El presidente de la República, Santiago Peña, recibió al titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz, quien informó acerca de los avances y desafíos de la institución.

En tal sentido, destacó que han logrado un récord absoluto en materia de recaudación, con 114 por ciento más en los ingresos interanuales al mes de abril de este año.

Durante una conferencia de prensa resaltó el resultado exitoso de la tercera ronda de entrega masiva de títulos de propiedad, que ya suman cerca de 815 entregados.

“La institución ha recuperado la confianza del campesinado, ya que han comenzado a volver a pagar por sus lotes, porque están viendo los resultados del proceso de entrega masiva de títulos de propiedad”, afirmó el responsable de la institución.

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Al mismo tiempo, destacó que 6 de cada 10 personas que acceden a la titulación, son mujeres jefas de hogar y madres solteras.

“Este proceso ha tenido un impacto muy importante, ya que 6 de cada 10 son para madres solteras y mujeres jefas de hogar las que están accediendo a la titulación, por lo que el presidente está contento”, remarcó.

Agregó además que esta política de facilitación de titulación para las mujeres hace que los niños crezcan en hogares seguros.

Señaló que sigue el desafío del proceso de regularización de la tenencia de tierra en la Región Oriental, que debe ser sujeta a la reforma agraria, y que los campesinos deben utilizar para la agricultura familiar, productos para su consumo y a nivel de renta.

Finalmente, indicó que en la Región Occidental, el Chaco, se debe seguir impulsando el desarrollo de las inversiones con actividades agroindustriales. “Si se regulariza la tenencia de tierra en esa región, podría haber un nivel de inversión cercano a los 3 mil millones de dólares en los próximos años”, resaltó.

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El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) lanzará oficialmente el lunes 22 de abril el plan 2024 de pasantía electoral. El convenio firmado con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) se encuentra vigente hasta el 2026, año en que se prevé la realización de los comicios municipales.

El fin de la iniciativa se centra en lograr el involucramiento y la participación de los jóvenes en los procesos electorales. Serán beneficiados del plan los estudiantes de los últimos años de la Educación Media, quienes participan de charlas y capacitaciones en la sede central de la institución electoral, así como en las oficinas distritales.

De esta forma, el organismo electoral dio a conocer los primeros departamentos en que se aplicará el plan nacional. Iniciará en el departamento de Amambay, en la localidad de Pedro Juan Caballero; en el departamento de Cordillera, en las ciudades de Caacupé y Piribebuy; en el departamento de San Pedro, en la zona de San Pedro del Ykuamandyju y en el departamento de Paraguarí, en los sitios de Paraguarí y Quiindy. Posteriormente el plan será aplicado en las demás cabeceras departamentales.

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De acuerdo a las informaciones proveídas desde el TSJE, en el año 2021 aproximadamente 2.500 estudiantes participaron activamente de las elecciones municipales, mientras que en los pasados comicios generales de 30 de abril se contó con un total de 3.000 pasantes, quienes cumplieron diversas funciones, como soporte técnico, asistiendo a las personas con discapacidad durante la jornada eleccionaria, entre otros.

“La Justicia Electoral tiene el compromiso de promover la participación de los jóvenes en los procesos electorales, con el objetivo de intensificar el civismo en los estudiantes y ampliar sus conocimientos en el ámbito electoral, realizando tareas electorales como voluntarios”, refieren desde el TSJE.

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Desde Petróleos Para­guayos SA (Petropar) ratificaron su pos­tura de no aumentar precios de combustibles hasta fina­les de mayo, a pesar de regis­trarse una presión alcista, tanto en los petróleos como en el tipo de cambio. Indica­ron que la petrolera estatal se mantiene como uno de los principales importadores de combustibles en el país.

En comunicación con la 650 AM, el gerente general de Petropar, William Wilka, indicó que desde la petrolera no realizarán ajustes de pre­cios en ninguno de los com­bustibles, pese a la volatilidad que se registra en el valor del petróleo.

La fluctuación se está dando en medio de mayores tensio­nes geopolíticas registradas en el Medio Oriente y también por una presión alcista en el tipo de cambio, según explicó el representante de Petropar. “Por lo menos, nosotros hasta finales de mayo, y de acuerdo al stock que tenemos, vamos a mantener todos nuestros precios”, dijo.

El gerente añadió que están realizando reposiciones de productos de forma quin­cenal y están también ana­lizando ese promedio de manera a verificar el valor en el que cerrará a finales del mes de mayo. Explicó que existen diferencias posi­tivas por parte de Petropar, teniendo en cuenta la capa­cidad de estancaje y el volu­men de compra que manejan, lo que les permite distribuir riesgos y oscilaciones en el mercado, por el tipo de apre­ciación que realizan y con el que cierran las compras. “Hay una tendencia alcista y esa es una realidad por el cambio que dije y eso está impactando”, refirió Wilka, quien afirmó que esa condi­ción ubica a Petropar como el mayor importador de com­bustibles del país.

Agregó que la petrolera abarca el 20 % del market share, siendo el número 1 en el mer­cado, en tanto que, el 80 % está en manos del sector privado, contando de esa manera con una participación muy inte­resante en el mercado de com­bustibles en el país. Comentó que cuenta con las modalida­des de compras, una que se realiza a través de llamados a licitación que tienen vigencia de dos a tres meses, y la otra, a través de compras spot, donde salen al mercado por un volu­men específico cada 10 o 15 días en busca de precios para concretar las compras. Los pagos que realiza Petropar son 30 días después de reci­bir el producto.

• POR JAIME EGÜEZ
• Presidente del Club de Ejecutivos

Los grandes avances en el ámbito del desarrollo que podemos lograr en la siguiente década a partir del punto que hemos alcanzado hoy en día tendrán el gran desafío de conseguir la superación de los nive­les de desconfianza y de pelea por intereses sectoriales. Problemas que, en forma perma­nente, enfrentan cualquier iniciativa de cada Gobierno en funciones.

Defiendo a capa y espada la necesidad de con­tar con mecanismos de control y de gober­nanza que estén enmarcados en modelos nue­vos que suplanten algunos de los actuales que obedecen más a marcos que buscan atender un prebendarismo o un acuerdo de intere­ses entre partes. El desgaste que afecta en el área del Congreso cada iniciativa de cam­bio estructural choca en forma frontal con el statu quo político que se ha instalado en estas dos últimas décadas. Ante esta situación, el Gobierno ha apelado a mecanismos disponi­bles para, con su mayoría, poder avanzar en la implantación de leyes e iniciativas necesa­rias para el cambio.

Pero esto tampoco es bueno, ya que las iniciativas públicas de impacto general deberían tener el apoyo o el consenso de todos los sec­tores representados en el Congreso. En este sentido, hay que reconocer que lo que más falta es la validación de procesos destinada a concitar confianza. Es que la historia de los acuerdos, tanto los cumplidos como los no concretados, los mismos no permiten esta­blecer un ambiente propicio para el debate y la suma de posiciones que construyan pro­puestas de mayor impacto. Y de algún modo en esta dinámica se contagia a todos los pro­yectos que son necesarios para la evolución de la República.

La gestión pública de un Gobierno con una mayoría propia permite que un país tenga gobernabilidad y sobre todo previsibilidad. Lo que nos debería ocupar es insistir en cons­truir mecanismos institucionales para poder controlar la gestión de las iniciativas aproba­das. Pero aquí quiero insistir que debido a que el país está en curso de tener el mayor cambio en su economía, los inversores tienen claro que los marcos y reglamentos están para ser cumplidos. Y en este requerimiento entran también los estamentos políticos que se ten­drán que ir ajustando para entender que la política criolla tan vigente no es más posible. Sobre todo si pretenden continuar en sus pues­tos y permitir que Paraguay sea un país líder en la región. Administrar pobreza no tiene la misma complejidad que administrar riqueza.

Entendamos que para superar los desafíos actuales se requiere mínimamente políticos muy preparados en la gestión pública. Y espe­cialmente personas que entiendan la dife­rencia entre ser serios y profesionales o ser irresponsables y negligentes. El precio de no asumir este reto lo pagará el Paraguay entero.

No pretendo en absoluto determinar que un poder, en este caso el Legislativo, sea afín a todas las iniciativas del Ejecutivo. Pero sí creo mucho en un Legislativo que sume en forma permanente las políticas y leyes necesarias para avanzar en este nuevo escenario de alta competitividad. Hace falta mucha capacidad de respeto y horas de diálogo para acordar de manera transparente una iniciativa de impacto general. Faltarán horas de trabajo con especialistas cuando Paraguay esté con Grado de Inversión y los grandes fondos ven­gan para desarrollar nuevos mercados que aún no tienen marcos jurídicos.

Para entonces será imprescindible una tre­menda capacidad de los legisladores de enten­der y apoyar iniciativas que son ya usadas en otros países. Temas ambientales, de cumpli­mientos globales, nos pondrá en una gran prueba en ver si como Estado podemos coor­dinar y poner el país primero… a pesar de la desconfianza y de la lucha por intereses par­ticulares.