El senador reelecto por el Partido Colorado Juan Afara sentó postura con respecto al proceso de diálogo que se viene viviendo entre los futuros legisladores colorados de cara a la conformación de bancadas tanto en la Cámara de Senadores como de Diputados teniendo en cuenta la cantidad histórica de integrantes de la ANR con el que se contará en este periodo.
Para el reelecto senador lo importante es que se llegue a la unificación de criterios para que todos los colorados puedan trabajar juntos, ya que esto según el mismo es lo más práctico y por sobre todo lo que realmente funcionaria para agilizar los procesos. “Nosotros queremos un gobierno que trabaje bien, que cumpla sus compromisos porque ese es el mandato popular, eso dio el voto del Partido Colorado”, remarcó.
“Hay mucha madurez porque se puede dialogar, podemos conversar y podemos trabajar, en ese sentido Santiago Peña tiene un compañero nuestro, que es Pedro Alliana, quien es un articulador y tiene muy buena relación con todos”, expresó Afara en conversación con la 780 AM, destacando que ya se están dando varias reuniones y conversaciones donde se busca sentar los ejes de trabajo principales.
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Ley de ciudades fronterizas descongestionará el paso fronterizo
El director de Migraciones, Jorge Kronawetter, explicó los alcances de la ley de ciudades fronterizas, promulgada por el Gobierno de Paraguay. Esta legislación nacionaliza un acuerdo internacional que se suscribió en el marco del Mercado Común del Sur (Mercosur), con la presidencia pro tempore de Brasil en el 2019.
El acuerdo establece un sistema que permitirá una vez que sea aplicado por todos los Estados partes del bloque regional la integración de las localidades fronterizas vinculadas de Argentina, Brasil, y Paraguay.
“Esta ley lo que hace es volverlo como derecho positivo paraguayo a un acuerdo que se había firmado en el año 2019 durante la presidencia pro tempore de Brasil que establecía los mecanismos para integrar de manera definitiva las ciudades fronterizas vinculadas”, indicó el director de Migraciones.
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Explicó que las ciudades fronterizas vinculadas son las que prácticamente entre sí tienen una identidad común, tienen un tratamiento recíproco de sus ciudadanos, incluso familiares en uno u otro lado de la frontera.
Esto implica la obtención de un carnet de tránsito vecinal fronterizo (TVF) que será otorgado a los ciudadanos que residen en las ciudades limítrofes. Mediante este sistema el paso fronterizo debe ser absolutamente simplificado y con carriles especiales y, principalmente, ayudará a descongestionar el paso en los puntos de frontera.
“Esto cuando se llegue a aplicar, prácticamente el 50 % el flujo de gente que pasa por frontera, un punto tan importante como por ejemplo Encarnación y Posadas, va a tener un trato diferencial preferente y eso va solucionar el problema del otro 50 % porque justamente se va a descongestionar el paso. Esa es nuestra intención y ese es nuestro objetivo con esta legislación”, refirió.
Este acuerdo estableció de manera taxativa cuáles son las ciudades vinculadas y la intención de esta legislación es abarcar beneficios en el ámbito laboral, en el ámbito sanitario, en el ámbito también de la educación, de acuerdo al director de Migraciones.
En cuanto a lo que compete a la Dirección de Migraciones, Kronawetter indicó que el trabajo será facilitar el tránsito de las personas que viven en estas localidades fronterizas a través de la utilización de un documento de tránsito vecinal fronterizo (TVF).
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El Gobierno se propone consolidar la justicia social en el mundo del trabajo
En los próximos días las autoridades del Gobierno nacional cumplirán 10 meses al frente de la conducción del país en medio de las esperanzas de la ciudadanía. En este corto tiempo ya ha concretado gran cantidad de proyectos que estaban aguardando la acción de los poderes públicos. Pero resta aún un mayor número de propuestas que se están procurando llevar a cabo para remediar los males que se tienen y desarrollar nuevas iniciativas para procurar mayor cantidad de realizaciones. El trabajo hecho hasta ahora demuestra las ideas existentes y revela el rumbo que se pone como meta.
El objetivo de la entidad gubernamental es hacer que las personas vivan mejor, con suficiente trabajo para alcanzar sus objetivos económicos, que los que no tienen casa propia lleguen a esa meta con facilidades y que en general el país avance con más inversiones económicas que avivarán el progreso de todos los sectores de la vida nacional.
Para conocer las principales metas que se ha propuesto el Gobierno, es bueno remarcar su fuerte preocupación social. Pues cualquier avance económico se mide finalmente por el bienestar de la gente.
Esta idea quedó clara en la reciente exposición de la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de nuestro país, Mónica Recalde, en la reciente reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, desarrollada en Ginebra, Suiza. En la ocasión afirmó que la seguridad económica y social de nuestra población es el eje central de la acción del Gobierno nacional. Porque existe la convicción de que “fortaleciendo la institucionalidad del trabajo, dotando de mejores herramientas a nuestra población trabajadora a través de la formación y capacitación laboral y aprovechando la estabilidad macroeconómica de nuestra economía, podremos lograr una transición justa hacia una sociedad más próspera”.
Señaló que debido a su preocupación social, las principales líneas de acción del Gobierno se encaminan a concretar políticas efectivas para el acceso a empleos de calidad y la seguridad social. Por eso el presidente Santiago Peña se ha puesto como una de sus principales metas de gobierno la creación de 500 mil nuevos puestos de trabajo y el combate al empleo ilegal existente.
La ministra Recalde remarcó como idea central buscar la justicia social como base de una paz duradera, una prosperidad compartida, la igualdad de oportunidades y una transición justa. Teniendo en cuenta que la línea de pensamiento y acción de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es la justicia social en el mundo laboral, la secretaria de Estado apuntó que el Gobierno de nuestro país coincide con esa posición política. También hizo hincapié en que el diálogo y la participación en el mundo de los trabajadores son herramientas para alcanzar un desarrollo social sostenible.
A raíz de las deficiencias y la falta de controles legales del pasado, la historia del país está llena de situaciones que hacen que la injusticia social sea una enfermedad todavía muy fuerte. Por eso para la mayor parte de los trabajadores no rigen en los hechos prácticos las leyes del trabajo; existe una gran cantidad de personas que labora en el mercado negro, que no existe jurídicamente como trabajador legal, y está al margen de las normas vigentes. Un altísimo porcentaje de obreros y empleados no ha sido incluido como asegurado al Instituto de Previsión Social (IPS), no cuenta con los beneficios sanitarios correspondientes ni podrá obtener su jubilación cuando cumpla la edad correspondiente.
Por eso son altamente reconfortantes y prometedoras las palabras de la ministra de Trabajo cuando asegura que pondrán en práctica políticas efectivas para acceder a empleos de calidad y la seguridad social. Y las promesas del presidente de crear nuevos puestos de trabajo y el combate a los empleos que están al margen de la ley.
Esta tarea no incumbe solo al Gobierno, que tiene el importantísimo rol de hacer cumplir y vigilar la observancia estricta de las leyes. Gran parte del sector privado empleador que está en falta tiene que ponerse las pilas, desterrar la ilegalidad cumpliendo las normas existentes, abonando los aportes al IPS, tratando a sus trabajadores como personas dignas. Solo así se podrá caminar seguro para la obtención de la justicia social que se pretende desde lo alto del poder político.
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Gobierno desarrollará centros de referencia para la atención integral de primera infancia
El ministro de la Niñez y Adolescencia, Walter Gutiérrez, anunció este martes en conferencia de prensa la presentación del proyecto de generación de Centros de Referencia de Atención Integral para la Primera Infancia. El objetivo en primera instancia será la construcción de 100 centros que atenderán de manera anual a 189.000 niños y niñas, desde la gestación hasta los 3 años 11 meses.
“La primera infancia es el ciclo de vida más importante del ser humano, principalmente cuando hablamos de los mil primeros días y en nuestro caso enfocados incluso en el trabajo con los niños y niñas desde el vientre materno”, expresó el ministro. Estos centros de atención consistirán en un paquete de servicios que no solamente atenderá na los niños y niñas de la primera infancia, sino también a las madres en gestación y sus familiares.
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Contarán con salas de cuatro meses a un año, de un año a dos años, dos años a 3 años y once meses, en lo que tiene que ver con el cuidado, se tendrán espacios para estimulación, detección de situaciones de complejidad, rezago para vinculación con otros servicios, seguridad alimentaria, servicios para que el niño pueda acceder al derecho a la identidad, a salud.
Igualmente, se contará con un espacio con diferentes instituciones del Estado, como el Ministerio de Trabajo y el Sinafocal, para trabajar en la capacitación de los padres, educación financiera y también un modelo de visitas domiciliarias para el cuidado.
El ministro detalló que se contará con un programa nacional de atención integral a la primera infancia y como uno de sus principales ejes que va tocar tierra la política pública será a través de estos centros de referencia de atención integral a la primera infancia.
“Queremos un nuevo modelo de gestión para lo que guarda relación a la respuesta de los servicios del Estado en la primera infancia, un servicio más articulado, un servicio con mayor presencia territorial, hablamos como objetivo inicial alrededor de 100, eso habla de la escalabilidad que pretendemos que tengan los servicios y estos centros puntualmente”, expresó en la conferencia de prensa.
Los 100 nuevos centros serán construidos en los próximos tres años y serán financiados con los recursos garantizados en el marco del acuerdo por la tarifa de Itaipú hasta el 2026. Este año serán habilitados 20 centros y luego 40 por año para llegar a la meta, de acuerdo a la información brindada, con una inversión estimada de unos USD 50 millones, financiados por los gastos socioambientales de Itaipú.
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Gobierno acelera gestiones para industrializar el país
El acuerdo de Itaipú Binacional abrió al país la oportunidad de recibir recursos a partir de la tarifa establecida en USD 19,28 kW/mes y al mismo tiempo inició un cronómetro de tres años para aprovechar el excedente energético y así alcanzar el anhelado desarrollo industrial. Desde el Gobierno manifestaron que el deseo es pasar del modelo rentista al desarrollista.
“Por eso fue que el entendimiento y la estrategia del Gobierno, porque el Brasil utiliza el 80 % de la energía, nos conviene una tarifa cara, hoy está generando USD 650 millones por año por los próximos tres años”, explicó Javier Giménez, titular del Ministerio de Industria y Comercio (MIC).
Agregó que dentro de estos tres años se tiene que desarrollar el país con industria, por eso los constantes viajes. “Estamos trayendo los data center, porque son grandes usuarios de energía”, precisó.
El entendimiento firmado entre Paraguay y Brasil establece que después del ejercicio de 2026, las altas partes se comprometen a establecer una tarifa que refleje únicamente el costo de operación de la entidad binacional previsto en el Anexo C del Tratado de Itaipú, sin incluir costos discrecionales, lo que representaría una disminución de la tarifa.