En la jornada de ayer miércoles, el Tribunal Electoral Independiente (TEI) del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) inició el juzgamiento de las actas electorales de las pasadas elecciones internas partidarias del domingo último.
Durante el proceso se registraron incidentes y discusiones entre los apoderados del sector oficialista y las listas 2 de Martín Burt y 20 de Eduardo Nakayama. De acuerdo a los reportes tuvieron que intervenir en la situación agentes de la Policía Nacional.
En un video publicado en las redes sociales se puede observar una acalorada discusión que incluyó empujones por parte de los protagonistas en la sede del Directorio del Partido Liberal, donde se realiza el juzgamiento de actas de capital, Central y Cordillera. “Simplemente se presentaron los primeros pedidos de impugnaciones, hoy (por ayer) se está haciendo el juzgamiento de actas de capital, Central y Cordillera, y básicamente eso”, indicó Nakayama a La Nación/Nación Media.
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Denuncian ante Fiscalía a extitular de la Diben por crecimiento patrimonial en la era Abdo
La Contraloría General de la República (CGR), encabezada por Camilo Benítez, denunció ante la Fiscalía a la extitular de la Dirección de Beneficencia y Ayuda (Diben), Carmen Corina Alonso, por un incremento patrimonial no sustentable. La exsindicalista de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud estuvo al frente de la institución desde el inicio del gobierno de Mario Abdo Benítez.
Sobre el caso, Armindo Torres, director general de Control de Declaraciones Juradas del órgano extrapoder, dijo que la acusación contra Alonso surge tras detectarse una serie de inconsistencias en sus declaraciones juradas.
“Iniciamos el examen de su correspondencia, se le corrió traslado de las observaciones que habíamos detectado, sin embargo ella no contestó. Nosotros le habíamos advertido que en el caso de que no presente la documentaciones correspondientes para que pueda levantar la inconsistencia, estás serían remitidas al Ministerio Público, lo cual sucedió”, manifestó al programa “Arriba Hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Detalló que el crecimiento patrimonial de Alonso se dio durante el periodo 2018-2020, tiempo en que estuvo ocupando la dirección de la institución de beneficencia. “Acá es en donde se registró un salto. Hemos detectado un crecimiento especialmente en los inmuebles, aunque ella declaró que es herencia, sin embargo el funcionario público está obligado a comprobar si eso es así, pero ella no adjunto ninguna documentación y no contestó”, remarcó.
Torres señaló que la fiscalización de las declaraciones juradas de Alonso será ampliada, teniendo en cuenta que el examen de correspondencia se inició antes del cambio de gobierno. “Nosotros necesitamos dos declaraciones juradas para comparar (su ingreso y salida del cargo)”, indicó.
Por otra parte, detalló que de acuerdo al Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), Alonso ejercía la actividad ganadera desde el 2016, pero no se encuentra consignada en tres declaraciones juradas después del citado año, ocultando esta situación.
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Otra de las inconsistencias detectadas por la Contraloría se centra en el rubro de automotores, ya que según la Dirección General de Registro del Automotor, Alonso posee en total 2 vehículos, que, al contrastar con sus declaraciones juradas se observa que uno de ellos no fue declarado por la exfuncionaria. El vehículo es un Kia Avella modelo 1998, con fecha de transferencia 06-09-2005.
Por otra parte, la simpatizante del abdismo incluso declaró a la Contraloría ser divorciada, pero según el Registro Civil, la misma se encuentra casada bajo el régimen de separación de bienes, con un funcionario público de nombre Hugo Eduardo Montiel, quien se encuentra trabajando en el Ministerio de Salud Pública. “Carmen Alonso tendrá que probar si su crecimiento patrimonial es justificado o no”, sentenció Torres.
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Payo recurre a su caudal electoral ante las críticas
Si bien en el espectro opositor todos coinciden en iniciar ya la carrera por las municipales de 2026 e incluso las presidenciales de 2028, las grietas existentes entre partidos y facciones son acentuadas.
El líder de Cruzada Nacional, Paraguayo Cubas, avanza con su programa personal, desafiando al resto de las agrupaciones, a las que “insta” a someterse al escrutinio del mercado electoral de oposición.
“Va a ser difícil construir la unidad, yo solo aquí tengo más votos que todos ustedes juntos”, le respondió Cubas a la senadora Esperanza Martínez, en una mesa de debate en el programa de la periodista Mina Feliciángeli (Telefuturo) y recogida por el portal digital hoy.com.py.
En la mesa compartían, además de ambos, los diputados Raúl Benítez y Johana Ortega. Para Payo, el caudal electoral de sus interlocutores estaba muy por debajo del suyo.
El roce entre los opositores no hace sino continuar en un nivel de intensidad creciente. Días atrás, referentes del liberalismo, de distintos movimientos, se enfrascaron en una fuerte discusión. Un sector partidario sostiene que la unidad opositora no puede excluir a Cubas. El otro, en tanto, mantiene la acusación de que Payo es culpable de haber decidido romper el electorado en las presidenciales, generando con ello la victoria de la ANR. Esta pelea se extiende, igualmente, a otros partidos del abanico de opositores.
OPOSICIÓN, SIN ESPERANZA
Semanas atrás, la polémica senadora liberal Celeste Amarilla se ratificó en su postura de que la oposición no está en condiciones de ganar la Presidencia en los comicios de 2028. Manifestó que no vislumbra a ningún candidato capaz de vencer al Partido Colorado y señaló que el bloque opositor debería concentrarse en ocupar más espacios en el Poder Legislativo y en las gobernaciones.
“En este momento por más que nos unamos toda la oposición, no percibo un candidato que nos dé la victoria, se van a enojar conmigo, pero no percibo un candidato que nos lleve a la Presidencia”, sentenció la legisladora y manifestó que, pese a que las últimas elecciones mostraron que la oposición logró una mayor cantidad de votos en comparación con la Asociación Nacional Republicana (ANR), estos se encontraban divididos en las múltiples candidaturas que presentó el bloque opositor.
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Brizuela, electo por unanimidad presidente del Tribunal Electoral
En la reunión de la fecha se designó por unanimidad como presidente de este organismo al doctor Santiago Brizuela, quien ya había ocupado este mismo cargo y administró las elecciones internas presidenciales de 2022 y otras elecciones internas municipales y en esta ocasión contó nuevamente con el respaldo unánime de sus pares.
Al término de la primera reunión, Brizuela, en compañía de Mónica Seifart y Félix Ferrer Ortellado, ofrecieron una conferencia de prensa. Allí agradecieron el respaldo que tuvo de la convención partidaria y el apoyo del presidente de la Junta de Gobierno, Horacio Cartes, y los líderes partidarios, para volver a ocupar este organismo electoral.
Brizuela destacó que trabajarán intensamente para ofrecer un mejor servicio a los correligionarios en los procesos electorales y que todo el proceso se pueda digitalizar.
Brizuela destacó que el mandato de los miembros del TEP va desde 2024 hasta 2029. Adelantó que mientras no haya convocatoria de nuevas elecciones van a aprovechar el tiempo para adecuar las normativas reglamentarias, trabajando siempre en forma coordinada y con mucho respeto.
Destacó que también fue confirmado nuevamente el Dr. Rubén Rolón como secretario ejecutivo del TEP, al igual que todos los funcionarios del organismo electoral. “Estoy muy orgulloso y agradecido y lo tomo con responsabilidad esta nueva designación”, concluyó Santiago Brizuela.
Por su parte, Mónica Seifart, quien ocupa por primera vez esta función, destacó que realmente esta es una designación muy honrosa. “Para mí representa un orgullo, una satisfacción y vamos a llevar adelante esta labor con el mayor profesionalismo, con igualdad, equipo y justicia”, destacó.
En tanto, el Dr. Félix Ferrer Ortellado, quien vuelve a ocupar un lugar como miembro titular del TEP, acotó que hace más de 7 años está en el Tribunal Electoral y agradeció la confianza que tuvo nuevamente.
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Oportunismo electoral
- Por Felipe Goroso S.
- Columnista político
Desde que saltaron los supuestos casos de nepotismo se vio un intento de cierto sector de la oposición y medios de comunicación de darle un uso electoral. Se aguardó que la campaña de los medios llegue al pico para aprovechar el momento y que se dé un relanzamiento de algunas figuras repetidas como la excandidata a vicepresidenta de Efraín Alegre, Soledad Núñez (cualquier mal pensado creería que una cosa vino de la mano de la otra). Todo lo que vino después fue una muy estética campaña de reposicionamiento de la exministra de la Vivienda. Bien de agencia publicitaria, como nos tiene acostumbrados.
La plataforma usada fue la de la iniciativa popular con un eje discursivo bastante simple: “La ciudadanía pide”. Sin embargo y como suele suceder, cuando se prioriza demasiado el marketing o el decorado, se termina menospreciando la sustancia. Que en este caso es el texto del proyecto de ley propuesto. Vayamos a algunos de los artículos del mismo que plantean interrogantes.
Se plantea la retroactividad de la ley. El artículo 7 dice que se deben revisar “las contrataciones, designaciones, nominaciones, comisionamientos o cualquier acto jurídico realizado en los últimos 24 meses”. O sea, aplicar una ley nueva a hechos que sucedieron en el pasado. El artículo 14 de la Constitución señala: “Ninguna ley tendrá efecto retroactivo, salvo que sea más favorable al encausado o al condenado”. El artículo 9, del Pacto de San José, dice: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello”. Según el artículo 5 del Código Penal, las sanciones son regidas por la ley vigente al tiempo de la realización del hecho. El artículo 11 del Código Procesal Penal acota que las normas procesales no tendrán efecto retroactivo, salvo cuando sean más favorables para el imputado o condenado.
En el artículo 4 del proyecto se crea un nuevo delito. No solo establece una sanción para el que “realiza actos de nepotismo”, sino también para el “beneficiado y la autoridad con la que esté vinculado”. Crea un delito sin describir la conducta particular. No está puntualizada la acción que al ser realizada se convertiría eventualmente en delito. Se plantea que lo que hiciera uno, sea una acción que meta a todos en una misma bolsa sin juzgar caso por caso, sino en general. Una especie de condena colectiva por conducta individual.
En el artículo 2 el proyecto define al nepotismo como actos de vinculación de personas “que obliguen al Estado paraguayo a pagar cualquier tipo de remuneración”. Esta definición es al menos problemática en términos de administración financiera. ¿Habrá que probar la obligación? ¿Cuándo un vínculo no acarrea la obligación de remunerar? Agregan un elemento adicional. Hoy por hoy, nepotismo es vincular a una persona que está prohibida. Y acá salta la pregunta obvia: ¿Quiénes son las personas prohibidas? Como esos exámenes de la primaria cuando le piden a los niños que completen la frase. Graves problemas de redacción. Todo vínculo obliga una remuneración, es pura lógica. Si se sigue lo propuesto en el proyecto de ley, el Estado, o sea el contratante, podría renunciar a la remuneración.
Por último, en el artículo 6 convierten en delito de “declaración falsa” la omisión de brindar cierta información. Si se quiere utilizar dicha figura penal para castigar otras conductas, que hoy no están previstas, habría que modificar el Código Penal. No se puede decir que algo constituye un delito, cuando según la ley penal ese algo no constituye tal delito. Es una ley y es legal hasta que se resuelva lo contrario, si se hace una ley que dice lo contrario, deja de ser legal o se convierte en legal algo ilegal.
Las leyes no son una cuestión estética. Implican un poco más de seriedad. No deberían ser parte de un oportunismo electoral o un lavado de cara. Si la señora Núñez quiere ser candidata a intendenta de Asunción, que lo diga con todas las letras, está en todo su derecho. Eso no se consigue reclamando a otros proyectistas de propuestas similares o incluso mejores (como dicen que sucedió), autopercibiéndose como la única ungida de la oposición o con acceso a financistas.