Este miércoles, la Cámara de Senadores decidió aprobar el proyecto de ley que prevé el uso de tobilleras electrónicas, para impulsar la puesta en vigencia de mecanismos de control electrónicos. La reglamentación pasa ahora al Ejecutivo para su aprobación o veto.
La propuesta fue impulsada por el Poder Ejecutivo, a través de los ministerios del Interior y de Justicia. El ministro del Interior, Enrique Riera, había destacado la importancia de avanzar con la reglamentación y así mejorar el sistema de control policial para quienes cuentan con prisión domiciliaria.
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En la iniciativa del Ejecutivo se propuso que los materiales electrónicos sean costeados por los procesados, mientras que Diputados modificó dicho punto, estableciendo al Estado para costear los aparatos, en caso de una declaración justificada y comprobada de insolvencia.
Además, Riera había adelantado que ya existen recursos para un plan piloto para las tobilleras. Aproximadamente en dos semanas más se estaría abriendo la convocatoria a licitación, teniendo en cuenta el visto bueno por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic).
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Aplicación de la ley
Por acuerdo con el Ministerio de Economía, se habría determinado la inversión inicial de USD 3 millones para el plan piloto, lo cual implicaría la compra de un mínimo de 100 y un máximo de 3.000 tobilleras. Plantean aplicar los dispositivos a 10 personas procesadas por mes.
Se podrá acceder a la georreferencia y se podrá hacer un seguimiento de las personas que las porten. Se destinarán mayormente a personas vinculadas a casos de violencia intrafamiliar, dado que existe un promedio de 95 llamadas al día al 911 y cerca de 20.000 denuncias al año por el hecho.
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La ley fue aprobada con modificaciones claves, entre ellas las de la Comisión de Derechos Humanos, la cual estableció al Ministerio de la Mujer como una de las instituciones intervinientes en torno a la aplicación de las tobilleras electrónicas.
Además, se destacó que el dispositivo representaría un costo casi mínimo para el Estado. El monto total representaría la mitad de lo que cuesta estar en una penitenciaría, que se encuentran superpobladas, por lo cual la ley también representará un ahorro en ese sentido.