El Ministerio Público amplió la imputación contra Joaquín Roa, exministro de la Secretaría Nacional de Emergencia (SEN) y la nueva causa atribuida es lesión de confianza y administración en provecho propio. Las investigaciones de la Fiscalía revelaron cómo el exministro y Alberto Koube, acordaban las licitaciones e inflaban los precios, para posteriormente repartirse el dinero entre ambos.

En todos los mensajes se pueden ver que no solo en esta licitación, sino también en las anteriores, ellos se distribuían las utilidades de las licitaciones”, explicó el fiscal Silvio Corbeta a la 650 AM. El Ministerio Público accedió a los mensajes que compartían Roa y Koube y concluyeron que en una sola licitación de chapas, se repartieron G. 102 millones provenientes de la SEN.

Koube y Roa simulaban el proceso de licitación, y las adjudicaciones se realizaban a empresas de terceras personas, no obstante, el dinero de la Secretaría, era depositado en la cuenta de la empresa Tapyracuai de Alberto Koube, y este, para justificar el endoso del cheque, emitía facturas de crédito por servicios prestados a las firmas ganadoras de licitaciones.

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En la trama de los mensajes se puede ver cómo ellos planifican a qué empresa van a hacer que participe de esta licitación. También se puede ver que efectivamente se proveyeron las 70.000 unidades chapas, pero en este caso la SEN pagó G. 2.300 millones y lo que costó realmente rondó los G. 1.500 millones, esa diferencia es lo que estamos atribuyendo al ministro en carácter de lesión de confianza y administración en provecho propio”, detalló.

El exministro y Koube no solo conversaron sobre esta licitación, en los mensajes se da entender que había adjudicaciones anteriores y se refieren al dinero a ser distribuido entre ellos como “vuelto”, “pan dulce”, “canasta”, entre otros. “Acordaban una licitación y un precio y esa diferencia es la que ganaban ellos a costa de la SEN”, sentenció Corbeta.

La Fiscalía atribuye a Joaquín Roa los hechos punibles de lesión de confianza y administración en provecho propio, asociación criminal y lavado de dinero. Alberto Koube fue uno de los detenidos en el operativo A Ultranza. Es propietario del “Grupo Tapyracuai” y sus vínculos con el exministro motivaron la destitución de este en el 2022.

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