En el 2017 se aprobó una ley que dispone el uso de pulseras o tobilleras electrónicas para personas procesadas o privadas de su libertad, esto con el objetivo de reducir la población carcelaria. A seis años de ser sancionada, la legislación aún no fue reglamentada y, por ende, no puede ser aplicada, por lo que piden dar celeridad a esta etapa. “No sé por qué se dan tantas vueltas”, expresó el abogado Óscar Tuma, impulsor del mencionado proyecto.

“Fue un proyecto que presenté en su oportunidad con otro diputado. Eso se convirtió en ley, pero hasta ahora y después de que pasaron seis años no se está reglamentando y es súper necesario porque en primer lugar se descomprimen las correccionales, las que hoy están totalmente saturadas”, manifestó el ex diputado en conversación con la 650 AM.

La Corte Suprema de Justicia es la institución encargada de reglamentar la mencionada legislación, sin embargo, hasta la fecha no hubo avances en la misma, por lo que piden que se trabaje en ella, puesto que ya pasó demasiado tiempo. “Realmente no sé por qué nunca se avanzó. Por esas cosas extrañas hay cosas que funcionan en el resto del mundo y nosotros hacemos que acá no funcionen”, lamentó.

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