los hombres más ricos del mundo, compró Twitter luego de seis meses de atacar a la red social por su funcionamiento, así como a sus directivos y empleados.

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El impulsivo empresario compró Twitter, según argumentó, para hacerlo más liberal ya que ahogaba la libertad de expresión. Desde entonces despidió a la mayoría de los empleados y ha perdido numerosos anunciantes.

Fuente: AFP

En los últimos cuatro años, un promedio de 300 personas fueron indemnizadas por la Administración Nacional de Electricidad (Ande), cuyos pagos demandaron entre 300 a 400 millones de guaraníes, según el ingeniero Hugo Rolón Fernández, gerente de la entidad pública.

En ese marco, habló de las gestiones que se deben realizar ante casos de avería de electrodomésticos por baja tensión o corte de energía. “La Ande tiene establecido un procedimiento que es para resarcimiento por los gastos de reparación que pudieran generarse por la avería de equipos y artefactos eléctricos dentro de una instalación”, comentó al programa “Dos en la ciudad” del canal GEN/Nación Media.

Básicamente, el paso consiste en llenar el formulario habilitado en la página web de la institución. Allí los afectados deben comunicar los electrodomésticos que fueron dañados. “Se descarga de la página y se completa con los datos del titular del suministro, se solicita identificar cuál fue el horario de ocurrencia de la avería y adjuntar también cuál es el costo de reparación del equipo”, refirió.

Una vez que se complete todos los campos requeridos en el portal, el planteamiento es evaluado por un comité técnico, que calcula el pago correspondiente. “Lógicamente, va a ir un técnico a la casa del usuario, va a hacer la inspección técnica de su casa, si tiene la carga declarada actualizada en la Ande. Verifica todo el sistema de medición y de puesta a tierra y, finalmente, contrasta con las fallas que hubo en el sistema eléctrico de distribución”, detalló.

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El funcionario aclaró que la carga declarada significa que todos los clientes están obligados por ley a informar a la Ande cuánto es el valor de su llave termomagnética. “Lo que ocurre normalmente es que un usuario, cuando inicia un contrato con la Ande, declara una llave de 15 Amper. Pero luego va sumando equipos a su instalación, pone aire, y eso implica técnicamente cambiar el valor de esa llave”, puntualizó.

El ingeniero Rolón mencionó que cada fin de año se habilita un período de actualización de datos, sin costo para el usuario. En cuanto al tiempo que se tarda en efectivizar el resarcimiento económico, el profesional dijo que dura entre 30 a 45 días.

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