El juez Humberto Otazú atendió el recurso de amparo y decidió suspender el proceso de llamado a licitación para tercerizar por 10 años el servicio de lavado y planchado de ropas hospitalarias por 67.000.000 de dólares. En la resolución emitida ayer, se refiere que no existe un fundamento técnico sostenible sobre la urgencia del llamado, señalando inconsistencias.
El juzgado consideró que reunieron los requisitos establecidos por el artículo 134 de la CN, los cuales fueron analizados detalladamente. Esto, ante la posibilidad de poner en riesgo a los asegurados en sus derechos de atención médica, jubilaciones, hizo lugar a la acción de amparo constitucional y promovido por el abogado José Tomás Duarte, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la previsional y Sergio Lovera, titular del Sindicato de Profesionales del IPS, contra el Instituto de Previsión Social (IPS). Este amparo judicial y la medida cautelar fueron presentadas el pasado martes 30 de mayo, lo que fue informado al IPS respecto al litigio por parte del magistrado.
El documento indica que queda paralizada dicha licitación de servicio integral de lavado y planchado de ropas hospitalarias del IPS a nivel nacional hasta tanto la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas emita dictamen sobre el mismo, y pueda examinar y corroborar el cumplimiento efectivo de las disposiciones legales.
Esta licitación no solo era rechazada por los asegurados y funcionarios de la previsional, sino también diversos gremios se manifestaron en contra de la millonaria licitación, como ser la Federación Paraguaya de Mipymes (Fedemipymes) y la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar), que repudiaron la falta de cordura y prudencia de algunos integrantes del Consejo Directivo del Instituto de Previsión Social (IPS) y del propio Poder Ejecutivo sobre la aprobación de una millonaria licitación en pleno proceso de transición.
Estos gremios que aglutinan a la mayor fuerza productiva del país, como son las mipymes, junto con las importadoras, exigían que la pretenciosa tercerización de tales servicios sea publicada en cuanto a las condiciones de provisión y los fundamentos que ameriten semejante licitación.