El diputado Rodrigo Gamarra anunció ayer jueves que plantearía un juicio político para el subcontralor Augusto Paiva, quien supuestamente habría “blanqueado” a un funcionario de la Contraloría General de la República (CGR) para que funja de asesor de la senadora Kattya González, del Partido Encuentro Nacional (PEN); a la que señala que pudo haber cometido un tráfico de influencias. El planteamiento se dará dentro de la bancada oficialista.

“Ocurrieron demasiadas situaciones en el Congreso Nacional, que es el foco de atención en estos últimos días por los casos que se denunciaron sobre supuestos nepotismo. A raíz de esto, saltó el caso de José Torales, que sí realmente es una falta grave al código de ética de la Contraloría, que casualmente es presidente del Partido Encuentro Nacional y fue candidato a diputado por este sector”, sostuvo el diputado Rodrigo Gamarra, este viernes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

De acuerdo a la nómina de la Función Pública, Torales, quien formaba parte del plantel de la asesoría jurídica de la Contraloría, habría estado percibiendo remuneraciones desde agosto del 2023 en ambas instituciones, es decir, en el órgano extraporder y en la Cámara Alta, alzándose con un total de G. 20 millones al mes.

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“Tiene un doble cobro de salario, incluso de aguinaldo tanto en la Contraloría como en la Cámara de Senadores. Los documentos están a la vista, esto es público. Hay muchos hechos que demuestra que amerita que se realice un juicio político”, comentó el legislador a Nación Media. Sin embargo, el pase definitivo del funcionario al Senado recién fue homologado el pasado 17 de enero por parte de Paiva, a través de un documento firmado tan solo un día después que se realizó el pedido de traslado.

Esto no solo afecta al funcionario en cuestión, sino que al subcontralor y a la senadora en un caso de tráfico de influencia comprobada, que también amerita hasta inclusive una pérdida de investidura. Todo esto se dio ante el silencio y complicidad comprobada del subcontralor que trata de blanquearlo trasladándole de manera definitiva al Congreso, cosa que todavía no se dio. Hizo una nota donde si puede acceder al pedido del presidente del Congreso, que lo hace también a pedido de la senadora. En este caso existe un tráfico de influencia fehacientemente comprobada hasta por escrito”, explicó Gamarra.

Agregó que ambos temas serán debatidos el próximo martes en Diputados, entre los integrantes de la bancada del movimiento Honor Colorado. No obstante, el planteamiento de despojar a González de su investidura es exclusivamente potestad de la Cámara Alta.

Si esto se revé en las próximas horas, se agarra el toro por las astas y colocan en orden la casa, dejaremos sin efecto el pedido (enjuiciar a Paiva). Lo que corresponde es que la Contraloría no remita a este funcionario a la cámara, que se le haga un sumario, que sea apartado del cargo y que devuelva lo percibido, que este tema pase al fuero penal”, indicó el diputado a Nación Media.

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