El 4 de octubre quedó sancionada por la Cámara de Diputados el proyecto de ley de créditos de carbono y fue remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto. El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) explicó los beneficios de esta normativa en materia social, económica y ambiental y que ubica a nuestro país entre los pioneros de la región en contar con un marco jurídico para el mercado de créditos de carbono.
En la región solo cuentan con una legislación a la venta de créditos de carbono Brasil, Chile, Colombia y Ecuador, por lo que nuestro país se ubica entre los pioneros en contar con un marco jurídico para este mercado. Con esta ley lo que se crea es un marco jurídico para el mercado de créditos de carbono, el cual actualmente ya opera pero sin que exista un marco regulatorio y sin que las instituciones tengan un registro oficial de quienes forman parte de este mercado voluntario.
Pero, ¿en qué consiste realmente este mercado? Las actividades productivas alrededor del mundo generan altos niveles dióxido de carbono, lo cual representa un peligro para el medio ambiente puesto que influye directamente en el calentamiento global. Mediante la ley, las empresas nacionales y extranjeras inscritas voluntariamente, podrán invertir en proyectos ambientales para compensar las emisiones realizadas y a esto es lo que se denomina la compra de créditos de carbono.
Millonarias inversiones
Nuestro país solo genera el 0,10 % de las emisiones a nivel mundial, detallaron desde el Mades, por lo cual Paraguay sería foco de grandes compras de créditos de carbono por parte de empresas internacionales, lo cual generaría alrededor de USD 1.000 millones de dólares en sus primeros años de aplicación, según las estimaciones de la institución.
“Estamos conscientes de que hay varios fondos de inversión que están analizando aterrizar en el país, independiente a los proyectos que ya se están desarrollando, entonces en ese sentido nosotros pensamos que va a haber esa inversión estimada”, manifestó a La Nación/Nación Media el director jurídico del Mades, Víctor González.
Esta ley representa una retribución financiera y social a las tareas de conservación del ambiente que implementa Paraguay, lo cual permitirá obtener una gratificación económica al tiempo en que se garantiza el desarrollo sostenible, refirió González. También va a permitir realizar un diagnóstico de este fenómeno que ya es una realidad en el país para poder impulsar todas las inversiones internacionales y para poder determinar un control correcto.
Si bien las certificaciones para la participación en la compra y venta de los créditos de carbono, serán entregadas por el mercado privado internacional, el Mades tendrá la función de crear un registro de quiénes operen en nuestro país y, a la vez, deberá dar el visto a los proyectos que quieran ser desarrollados en Paraguay.
“Se establece un marco jurídico para la participación en el mercado porque ya está ocurriendo en el país, por eso es sumamente importante establecer una base jurídica para darle seguridad a este mercado y demostrar el reconocimiento del Estado paraguayo a estos mercados y poder apoyar e impulsar esto en el marco del respeto de las leyes nacionales”, sostuvo.
No es una imposición
Desde el Mades aclararon que esta ley no significa la imposición de un límite para las emisiones de estos gases, esto debido a que los niveles de Paraguay aún se ubican muy por debajo en comparación con otros países, y en razón de esto, se busca aprovechar ese activo que tiene nuestro país, lo cual nos permitirá ser foco de grandes proyectos de inversión
“Tenemos una expectativa que sea promulgada en un máximo de 10 días y la reglamentación estamos con la intención de terminarla ya para el mes de noviembre, tener un pequeño borrador y así operar ya a finales de dicho mes”, expuso el director jurídico quien califica la sanción de esta ley como algo totalmente positivo para nuestro país en materia medioambiental.
“Por las inversiones que van a venir, la capacitación de mano de obra que vamos a recibir de manera directa, vamos a crear un nuevo mercado de servicios y vamos a contribuir a la recompensa que deben recibir aquellas personas que se esfuerzan por el cumplimiento de la conservación. Queremos migrar de un modelo netamente sancionatorio y pasar a un modelo de retribución a aquellos que vienen conservando los recursos naturales”, destacó.