El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, mediante el decreto Nº 6.937, designó ayer a Miguel Ángel Villalba Rodríguez como encargado de despacho de la Procuraduría. La designación surge tras la salida del ex procurador Juan Rafael Caballero, quien asumió recientemente funciones como director jurídico de Itaipú, en reemplazo de Magnolia Mendoza, esposa del senador Silvio “Beto” Ovelar.
Villalba Rodríguez se desempeñaba en el cargo de director jurídico de la Procuraduría. El documento fue refrendado por el ministro del Interior, Eduardo González, y en el texto se menciona que estará a cargo de la institución hasta tanto se nombre a un nuevo titular.
La movida política surgió como consecuencia de que Mendoza y Ovelar decidieron incorporarse, con miras a las próximas elecciones internas partidarias previstas para el 18 de diciembre del presente año, al movimiento Honor Colorado, encabezado por el ex jefe de Estado Horacio Cartes, sector político que impulsa la chapa presidencial integrada por Santiago Peña y Pedro Alliana.
Recordemos que a finales del 2021, el Consejo de Convencionales Colorados de Alto Paraná le había solicitado a Mendoza renunciar al puesto que ocupaba dentro de la binacional. Esto al poco tiempo de confirmarse la salida de su marido legislador de las filas de Colorado Añetete, lo que motivó a los dirigentes a reclamar y exigir su desvinculación.
Mendoza ocupaba también un cargo partidario como apoderada general del Partido Colorado y había trabajado activamente por el movimiento Colorado Añetete en las elecciones municipales realizadas el pasado año. Su nombramiento en la entidad binacional se había dado tras la asunción del presidente de la República, Mario Abdo Benítez.
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Narcotráfico en la era Abdo y los hechos para unir con flechas
Que se hayan liberado los controles portuarios para dejar manos libres al tráfico a Europa no fue casualidad, tras los hechos que comienzan a surgir a medida que avanzan las investigaciones en el caso de José Insfrán, alias Tío Rico.
Incautaciones récord en puertos europeos de drogas salidas de Paraguay, encuentros del entonces titular de la Senad con un capo narco brasileño, una división de inteligencia en la que Tío Rico tenía a sus contactos para abortar los operativos en su contra son hechos que ayudan a atar los cabos y a verificar de qué manera se dejó el arco libre al narcotráfico en la era abdista.
Un crecimiento galopante tuvo el narcotráfico bajo el gobierno de Mario Abdo Benítez, según se constata en el informe elaborado en la administración anterior por la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), donde se muestra que el negocio en cuestión movió unos 25.000 millones de dólares entre el 2020 y el 2022, principalmente en el extenso listado de drogas incautadas en Europa y salidas de puertos paraguayos. El monto duplica al Presupuesto General de la Nación, según se publica en el portal digital Hoy.com.py
Hasta noviembre de 2022, se llegó a la cifra de 47 toneladas de cocaína incautada en países europeos. La cantidad, según se estima, era apenas el 10 % de toda la droga “exportada” por nuestro país. Desde el 2020 hasta agosto de 2023 fueron incautadas en el Viejo Continente 54 toneladas de cocaína remitidas desde Paraguay.
EL MINISTRO ANTIDROGAS Y UN AMIGO NARCO
El narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua confirmó durante audiencias ante la Justicia de su país que en Paraguay se reunió con el entonces ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, en tres ocasiones.
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“Trato directo” con el narcotráfico: Giuzzio y Abdo, vinculados a Tío Rico
La acusación del agente fiscal Deny Yoon Pak habría dejado al descubierto la vinculación de Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, con la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en el tiempo en que Arnaldo Giuzzio lideraba dicha institución.
Durante el gobierno de Mario Abdo, la entidad que debía luchar contra el tráfico de drogas accedía a información sensible a la par que habría tenido un nexo con el crimen organizado.
“Hablo de la estructura anterior y conforme a todo lo que los medios tuvo acceso y se hizo público, esto estaba infestado de gente corrupta que manejaba información sensible y que a su vez tenían una vinculación y trato directo con personas que hoy en día están acusadas por el Ministerio Público”, expresó el propio Jalil Rachid, respecto a la información que trascendió este 22 de mayo.
De acuerdo a lo explicado por Rachid, en el periodo anterior se crearon varias direcciones y dependencias dentro de la Senad, cuya existencia no tenía soporte técnico ni jurídico. Entre las mismas se encuentra la Dirección de Inteligencia Técnica (DIT), desde la cual se compartía información con Tío Rico, esto según la propia Fiscalía.
TRANSCRIPCIÓN
Una de las transcripciones del Ministerio Público expresa lo siguiente:
-Miguel Insfrán: “Porque yo tengo respaldo arriba, que garantiza por mí, porque soy correcto”.
-El judío: “Por eso hablamos”.
-Miguel Insfrán: “Pero con quien estoy viendo todo esto es con mi contacto ya ahora de la DIT… contá conmigo”.
Esta Dirección de la Senad liderada por Giuzzio durante el gobierno de Abdo habría accedido a las intercepciones de llamadas de Tío Rico, Sebastián Marset, Schwartzman y otros del grupo criminal. Llamadas, mensajes, acceso a datos personales, planes de allanamientos, contactos sospechosos colectados por la institución.
Durante la gestión de Giuzzio en la Senad y Abdo como presidente, también se dio el desmantelamiento de controles en puertos y se abortaron procedimientos. La institución nunca pudo interceptar cargamentos importantes de droga y otras sustancias, que llegaban a puertos de Europa, desde donde llegaba la noticia de que nuestro país había sido una ruta de la droga.
IMPUTADO POR NEXOS CON NARCO
Arnaldo Giuzzio fue imputado por la Fiscalía por sus nexos con Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua, vinculado al tráfico de droga y lavado de activos, con quien estuvo a punto de establecer contratos durante su paso por el Ministerio del Interior e, incluso, el sindicado narco le prestó una camioneta para que el exministro fuera de vacaciones al Brasil con su familia.
“Había ciertas cosas dentro de la estructura del organigrama de la Senad que no me gustaron, que me llamaron la atención y prácticamente desmantelé lo que era la estructura de la institución y reestablecí algunas direcciones”, detalló a la 1020 AM Rachid. También dijo que esta acusación del Ministerio Público es bastante grave, dado que se trata de personas que se valieron de la institución para lucrar en conjunto con el crimen organizado.
“Espero oficios por parte del Ministerio Público y estoy hablando como un exfiscal, espero que hagan los pedidos de informes que necesiten, las puertas de la Senad están abiertas para lo que necesiten desde el punto de vista legal. Con posterioridad de eso espero imputaciones porque esto es denigrar a una institución como la Senad”, aseveró.
El grupo comandado por Tío Rico y Marset estaba vinculado a grandes volúmenes de exportación de droga, así también como en asesinatos como el de Mauricio Schwartzman, Diego Andrés Oliveira (primo de Marset), Fátima Rejala (cocinera de Miguel Insfrán) y otros que fueron producto de las sospechas de haber traicionado pasando datos a la Policía no amiga, o “fallando” en procedimientos de envíos de la carga ilegal a Europa.
ESPERAN IMPUTACIONES
El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, se refirió a la acusación de la Fiscalía en contra de la institución que actualmente lidera, la cual habría tenido vínculos con el sindicado narcotraficante Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico. Rachid fue contundente al afirmar que su administración es diferente a la anterior y que está abierto a que se hagan las investigaciones que sean necesarias.
De hecho, el extitular de la Senad Arnaldo Giuzzio fue imputado por el Ministerio Público por sus nexos con Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua, vinculado al tráfico de droga y lavado de activos. En este contexto, saltaron estas acusaciones de la Fiscalía en contra de funcionarios de la institución antidrogas, por lo que el ministro espera que se hagan los requerimientos correspondientes.
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Claves de la operación “garrote” montada por Abdo y su gavilla
La causa penal abierta contra el expresidente de la República Mario Abdo Benítez y otros exmiembros de su gabinete posee un cúmulo de pruebas presentadas por la Fiscalía. Testimonios, pericias y varios documentos sustentan la denuncia por persecución política alegada por el denunciante, el expresidente Horacio Cartes.
Pese a la contundencia de las evidencias colectadas por los agentes fiscales, actualmente la causa se encuentra paralizada por más de una docena de chicanas presentadas por los abogados defensores al solo efecto de paralizar la causa judicial. En el plano político sigue pendiente de definición el pedido de desafuero para Abdo Benítez y su exsecretario y actual diputado, Mauricio Espínola.
Por otra parte, la estrategia de defensa mediática desarrollada por los medios abdistas, principalmente el diario Abc, se basa en una constante campaña de ataques, mentiras o medias verdades contra los funcionarios que colaboraron para esclarecer el caso.
La campaña de los medios también se enfoca en sabotear la incipiente investigación fiscal atacando a los fiscales que investigaron el caso. Ahora el expediente debe destrabarse en la sala penal de la Corte. Estas son las claves para entender el operativo “garrote” ordenado por Abdo desde la Seprelad para perseguir a enemigos políticos.
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Avance de la causa contra Abdo y gavilla está en manos de la Corte
La Sala Penal deberá decidir la recusación contra los integrantes de un tribunal de alzada que fueron impugnados por la defensa del extitular de la Seprelad Carlos Arregui.
Hace más de 15 días que los ministros e integrantes de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Ramírez Candia no resuelven la recusación que pesa sobre un tribunal de apelaciones. Los camaristas que se buscan recusar son María Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera, recusados por el abogado Felino Amarilla, defensor del imputado por la filtración de información de la Seprelad, Carlos Arregui, quien además era titular de este organismo.
Una vez que los altos magistrados se expidan sobre la recusación contra los camaristas, los mismos deberán estudiar la recusación que se presentó contra la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera. En caso de que la referida magistrada sea confirmada para el presente caso deberá estudiar más de doce chicanas presentadas por los abogados de los excolaboradores de Mario Abdo Benítez, imputados por siete hechos punibles.
En la máxima instancia judicial ya se tiene un voto en relación a la recusación contra los integrantes del tribunal de alzada y solo faltarían dos votos para poder destrabar el presente proceso penal de Abdo y su gavilla.
El abogado Felino Amarilla, defensor de Carlos Arregui, recusó a los tres integrantes de la Cámara de Apelación por supuesta imparcialidad y falta de independencia debido a que la defensa no sabía de qué manera se hizo el sorteo para que pueda salir sorteado el tribunal de apelación, que luego fue recusado. Argumentan que no confían en el software de sorteo por lo que piden que sea público. El presente argumento no tiene sustento jurídico y la acusación fue al solo efecto de dilatar el presente caso que ahora está en manos de la sala penal de la Corte poder destrabar.
Igualmente, el abogado Emilio Fúster había recusado a la jueza penal de Garantías Lovera, quien debido a dicha situación no pudo realizar la audiencia de imposición de medidas cautelares para los siete imputados en el presente caso. Si bien Mario Abdo y el diputado Mauricio Espínola fueron imputados por la Fiscalía, una vez que el Senado y la Cámara Baja retiren los fueros a ambos se admitirá la imputación para los dos.
ADMISIÓN DE IMPUTACIÓN
La jueza penal de Garantías Cynthia Lovera resolvió admitir la imputación contra Mario Abdo Benítez luego de reunir los requisitos establecidos en nuestra normativa legal y a su vez procesó penalmente a los imputados Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda, y Francisco Pereira. Con relación al expresidente de la República Mario Abdo Benítez y el diputado Mauricio Espínola se pidió el desafuero correspondiente.