El concejal de Asunción por el Partido Patria Querida (PPQ) Pablo Callizo sostuvo que la millonaria indemnización de USD 13 millones, más intereses que a la fecha suman aproximadamente USD 2.400.000, debe ser pagada por el expresidente Mario Abdo Benítez y el exministro Arnorldo Wiens. El mismo indicó que ambos fueron responsables de la suspensión de este contrato y es por ello que se inició la demanda de la empresa Mota-Engil contra el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

El concejal citó la Ley número 1535, de Administración Financiera del Estado, que en su artículo 82, de las responsabilidades, menciona algunos tipos de infracciones. “Lo que nosotros decimos es que tienen que pagar esto los que tomaron la decisión. La ley de administración financiera expresa claramente que si hay algún tipo de daño patrimonial contra el Estado, deben pagar con su patrimonio los responsables”, indicó en entrevista para La Nación/Nación Media.

Podés leer: Caso Metrobús: Gobierno definirá estrategia procesal la próxima semana

Sostuvo que el Ministerio de Obras, bajo la presidencia de Mario Abdo, fue el responsable de la suspensión de este contrato, por el cual, la Procuraduría General de la República recibió una notificación del laudo arbitral internacional en la demanda de Mota-Engil. “En este caso, el responsable directo era el exministro Arnoldo Wiens, por ser el ministro del MOPC y obviamente el presidente también que acompañó esta decisión de suspender”, mencionó.

Callizo indicó que en todo momento mantuvo la postura de que fue un error del gobierno de Mario Abdo suspender las obras del metrobús que estaba llevando adelante la empresa Mota-Engil. “Eso fue un error de la administración anterior, suspender el proyecto, y obviamente tenía sus complicaciones, sus dificultades, las cosas que se tienen que corregir del proyecto, suspender el proyecto iba a ser mucho más perjudicial para el país y también para la ciudad de Asunción y todas las ciudades que contemplaba el proyecto”, indicó.

Agregó que “básicamente se le dejaba sin alternativa a todas las personas que podían utilizar ese servicio de transporte, además que se ejecutó básicamente dos años la obra sin que esto genere un beneficio, finalmente, se hizo para nada prácticamente”. Asimismo, refirió que, en todo caso, lo que se debió haber hecho en ese momento era cancelar el contrato con Monta-Engil y licitar un nuevo proyecto si es que se tenía realmente los argumentos. “Pero lastimosamente el gobierno anterior decidió eso y ahora se está viendo los resultados”, cuestionó.

Por otra parte, habló de las acciones que debe tomar a partir de ahora el gobierno, que primeramente debe apelar el laudo arbitral, y evitar pagar el monto de la indemnización, o en todo caso disminuir ese monto.

“Estamos hablando de un monto muy alto, es un perjuicio muy grande al Estado, porque ese dinero que se está pagando como indemnización se podría utilizar para pagar otros tipos de cuestiones, como obras, lo que realmente necesite la ciudadanía y no que finalmente termine siendo pagado para eso, eso es lo más triste. Finalmente, fueron 44 millones de dólares los que se gastaron para un proyecto que al final no se concretó, lastimosamente”, sentenció.

Otras de las acciones, es abrir una investigación y determinar a los responsables de la suspensión del contrato. “Paralelamente a eso, se debe abrir una investigación sobre los responsables directos de la cancelación del contrato con Mota-Engil y ahí determinar los responsables y qué tipo de pena deben pagar”, puntualizó.

Leé también: Este fin de semana se podrá apreciar el esplendor del Palacete De Vargas