El contralor general de la República, Camilo Benítez, desmintió la publicación de un medio de comunicación que expone una supuesta postura del mismo, con relación a la pérdida de investidura de un parlamentario, en este caso de la senadora Kattya González. Benítez indicó que en ningún momento expresó que el Congreso no puede expulsar a la legisladora por el caso del funcionario de la Contraloría, José Luis Torales, comisionado al Senado para cumplir funciones en el despacho de la senadora.
“Acá es muy importante aclarar que yo, como contralor general de la República, no debería de inmiscuirme en la competencia de otros órganos constitucionales del Estado, en este caso del Poder Legislativo, mal podría decir qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer, y de ninguna manera dije yo que esto no se puede hacer”, afirmó en entrevista a la 1080 AM.
El contralor aclaró que fue consultado sobre un hecho puntual, el pago de bonificaciones al funcionario comisionado, sobre lo que respondió que no existen ningún tipo de irregularidad teniendo en cuenta que es una práctica que se aplica en todas las instituciones públicas del Estado.
“Simplemente, a una pregunta específica de que en pago de bonificación a un comisionado constituye un hecho punible, yo digo que no, a una conducta que está regulada por la ley, específicamente, por la ley de presupuesto y por su decreto reglamentario, todos hacemos esa conducta, todos los poderes del Estado tienen comisionados en sus instituciones y le pagan la gratificación o bonificaciones si tienen cargos de confianza, que fue específicamente lo que yo había hecho”, explicó.
Actividad política
Sin embargo, en el caso de José Luis Torales, funcionario que prestó servicios para Kattya González, se da otra situación, que él mismo participó activamente en la política partidaria, siendo candidato a un cargo electivo, e incluso fue presidente de un partido político cuando el reglamento interno de la Contraloría expresamente restringe las actividades políticas. “No es menos cierto que una persona a sabiendas de que hay una ventana para producir una excepción a la regla pueda articular de manera trampa en el sistema”, manifestó.
En este caso, el propio Torales argumentaba que el funcionario comisionado se rige por el reglamento a la institución que es traslado, lo que el contralor indicó que en principio no es erróneo, pero existe una conducta moral reprochable en este tipo de casos.
“Si, por ejemplo, el pedido de comisionamiento interinstitucional se realizó para que dicho funcionario realice política activa, si el pedido se hace para que el otro pueda eludir el reglamento interno de la Contraloría y ser candidato y ser presidente de un partido, en ese caso, atentaría contra nuestro reglamento interno, claramente sería una conducta reprochable para nosotros, conforme a nuestro reglamento interno”, sentenció.
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