Desde la Procuraduría General de la República manifestaron que de acuerdo a la información que tienen respecto a la finca 916 del Ministerio de Defensa, existen elementos para requerir indemnización a los 17 ocupantes de las 131 hectáreas. También afirmaron que no se descartan presentar acciones ante el Ministerio Público.
“De lo que estamos viendo hasta ahora, existen argumentos también para reclamar alguna indemnización, porque esta gente mucho tiempo se estuvo aprovechando irregularmente de los beneficios de una zona que tiene mucho valor económico”, explicó el procurador, Marco Aurelio González.
Asimismo, indicó que tampoco se descarta que se presenten acciones ante la Fiscalía por lavado de dinero; no obstante, aclaró que aún necesitan de más información para poder confirmar si existen elementos que configuren en dicho hecho punible. “Si se presenta alguna información como las que nos hicieron llegar extraoficialmente, comunicaremos al Ministerio Público”, aseveró.
El procurador detalló que la finca 916 consta de 9.100 hectáreas, de las cuales 131 hectáreas iban a ser desafectadas mediante el proyecto de ley. Un total de 17 personas se beneficiaron ocupando la zona más valiosa de estas tierras, es decir, la zona ribereña, señaló González.
“De las 17 personas identificadas, dos ya entregaron con todo lo edificado. Fernando Camacho manifestó públicamente que iba a hacer lo propio y confiamos que así lo haga en los próximos días”, expuso el procurador y afirmó que pese a que algunos de los invasores aleguen tener un documento de ocupación, esto no les otorga ningún derecho sobre las propiedades del Ministerio de Defensa.
“El certificado de ocupación del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) es provisional y no otorga ningún derecho, solo es un catastro para decir esta persona está en este lugar”, afirmó el procurador a la 1080 AM, y añadió que estas personas no podrán alegar su dominio sobre tales tierras.