La empresa que explota el Hotel y Casino Acaray, predio perteneciente al Instituto de Previsión Social (IPS), recibió llamativos beneficios, como contratos de alquiler por sumas ínfimas para un sitio que registra buena facturación y una prórroga de su concesión hasta el 2035 para la explotación del casino que funciona en el hotel, sin ninguna licitación como establece la ley.

• Fuente: “La caja negra”.

Uno de los predios más valiosos con los que cuenta la previ­sional es el Complejo Hotel y Casino Acaray, ubicado a metros del río Paraná, en Ciudad del Este, departa­mento de Alto Paraná. Esta estructura edilicia está siendo arrendada bajo la modalidad de concesión por la empresa Azar Internacio­nal SA desde setiembre de 2005, cuando el entonces presidente del IPS, Pedro Ferreira, firmó un contrato de arrendamiento y explo­tación del complejo por un plazo de 10 años, con el representante de la firma, Julio César Duarte.

En ese entonces, el acuerdo estipulaba un periodo de gracia de 8 meses, con una inversión física de no menos de 466.850 dólares por parte de la empresa, y el canon de alquiler de 4.000 dólares mensuales desde el 8.o mes hasta el 12.o, y luego 6.000 dólares desde el mes 13 en adelante.

Sin embargo, en diciembre de 2006 (todavía durante la era de Nicanor Duarte Fru­tos), se realizó una adenda al contrato original, tan solo ocho días después de que la firma planteara un ante­proyecto de refacción del sitio. Así, de forma meteó­rica, se tuvo listo el informe técnico, dictamen jurídico, resolución y borrador de la adenda, mediante la cual se aumentó el monto de inversión a 900.000 dólares, se prorrogó el acuerdo a 20 años de vigencia y estable­ció que al transcurrir los 10 años, el precio del alquiler pasaría de 6.000 dólares a 10.500 dólares.

Extrañamente, en 2012, el IPS consideró necesario res­cindir el contrato y hacer otro nuevo bajo el argu­mento de que se unirían cier­tas cláusulas. Fue así que en julio de 2013, Raúl Mongelós Schneider (titular del IPS en la época de Federico Franco) firmó el tercer contrato de arrendamiento con Ernesto Antonio Sepane, en calidad de presidente de Azar Inter­nacional SA.

El contrato anterior tenía previsto la renegociación del contrato a dos años del fene­cimiento del mismo, pero esta resultó ser una cláu­sula casi hasta decorativa, puesto que 13 años antes del vencimiento, IPS procedió a rescindir el contrato y a otorgar otra ampliación del plazo de concesión (ya que vencía en 2025 y se exten­dió hasta 2033), además se cedieron ciertas facultades a la empresa que no estaban previstas en el acuerdo ori­ginal, y a un monto mensual mucho menor.

En ese sentido, en el nuevo contrato se estableció como alquiler del predio perte­neciente a los asegurados la suma de G. 32.400.000 de julio de 2013 a junio de 2015. De julio de 2015 a junio de 2025 la cifra total de G. 42.525.000. Y de julio de 2025 a junio del 2033 el monto de G. 54.675.000.

Lo llamativo del caso es que la empresa concesionaria pagaba en dólares el alqui­ler, pero con este último con­trato, los montos se estable­cieron en guaraníes, siendo montos muy por debajo al cambio si se toma en cuenta lo estipulado en dólares anteriormente. De esta manera, de pagar 10.500 dólares en el contrato ori­ginal y su adenda, la firma Azar Internacional SA reci­bió la benevolente caridad del IPS, “guaranizando” el monto mensual a pagar en concepto de alquiler y redu­ciendo el mismo de forma estrepitosa.

Esta movida resultó ser en detrimento de los intere­ses del IPS y sus asegura­dos, puesto que, en vez de recibir un monto mayor, el Consejo de Administra­ción resolvió disminuir el costo del alquiler. En estas fechas el IPS debería estar recibiendo la suma de G. 76 millones (al tomar el tipo de cambio actual) pero en contrapartida recibe solo G. 42 millones y medio, dejando de perci­bir 26 millones cada mes. El monto que recibe la pre­visional hasta resulta un chiste, teniendo en cuenta la fortuna que se gana con el casino que está ubicado en el mismo predio.

Hay que recordar que la firma Azar Internacional SA es una empresa dedi­cada al rubro de juegos de azar, concesionaria de la Conajzar, autorizada para la explotación de un casino en Alto Paraná.

Como si no fuera poco, en marzo de este año, la Cona­jzar firmó un acuerdo tran­saccional con la empresa en cuestión, con el objeto de poner fin al juicio conten­cioso administrativo enta­blado ante el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, en contra una resolución de la comisión reguladora de los juegos de azar.

El 1 de junio de 2018, Cona­jzar dispuso renegociar el contrato de explotación del casino en Alto Paraná, pero el 6 de ese mismo mes, dictó otra resolución revocando la anterior, lo cual motivó a la empresa a recurrir a la Jus­ticia, que a su vez, en febrero de 2022, hizo lugar a la acción planteada por la firma.

Si bien la Procuraduría General de la República apeló en mayo de ese año, meses después, en agosto, la empresa consiguió llegar a un acuerdo extrajudicial para poner fin al juicio. El documento de lo acordado no especifica que el gobierno de Mario Abdo Benítez, en el tramo final de su admi­nistración, otorgó hasta el año 2035 el permiso del casino. Este aval figura en un pedido a la información pública, donde consta que el periodo de explotación del casino situado en el Hotel Acaray va hasta el mes de junio de 2035.

Es así que, además de bene­ficiarse con disposiciones contractuales que afectan directamente los intereses del IPS y los asegurados, la empresa que explota el Complejo en Alto Paraná se vio beneficiada por el gobierno de Marito para seguir con la concesión del casino situado en el predio alquilado a la previsional. Por esta situación, en la Cámara de Diputados serán presentados dos proyectos de declaración para instar la intervención de la Con­traloría y la Fiscalía.