El diputado Orlando Arévalo pidió al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) que se aclare el caso de apropiación de una estancia en el Chaco, tras un error por homonimia. El parlamentario refirió que la situación expone la necesidad imperante de apostar a una mejor política de seguridad jurídica en el gobierno entrante de Santiago Peña, estableciendo mayor estabilidad y garantías para los connacionales y extranjeros.
El caso, expuesto en el programa “La caja negra”, por Unicanal, retrata la forma en que, para cobrar una deuda impaga, la Justicia presuntamente despojó y remató el inmueble de una persona que tenía el mismo nombre y apellido del deudor demandado. Al afectado ya fallecido, Peter Neufeld, de nacionalidad canadiense y sin cédula de identidad paraguaya, le despojaron de 500 hectáreas de su propiedad en Filadelfia.
El despojo se efectuó en un remate por G. 250 millones, cuando el inmueble estaba valorizado en USD 3 millones (unos G. 21.800 millones). Al hombre canadiense lo vincularon con un proceso por deuda impaga solo por tener el mismo nombre que el demandado, Peter P. Neufeld Peters, un ciudadano mexicano que firmó 8 pagarés en condición de codeudor.
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“Tanto los paraguayos como inversionistas extranjeros tienen las esperanzas puestas en el gobierno de Santiago Peña para contar con una verdadera seguridad jurídica. No podemos seguir apañando este tipo de situaciones, por eso lanzamos un mensaje contundente de que nos convertiremos en los supervisores de la justicia de nuestro país”, remarcó Arévalo en “La caja negra”.
El diputado expuso ante el pleno del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) el caso denunciado y solicitó que el hecho sea investigado, teniendo en cuenta el presunto involucramiento de varios funcionarios judiciales en el esquema. La apertura de la investigación sería sobre una estructura que opera en el Poder Judicial y el planteamiento ya fue aprobado por unanimidad en la sesión del JEM.
“Como miembro del JEM, al tomar conocimiento de esta situación, me sentí muy preocupado por la vulneración de la seguridad jurídica en nuestro país. No podemos permitir que los magistrados en nuestro país incurran en este tipo de actos porque se trata de una rosca judicial encargada de fraguar toda una serie de situaciones para enajenar un bien privado”, lamentó Arévalo.
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