La causa penal abierta contra el expresidente de la República Mario Abdo Benítez y otros exmiem­bros de su gabinete posee un cúmulo de pruebas presenta­das por la Fiscalía. Testimo­nios, pericias y varios docu­mentos sustentan la denuncia por persecución política ale­gada por el denunciante, el expresidente Horacio Cartes.

Pese a la contundencia de las evidencias colectadas por los agentes fiscales, actualmente la causa se encuentra paralizada por más de una docena de chi­canas presentadas por los abo­gados defensores al solo efecto de paralizar la causa judicial. En el plano político sigue pen­diente de definición el pedido de desafuero para Abdo Benítez y su exsecretario y actual dipu­tado, Mauricio Espínola.

Por otra parte, la estrategia de defensa mediática desarrollada por los medios abdistas, princi­palmente el diario Abc, se basa en una constante campaña de ataques, mentiras o medias verdades contra los funcio­narios que colaboraron para esclarecer el caso.

La campaña de los medios también se enfoca en sabotear la incipiente investigación fis­cal atacando a los fiscales que investigaron el caso. Ahora el expediente debe destrabarse en la sala penal de la Corte. Estas son las claves para entender el operativo “garrote” ordenado por Abdo desde la Seprelad para perseguir a enemigos políticos.

La Sala Penal deberá decidir la recusación contra los integrantes de un tribunal de alzada que fueron impugnados por la defensa del extitular de la Seprelad Carlos Arregui.

Hace más de 15 días que los ministros e integrantes de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Ramírez Candia no resuelven la recusación que pesa sobre un tribunal de apelaciones. Los camaristas que se bus­can recusar son María Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera, recusados por el abogado Felino Amari­lla, defensor del imputado por la filtración de informa­ción de la Seprelad, Carlos Arregui, quien además era titular de este organismo.

Una vez que los altos magis­trados se expidan sobre la recusación contra los cama­ristas, los mismos deberán estudiar la recusación que se presentó contra la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera. En caso de que la referida magistrada sea confirmada para el presente caso deberá estudiar más de doce chicanas presenta­das por los abogados de los excolaboradores de Mario Abdo Benítez, imputados por siete hechos punibles.

En la máxima instancia judicial ya se tiene un voto en relación a la recusación contra los integrantes del tribunal de alzada y solo fal­tarían dos votos para poder destrabar el presente pro­ceso penal de Abdo y su gavilla.

El abogado Felino Amarilla, defensor de Carlos Arregui, recusó a los tres integrantes de la Cámara de Apelación por supuesta imparciali­dad y falta de independen­cia debido a que la defensa no sabía de qué manera se hizo el sorteo para que pueda salir sorteado el tri­bunal de apelación, que luego fue recusado. Argu­mentan que no confían en el software de sorteo por lo que piden que sea público. El presente argumento no tiene sustento jurídico y la acusación fue al solo efecto de dilatar el presente caso que ahora está en manos de la sala penal de la Corte poder destrabar.

Igualmente, el abogado Emilio Fúster había recu­sado a la jueza penal de Garantías Lovera, quien debido a dicha situación no pudo realizar la audiencia de imposición de medidas cautelares para los siete imputados en el presente caso. Si bien Mario Abdo y el diputado Mauricio Espí­nola fueron imputados por la Fiscalía, una vez que el Senado y la Cámara Baja retiren los fueros a ambos se admitirá la imputación para los dos.

La jueza penal de Garan­tías Cynthia Lovera resol­vió admitir la imputación contra Mario Abdo Benítez luego de reunir los requi­sitos establecidos en nuestra normativa legal y a su vez procesó penalmente a los imputados Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Farías, Gui­llermo Preda, y Francisco Pereira. Con relación al expresidente de la Repú­blica Mario Abdo Benítez y el diputado Mauricio Espí­nola se pidió el desafuero correspondiente.

Patricia Samudio, extitular de Petropar, fue condenada a cuatro años de prisión por las compras irregulares durante la pandemia de coronavirus. De esta manera se convirtió en la primera del entorno del expresidente Mario Abdo Benítez en ser condenada por hechos de corrupción.

• UNIDAD DE INVESTIGACIÓN NACIÓN MEDIA

Al menos media docena de exminis­tros y altos funcio­narios del gobierno de Mario Abdo Benítez están en la mira por numerosas irregularidades cometidas mientras se encon­traban en la función pública.

Patricia Samudio, extitular de Petropar, se convirtió ayer en la primera condenada del entorno del expresidente. Samudio, del primer anillo del expresidente Abdo Benítez, fue condenada a 4 años de prisión por el caso agua tónica, que generó un per­juicio de más de G. 300 millones a la institución estatal durante la pandemia del covid-19. Su esposo, José Costa Perdomo, fue sentenciado a 3 años y 9 meses de prisión. De acuerdo con la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 uni­dades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.

La lista continúa con 400 uni­dades de mamelucos descar­tables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 unida­des de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protectores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tampoco ingresaron a la institución. El dinero fue a parar en el pago de deudas de su marido, el también condenado Costa Perdomo.

Otro de los procesados del entorno de Mario Abdo Bení­tez es el exsenador y exminis­tro de la Senad y del Interior, Arnaldo Giuzzio.

El exministro enfrentará jui­cio oral y público por la causa penal de cohecho pasivo agra­vado en carácter de autor, por su presunto vínculo con el bra­sileño sindicado como narco­traficante Marcus Vinicius Espíndola Marques, quien fue detenido en el Brasil. Su causa comenzó cuando se dio a cono­cer que alquiló una camioneta, para unas vacaciones familia­res en el Brasil, de la empresa que pertenecía a Espíndola Marques.

De acuerdo con las investiga­ciones del Ministerio Público, Giuzzio mantuvo contacto con el presunto narco por más de seis meses, de julio de 2021 hasta febrero de 2022, cuando ya ejercía el cargo de ministro del Interior. Se presume que la intención del brasileño en ese entonces era proveer como “gentileza” chalecos antibalas y vehículos blindados al Minis­terio del Interior y, consecuen­temente, a la Policía Nacional, como así también “a título gra­tuito” el alquiler de una camio­neta de la empresa Ombu SA, propiedad de Espíndola.

Joaquín Roa Burgos, exminis­tro de Emergencia Nacional, también cuenta con procesos abiertos por su amistad con un supuesto narcotraficante.

Roa fue imputado en primera instancia en abril de 2021 por los hechos de cohecho pasivo agravado y lavado de dinero, junto con su amigo Alberto Koube, uno de los detenidos en el operativo A Ultranza PY. En noviembre pasado, la Fis­calía amplió la imputación e incluyó los hechos de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. De acuerdo con la imputación, “hay sospechas suficientes de que entre los años 2018 y 2021, Roa había adjudi­cado millonarias licitaciones a su amigo personal Alberto Koube, por un valor superior a G. 16.000 millones, para la obtención conjunta de bene­ficios económicos indebidos a costa de los fondos de la Secre­taría de Emergencia Nacional”.

La Fiscalía imputó al expre­sidente de la República Mario Abdo Benítez, al diputado Mau­ricio Espínola, al exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, al extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Carlos Arre­gui, al extitular de la Secreta­ría Anticorrupción René Fer­nández y a otras personas más por siete hechos punibles como “revelación de secretos de ser­vicio” y otros.

La imputación presentada por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti son por los hechos punibles de revelación de secretos de servicio (art. 315 del CP), revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación espe­cial (art. 148 del CP), inducción a un subordinado a un hecho punible (art. 318 del CP), denun­cia falsa (art. 289 del CP), simu­lación de un hecho punible (art. 291 del CP), usurpación de fun­ciones públicas (art. 241 del CP) y asociación criminal.

El Instituto de Pre­visión Social (IPS) está promoviendo acciones de ejecución contra empresas que adeudan a la previsional por aporte obrero patronal, millonarias deudas que la previsional quiere recu­perar en esta nueva adminis­tración. Entre las firmas que adeudan se encuentra un con­sorcio hotelero que pertenece a la familia de la esposa del expresidente de la República Mario Abdo Benítez, Silvana López Moreira.

El miércoles 17 de abril el Juzgado de Primera Instan­cia en lo Civil y Comercial ordenó el embargo de bienes de la empresa hasta cubrir el monto reclamado por la pre­visional, que asciende a G. 10.781 millones. “Tenemos la imperante necesidad de ir recuperando el dinero que el IPS tiene por cobrar. Tene­mos mucho por pagar, pero también tenemos muchos por cobrar”, remarcó Jorge Brítez en comunicación con el pro­grama “Arriba hoy”, del canal GEN y Universo 970 AM.

Llamativamente, durante la administración ante­rior, en el gobierno de Mario Abdo, el IPS trancó una acción judicial para llegar al cobro de la deuda del con­sorcio hotelero de la familia Bó que llega a los G. 10.781 millones. Jorge González, director Jurídico del IPS, explicó que en 2017 se logró una sentencia firme para el cobro de la deuda obrero patronal; sin embargo, lla­mativamente el IPS y el con­sorcio firmaron un acuerdo extrajudicial.

“Un juicio que inició en el 2014, el consorcio hotelero había planteado una excep­ción de inconstitucionalidad que fue a la Corte. En el 2017 quedó firme, en ese enton­ces, cuando inició recién la demanda era 5.300 millo­nes aproximadamente lo que debía”, señaló Gonzá­lez en entrevista con GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Siguió explicando que “al 2017 al quedar firme el fallo de la Corte no teniendo más recursos ni incidentes que plantear este consorcio, la deuda subió a G. 10.300 millones al día de hoy, según el reporte de la Dirección Obrero Patronal, G. 31.500 millones aproximadamente está debiendo ese consorcio hotelero”.

La previsional ganó el jui­cio en todas las instancias; sin embargo, en el 2018 “sor­prendentemente” el Con­sejo Administrativo del IPS aceptó un acuerdo extraju­dicial habiendo ya ganado en todas las instancias. “En ese acuerdo extrajudicial se acepta cuatro inmuebles que ofrecen ellos en ese momento, en el cual se comprometen a hacer pagos parciales y que si en 60 días no se cumple ese acuerdo se tendrá por rescin­dido ese acuerdo extrajudi­cial y se tendrá que ejecutar la resolución”, dijo el direc­tor jurídico.

Tras ese acuerdo extrajudi­cial, pasaron diez meses. Ocho meses más que lo establecido en el acuerdo extrajudicial se presenta misteriosamente ante el juzgado una homolo­gación del acuerdo, se lleva a cabo, y “en ese momento ya no se podía celebrar el acuerdo porque ya estaba 10 meses atrasado y con esa homolo­gación mataron todo el jui­cio”, según las explicaciones del director jurídico.

“Revisando los anteceden­tes del caso vimos que no se tomó ninguna medida más y, al asumir, lo primero que hicimos fue la ejecución del fallo de 2017 porque creemos que tenemos que reclamar, no podemos seguir permi­tiendo este tipo de conducta. La administración anterior dejó de emitir los títulos de créditos que la empresa tiene que abonar al IPS”, sentenció.