El exsenador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Fernando Silva Facetti repudió que bajo la titularidad de Efraín Alegre la agrupación tradicional haya usado sus recursos económicos provenientes del aporte estatal para la defensa jurídica de los atracadores e incendiarios del Congreso Nacional y otros procesados por diversas causas judiciales.
Silva Facetti se refirió al reclamo de Liliana Boccia, abogada y apoderada del efrainismo, quien exige a la nucleación tradicional el pago de G. 159 millones, correspondiente a un contrato de G. 6 millones al mes por defender a Stiben Patrón, Marco Antonio Báez, Luis Sánchez y Raúl Sánchez en el juicio por la quema del Congreso Nacional, acontecida el 31 de marzo de 2017.
“Son sus defendidos los que deben honrar su trabajo y no la institución que no es parte, la ley 4743/12, que regula el financiamiento político, modifica el artículo 70 y establece taxativamente en qué se pueden gastar los aportes y en ningún lado habilita a pagar honorarios de abogados por problemas personales de los afiliados”, dijo Silva Facetti a La Nación.
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Desde el efrainismo, para el pago de la defensa de los imputados se escudaron en el artículo 11 del estatuto partidario, el cual establece que los afiliados tienen derecho a ser defendidos por cuenta de la agrupación en los casos de que fueren “perseguidos políticos” y sufrieren atentados en sus derechos.
El planteamiento fue totalmente rechazado por Silva Facetti, quien en comunicación con el diario La Nación afirmó que “el estatuto partidario por el sistema de prelación de nuestro sistema legal está por debajo de la ley, es decir, es de menor jerarquía al Código Electoral, por lo que sus artículos no pueden contravenir los que manda la ley. Aunque el Directorio del partido te haya autorizado el pago, Alegre se hubiese negado, debido a que esto es burdo”.
Boccia también ejerció la defensa de Dylan Carreras, Luis Sánchez, Rubén Cáceres, Daniel Aquino y Stiben Patrón, acusados por la supuesta fabricación de bombas molotov dentro de la sede del PLRA, artefactos que, según el Ministerio Público, aparentemente se utilizaron para incendiar el Congreso Nacional.
Otras de las causas que llevó adelante la mencionada abogada mediante el percibimiento del dinero proveniente del aporte estatal al PLRA se centra en la causa “sabotaje del sistema informático”, relacionado a la investigación por la contaminación de la escena del crimen en la noche del 31 de marzo y 1 de abril de 2017, ocasión en que falleció el joven dirigente Rodrigo Quintana. En la citada causa fueron procesados Efraín Alegre Irún (hijo) y Stiben Patrón.
Mientras que en el caso por el “ataque y la quema de Colorado Róga”, acontecido el 17 de marzo de 2021, Boccia defendió a Pedro Areco y Luis Trinidad. “El que ordenó el pago (Efraín Alegre), como el que los realizó (tesorero) podrán tener sanciones penales. Gastaron la plata del Estado entregada al partido para un fin determinado en la ley. La Justicia Electoral deberá poner a conocimiento de la Fiscalía”, sentenció.