El senador suplente de Cruzada Nacio­nal, el partido del expresidenciable Payo Cubas y la senadora electa Yolanda Paredes, Walter Janusz Kobylanski Brand­huber aparece en la trama del dinero del kirchnerismo que derivó en el juicio deno­minado “Ruta del dinero K”, un escándalo de corrupción que tuvo como principal figura al empresario argen­tino Lázaro Báez.

El 27 de abril de 2016, la jus­ticia uruguaya embargó la estancia “El Entrevero”, ubi­cado en el kilómetro 170, de la Ruta N.º 10, cerca de Punta del Este, valorado en USD 14.000.000, de 152 hectá­reas, que el grupo de Lázaro Báez compró el 4 de marzo de 2011, y cuya titularidad de una parte de la propie­dad estaba a nombre de Wal­ter Kobylanski, uno de los descendientes del fallecido empresario polaco y excón­sul honorario Jan (Juan) Kob­ylanski (1930-2011), que vino a Paraguay en 1952 y luego se radicó en Uruguay, donde falleció a los 93 años.

La adquisición de la estancia fue uno de los focos de inves­tigación porque la misma habría sido obtenida dentro del esquema de corrupción desplegado por una asociación ilícita destinada a cometer deli­tos para apoderarse ilegítima­mente de los fondos del Estado asignados a la obra pública vial. Esto lo consideró probado el juez federal Sebastián Casa­nello, quien procesó con pri­sión preventiva al empresario Báez en 2016.

En medio de una disputa de sucesión con demandas cruzadas por los bienes del difunto, Walter Kobylanski aparece como interviniente en la venta de “El Entrevero”, y actualmente figura como sena­dor suplente N.° 1 de Cruzada Nacional como probable suce­sor del electo senador Rafael Esquivel, alias Mbururu, quien se encuentra procesado por la Justicia paraguaya por diver­sos casos de invasión de inmue­bles y abuso sexual de meno­res. En el caso que Mbururu no jure en el cargo, Kobylanski ocupará esta banca de Cruzada Nacional en el Senado.

Apareciendo en documentos oficiales de la justicia argentina como el vendedor del millona­rio inmueble a los considerados como testaferros del empre­sario kirchnerista condenado, Walter Kobylanski había fir­mado un contrato de compra­venta con la sociedad uruguaya Traline SA, representado pri­meramente por Maximiliano Acosta para otorgarse pos­teriormente un mandato de disposición general a Maxi­miliano Goff Dávila.

Fiscalía ya estaría detrás del dinero que reciben manifestantes para continuar con protestas.

El ministro del Interior, Federico González, indicó que se concretó ante la Fiscalía la denuncia sobre un presunto financiamiento que reciben los manifestantes instalados en las inmediaciones de la Justicia Electoral. Mediante una entrevista con la radio 650 AM, el alto funcionario de Estado afirmó que cada participante recibe la suma de G. 250.000.

“Nosotros manejamos esa información, de hecho ya está en manos de la Fiscalía. Como referencia puedo mencionar que los barrabravas recibían una oferta económica para estar acá. Es muy triste, una mayoría importante de ellos no saben por qué están acá. Incluso existen indígenas, madres con sus niños, es muy preocupante”, refirió González, que calcula que son unas 1.500 personas, que por la noche acampan en el local del Partido Tekojoja.

“El 30 de abril se celebró una fiesta cívica, la democracia es muy importante. Este escenario (de movilizaciones contra el proceso electoral) a nadie ayuda, el paraguayo quiere trabajar, seguir con sus actividades de manera regular, pero lastimosamente se ven impedidos. Esto no conviene a nadie y desagrada a una gran mayoría, es un periodo muy extenso”, lamentó.