El proyecto que establece un régimen de indemnización para los soldados conscriptos que prestaron servicio durante la gesta del 2 y 3 de febrero del año 1989, tras la unificación de varios expedientes con el mismo objetivo, fue aprobado por la Cámara de Diputados y se encuentra ahora en etapa de estudio en la Cámara de Senadores.
Walter Harms es el diputado proyectista de las iniciativas unificadas, impulsó esto con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 39 y 40 de la Constitución Nacional a favor de los soldados. El proyecto se refiere a “aquellos que hayan participado o estuvieron expuestos directamente en el enfrentamiento armado durante la gesta del 2 y 3 de febrero de 1989; y fueron dados de baja sin haber percibido ningún tipo de resarcimiento”.
La normativa indica que la solicitud de la indemnización debe realizarse de manera individual, personalmente o por un apoderado debidamente acreditado ante el Ministerio de Defensa Nacional o el Ministerio del Interior. Pueden ser beneficiarios, además, los herederos, parientes consanguíneos hasta el primer grado. Una vez promulgada la eventual ley, los solicitantes tendrían un plazo de 30 días para la presentación del reclamo de derecho.
El monto de la indemnización a ser asignado se dará en un único pago, previa certificación del solicitante, y equivaldría a unos 197 millones de guaraníes en la actualidad, que representarían los dos mil jornales mínimos.
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Unifican penas y el líder del Clan Rotela seguirá preso hasta 2046
El Ministerio Público logró ayer jueves unificar las penas con medidas contra Armando Javier Rotela Ayala, sindicado como líder del clan Rotela, con lo que fue confirmado que permanecerá en prisión hasta el año 2046.
El criminal fue condenado en dos causas por posesión, comercialización y tráfico de drogas peligrosas y posesión de armas de fuego, por lo que deberá compurgar una pena carcelaria de 31 años.
De acuerdo al informe emitido por la institución fiscal, Rotela compurgaría inicialmente 23 años de cárcel y 8 años como medida de seguridad, hasta el 23 de julio del año 2038, y luego acumularía su medida de seguridad de ocho años, que llega hasta el año 2046.
Actualmente está recluido en una prisión con medidas especiales en Emboscada, tras ser trasladado en diciembre pasado desde Tacumbú por el operativo Veneratio, que desarticuló su grupo criminal en la penitenciaría.
Ante las diligencias realizadas por el Ministerio Público, representado por la agente fiscal de Ejecución Celia Beckelman, la jueza de Ejecución Penal, Sandra Kirchhofer, aplicó los alcances de la “pena unitaria”, sumando las sentencias definitivas por los hechos punibles atribuidos y acusados al líder criminal Armando Javier Rotela Ayala.
LAS CONDENAS
La condena de 19 años de cárcel fue por posesión y tráfico de drogas aplicada por un tribunal de sentencia en fecha 17 de marzo de 2020. En tanto, la condena de 8 años de cárcel por posesión y comercialización de drogas peligrosas y posesión de armas de fuego fue aplicada por un tribunal de Paraguarí, el 7 de enero de 2021.
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EBY logra fallo que evita pago de G. 15.000 millones por indemnización
La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) informó que se logró un fallo a favor de la entidad que evitó el pago de G. 14.900.000.000 en un juicio por indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad contractual, acción promovida por el exfuncionario Gerardo Indalecio Sosa Argaña. El fallo fue confirmado por el Tribunal de Apelación, el cual ha resuelto que las costas de ambas instancias se imponen a la parte perdidosa.
De acuerdo con el informe de la binacional, el vínculo laboral de Sosa Argaña culminó el 14 de febrero de 1989, quien había iniciado el reclamo en el ámbito laboral con el cumplimiento de un pago de G. 5.000.000.000, esto por daños compensatorios en el 2011. Sin embargo, esta acción había sido apelada por la EBY, tras prescribirse el caso en el ámbito laboral, por el tiempo Sosa Argaña recurrió al ámbito civil, donde solicitó los casi G. 15.000 millones.
Ya en esta instancia, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Décimo Octavo turno hizo lugar a la excepción de incompetencia de jurisdicción planteada por la EBY, aplicando el artículo 3.° del Código Procesal Civil.
Así también, el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial Quinta Sala dictó el pasado 12 de abril del corriente año el Auto Interlocutorio n.° 129, confirmando el fallo de la instancia precedente del 3 de mayo de 2021, de acuerdo a las informaciones proveídas por la binacional.
El Tribunal de Apelación menciona que “concordante con esta norma, el artículo 11 del Código de Organización Judicial establece ‘La competencia en lo civil, comercial, laboral y contencioso administrativo se determina por el territorio, la materia, el valor o cuantía de los asuntos, el domicilio o la residencia, el grado, el turno y la conexidad”.
Mientras que el informe de la binacional refiere que “atendiendo a lo señalado precedentemente, compartimos la decisión del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Décimo Octavo Turno, de que su incompetencia es en razón de la materia. Al respecto, hemos de señalar, que la competencia no está dada por el tipo de acción, sino por la naturaleza de la relación demandada”.
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Por “daño moral”, Bolsonaro demanda a Lula ante la justicia y hasta pide indemnización
El expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro presentó una acción judicial contra el actual mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la que exige una disculpa pública y una indemnización por sugerir que se había llevado muebles de la residencia presidencial, informó este sábado su abogado.
El reclamo por “daños morales” fue introducido el viernes último de forma conjunta por el exgobernante y su esposa, Michelle, en un tribunal de la capital brasileña, según el documento enviado a la AFP por el abogado Fábio Wajngarten.
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El miércoles pasado, el gobierno de Lula divulgó una nota en la que afirma que encontró “261 ítems” del palacio presidencial que no habían sido localizados en enero de 2023, cuando asumió el poder, y que estaban “abandonados en depósitos externos”.
Al convertirse en el nuevo inquilino de la residencia en Brasilia, Lula se había quejado del faltante de muebles: “Si fueran suyos (Bolsonaro), tenía un motivo para llevarlos, pero son cosas públicas. No sé por qué tiene que llevarse la cama”, declaró entonces.
La antigua pareja presidencial pidió que Lula “se retracte en la misma proporción del daño que realizó” al indicar que los ocupantes anteriores del palacio presidencial se habían llevado muebles que son patrimonio público, dice la nota presentada a la justicia.
Además, pidió una compensación de 20.000 reales (unos 4.000 dólares) a ser pagados a una ONG.
Lula quiso “atribuir (al expresidente Bolsonaro y su mujer) hechos falsos, con la clara intención de manchar su reputación”, dice la acción judicial.
“Convocar a los medios para afirmar que (los Bolsonaro) se habrían ‘llevado’ o ‘desaparecido’ con los bienes públicos”, es “reprobable e irresponsable”, añade.
Los Bolsonaro vivieron en el Palacio de la Alvorada durante el mandato del ultraderechista (2019-2022). Pero tras la derrota contra Lula en las elecciones de octubre de 2022 por un estrecho margen (49,1% contra 50,8%), debió dejar el espacio a los nuevos inquilinos.
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Lula asumió el 1 de enero de 2023. Sin embargo, la mudanza con su esposa, Rosángela da Silva, demoró poco más de un mes por seguridad, reformas y compras, y se concretó en febrero de ese año.
El 8 de enero, miles de seguidores de Bolsonaro invadieron el palacio del Planalto y otras sedes de los poderes públicos. El expresidente viajó a Estados Unidos antes de ese episodio.
Fuente: AFP
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MEF y CAF conversaron sobre proyectos de conexión e integración fronteriza
El ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, recibió ayer lunes al presidente del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Sergio Díaz Granados, y su comitiva para revisar los proyectos en cursos y la programación de nuevas iniciativas de infraestructura física e integración para el país.
La reunión fue desarrollada al medio día en la sede del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y contó con la presencia del viceministro de Economía, Javier Charotti. Tras el encuentro, el titular del CAF comentó que conversaron con el ministro sobre los distintos proyectos de conexión e integración fronteriza física, además de los avances de una iniciativa de integración física en Sudamérica.
“Son financiamientos que pueden ir para el país o para el sector privado, dependiendo del tipo de obra que se vaya a ejecutar, hay puentes, carreteras, mejoras de conexión digital, infraestructura digital, colegios, hospitales”, dijo Granados.
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El alto funcionario adelantó que en abril vendría al país una misión para identificar obras y comentó que disponen de más recursos y cooperación técnica para avanzar con los planes de inversión en el país. “Hay proyectos que serán de carácter binacional e involucrarán a tres fronteras, por lo cual se deberá hacer una coordinación adicional con los países vecinos”, añadió.
Granados indicó que están revisando los tipos de proyecto que existen, la naturaleza de los mismos y el tamaño del financiamiento requerido. Actualmente, la cartera de créditos de la CAF disponible para Paraguay es de USD 2.100 millones.
Precisó que la intención es mantener una tasa de crecimiento de entre el 7 % y 9 % de la cartera de créditos y que está alineada a las prioridades del Gobierno, que básicamente, consideró, son la productividad, generación de empleos, que está muy asociada con la infraestructura física, sea energía, carreteras, puertos, puentes fronterizos, entre otros.
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