Este martes, en sesión extraordinaria, la Cámara de Senado aprobó en general, y luego en particular, el proyecto de ley de Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, pasando así la propuesta a la Cámara de Diputados. El proyecto fue aprobado con determinadas modificaciones en algunos artículos esenciales, garantizando los cambios propuestos y exigidos por la ciudadanía en general y los líderes sindicales de los sectores que estarán incluidos en el control de la Superintendencia.
Una de las modificaciones se aplicó al artículo 31, el cual, en su versión original, hablaba de una protección legal para los funcionarios de la superintendencia y los interventores durante el desarrollo de una posible intervención. Con la modificación, se estipula la revisión judicial correspondiente durante los procedimientos desarrollados, no dando posibilidad a ninguna inmunidad.
“Se tomaron casi todas las modificaciones planteadas por los trabajadores. Por ejemplo, se ha establecido que la dirección y administración general se regirá por las disposiciones establecidas en las respectivas cartas orgánicas de las cajas; es decir, se deja en claro que los fondos estarán administrados por las ocho cajas, respectivamente”, declaró el senador Derlis Maidana sobre los cambios planteados.
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Esto, aparte de establecer de manera taxativa la prohibición de que el Instituto de Previsión Social (IPS) conceda préstamos al Estado, a los entes descentralizados y a las municipalidades. “De igual forma, no podrá instrumentar operaciones con bonos ni otro título de deudas permitidas por el Estado. Viene esto a reasegurar que la administración queda exclusivamente a cargo de cada caja”, subrayó el senador.
Otro punto de discusión fue el artículo 11, el cual en su presentación original no contemplaba préstamos a los afiliados, pensionados o jubilados. Con la modificación, ese préstamo, siempre conforme a la carta orgánica de cada caja de jubilación, queda garantizado. “La Superintendencia lo que viene a hacer es controlar que cada uno de los fondos de las cajas sean bien utilizados”, remarcó.
Además, queda estipulado que no se deroga para la Superintendencia la ley de acceso a la información pública, con lo cual se apunta a la transparencia. Por otra parte, queda establecido que el superintendente rinda cuentas ante el Consejo de Seguridad Social, el cual estará compuesto por un representante del Banco Central del Paraguay (BCP), otro del Ministerio de Economía, del Ministerio de Trabajo, así como del sector de jubilados, empleadores y trabajadores.