El senador Enrique Riera sostuvo que jurará el próximo 1 de julio como legislador reelecto para el periodo 2023-2028 y a partir del 15 de agosto solicitará permiso al pleno de la Cámara Alta para asumir funciones como ministro del Interior del nuevo gobierno, que será encabezado por Santiago Peña.
Mientras Riera lidere la cartera de seguridad interna, su banca será ocupada por el exministro de Salud Pública y actual senador Antonio Barrios, teniendo en cuenta que es el suplente n.° 1 de la Asociación Nacional Republicana (ANR).
La solicitud de permiso será por tiempo indefinido, de tal forma que el día que le toque retirarse del ministerio, pueda regresar al Senado. Por otra parte, manifestó que su gestión no se centrará solo en la represión, sino que buscará implementar una política de colaboración con los demás ministerios, gobernaciones, intendencias y otras instituciones públicas.
“El presidente y yo sabíamos que podía haber resistencia en algunos sectores, pero tengo claro que hay 2 funciones básicas conformes a la ley y la Constitución, por un lado tengo la seguridad interna y por el otro lado la gobernabilidad democrática. En el primer campo la idea no es solamente una labor represiva, sino sobre todo una labor preventiva de mucho diálogo, colaboración con los municipios, las gobernaciones y también con otros ministerios”, expresó mediante una entrevista con el programa “Duro de callar” del canal GEN/Nación Media.
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Por otra parte, se refirió a los cuestionamientos sobre su designación como ministro del Interior que apuntan a que el dirigente colorado implementará solo una acción represiva, con acciones violentas contra las luchas sociales y las disidencias políticas y sociales.
“Yo soy el hijo de un hombre perseguido por sus ideas, mi padre estuvo preso 27 veces, estuvo exiliado 2 veces, entonces lo último que haría es perseguir a la gente por sus ideas”, comentó.
Asimismo manifestó que mantendrá una gestión abierta centrada previamente en el diálogo. “Todos pueden reclamar lo que corresponde, pero dentro del marco de la ley no se puede justificar por más justa que sea la causa, cerrar las rutas, invadir las tierras o generar violencia, esto es lo que afecta a terceros. Se debe agotar el diálogo, pero si no se entiende razones tenemos que encontrar la fórmula para que el resto de los paraguayos disfruten de sus derechos constitucionales”, indicó.
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