La fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, dispuso la creación de dos unidades más en el departamento de delitos económicos y anticorrupción para el fortalecimiento de la unidad especializada, las cuales entrarán en funcionamiento desde este febrero del corriente año.
La instalación de más unidades se desarrollan en el marco de la política de administración de la titular del Ministerio Público no solo para reforzar las actuaciones de la unidad especializada, sino también para modernizarla y disponer en la misma con mayores herramientas para priorizar la lucha contra la corrupción.
Las nuevas disposiciones forman parte de la línea estratégica llevada a cabo por la fiscal Quiñónez como parte de su política administrativa, en la que el mejoramiento de los trabajos de la Fiscalía constituye una prioridad dentro del Ministerio Público.
La fiscal general del Estado manifestó que, hasta la etapa final de su gestión, seguirá con el avance y la prosecución de la lucha contra los delitos económicos.
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Conmebol urge a Fiscalía accionar contra Atlas por caso de lavado
La matriz del fútbol sudamericano exige que el Ministerio Público paraguayo avance en la investigación penal, que actualmente está paralizada. Luego de seis años de presentada la denuncia documentada y de haberse realizado algunos allanamientos, no hubo avances.
A través de su abogado, Claudio Lovera, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) reiteró al Ministerio Público un urgimiento para que esta institución se pronuncie e inicie una acción penal en torno a la denuncia presentada hace ya más de seis años por operaciones sospechosas de lavado de dinero, que involucran a la matriz del fútbol sudamericano de años anteriores y al banco Atlas SA. El urgimiento fue presentado en fecha 11 de marzo pasado ante la Fiscalía.
“En atención al tiempo de investigación transcurrido, los elementos acompañados en su oportunidad, así como los que fueran recopilados en el marco de la actividad fiscal preparatoria, se solicita que el Ministerio Público emita un pronunciamiento en el marco de los hechos acontecidos y acorde con el ejercicio e impulso de la acción penal pública”, señala el documento presentado ante el Ministerio Público.
Tras dar apertura a una investigación penal, el Ministerio Público llegó a recabar evidencias sobre el asunto, mediante allanamientos a la sede del banco Atlas SA y a la Superintendencia de Bancos ante la negativa de estas instituciones en proveer información. En estos procedimientos se incautó una serie de documentos.
Estas diligencias realizadas en el pasado dan cuenta que el órgano investigador sostiene que en determinados lugares podrían hallarse indicios de un hecho punible.
Pese a esas primeras medidas, la Conmebol señala que la Fiscalía se llamó a silencio y abandonó cualquier otra iniciativa tendiente al esclarecimiento de la denuncia. Hay que recordar que la Conmebol presentó la denuncia en tiempo y forma, en fecha 4 de febrero de 2021. La primera denuncia había sido presentada ya en el año 2017.
ANTECEDENTES DEL CASO
Los fiscales que llevaron el caso fueron Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera, y la causa incluso estuvo paralizada en la Seprelad, en el tiempo en que Carlos Arregui estaba al frente de la citada institución.
La Conmebol quiere recuperar los fondos que le pertenecen (alrededor de unos USD 200 millones) que se esfumaron de la Confederación en administraciones anteriores; ya se recuperaron USD 128 millones gracias a la ayuda de la Justicia norteamericana y Suiza. Desde la matriz del fútbol sudamericano se aguarda que la Justicia paraguaya también haga lo que le corresponde.
El banco de la familia Zuccolillo se expone a sanciones penales y sanciones administrativas. La Ley n.º 1015 Previene y Reprime los Actos Ilícitos Destinados a la Legitimación de Dinero o Bienes, en su artículo 4.° Sanción Penal señala que el delito de lavado de dinero o bienes será castigado con pena penitenciaria de dos a diez años.
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El rugby se fortalece en el Este
La Unión de Rugby del Paraguay (URP) y el club social Área 4 de Ciudad del Este anunciaron la firma de un importante convenio de colaboración entre ambas entidades.
Gustavo Borgognon, presidente de la Unión de Rugby del Paraguay, junto a Diego Manson, gerente de Rugby, y Walter Bordón, vicepresidente del club social Área 4, se reunieron con el objetivo claro de dar inicio a un convenio de cooperación que promete impulsar el rugby en la Zona Este y establecer políticas deportivas que promuevan acciones en conjunto.
En ese sentido, ayer se dio la apertura oficial del Centro de Rugby de Desarrollo para la Zona Este, que funcionará en las instalaciones del club social Área 4, el cual cuenta con acceso fácil y estratégico para todos los deportistas.
El centro estará dividido en tres categorías, trabajarán bajo la dirección de Manuel Ruiz y contará con el monitoreo permanente de todo el staff de las diferentes áreas de la URP.
POR EL NEA
Con la transmisión del partido San José y Capri argentino sigue la cobertura del canal GEN/Nación Media del Campeonato Regional del Nordeste Argentino (NEA). El encuentro será el sábado 27 de abril, a las 15:15 y se podrá ver en diferido por Tv desde las 18:00.
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Rebeldes secuestran en Colombia a dos investigadores de la Fiscalía
Dos investigadores de la Fiscalía de Colombia fueron secuestrados en el suroeste del país por el Estado Mayor Central, la mayor facción de las disidencias de las FARC que rechazaron el acuerdo de paz de 2016, informaron autoridades este sábado.
Los rebeldes admitieron haber retenido a los funcionarios junto a “una acompañante” el viernes, en una zona rural del municipio Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca.
Las dos mujeres y el hombre “se encuentran en buen estado de salud”, indicó el Estado Mayor Central (EMC) en un boletín este sábado.
Según los disidentes los investigadores “fueron sorprendidos” en “un punto de control y registro” con “dos armas con su respectiva munición además de dispositivos electrónicos para recopilar información”.
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“Esperamos por medio de organismos internacionales se puedan generar las condiciones de seguridad para su liberación”, añadió la organización que rechazó entregar las armas como lo hizo el grueso de la guerrilla de las FARC cuando firmó un histórico pacto de paz.
La Fiscalía condenó “vehementemente la inaceptable retención” y pidió “respeto por la vida e integridad” de las víctimas. El gobierno de Gustavo Petro intenta negociar de nuevo las paz con los disidentes desde hace más de un año en medio de dificultades para llegar a acuerdos.
Una serie de ataques contra civiles y la fuerza pública en medio de una tregua pactada a finales del año pasado colmaron la paciencia del presidente.
Los diálogos empezaron a diluirse el 17 de marzo, cuando el gobierno decretó el fin del cese al fuego bilateral en tres departamentos del suroeste del país tras el asesinato de una líder indígena por parte de los rebeldes.
El martes apartó de los diálogos al comandante rebelde alias Iván Mordisco, en un esfuerzo por salvar la política de “paz total” con la que busca desactivar el conflicto de seis décadas por medio del diálogo con los principales grupos armados.
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En 2022 la inteligencia militar calculaba el pie de fuerza del EMC en unos 3.500 combatientes. La organización controla rentas del narcotráfico y la minería ilegal. Colombia vive un conflicto armado de seis décadas que ha dejado 9.5 millones de víctimas entre secuestrados, desaparecidos, desplazados y asesinados.
Fuente: AFP
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Fiscalía peritará avioneta incautada en Amambay
El agente fiscal de Pedro Juan Caballero, Celso Morales, allanó un complejo de hangares en el condominio aeronaútico Ypané en la localidad de Zanja Pytã, del departamento de Amambay. Con apoyo de la Secretaría Nacional Antidrogas, se logró incautar de una aeronave bimotor, con matrícula ZP-BDR, que aparentemente estaría con las documentaciones adulteradas.
El representante del Ministerio Público dispuso el traslado de la aeronave a Asunción para su resguardo en la base de la Fuerza Aérea y esté bajo pesquisa para el peritaje con el apoyo de técnicos de Laboratorio Forense. El fiscal interviniente informó que las investigaciones seguirán su curso, atendiendo a que el supuesto propietario sería un prestanombre, ya que se presume que se trataría de una persona sin posibilidades económicas.
Asimismo, la aeronave será sometida a varias inspecciones a fin de descartar o confirmar que haya sido utilizada para el transporte de cocaína desde algún país vecino.
En caso de que se tenga más indicios de la comisión de un hecho punible, el fiscal del caso está habilitado a presentar alguna imputación contra el propietario de la aeronave.
En caso de que se presente alguna imputación, el imputado deberá comparecer ante un Juzgado Penal de Garantías para la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se definirá si es remitido a alguna penitenciaría de nuestro país o será beneficiado con medidas alternativas a la prisión.