El juez Humberto Otazú indicó que cuenta con un plazo de 48 horas para emitir su resolución sobre el pedido de frenar la convocatoria de la megalicitación del Instituto de Previsión Social (IPS), referente a la intención de tercerizar por 10 años el servicio de lavado y planchado de ropas hospitalarias por 67.000.000 de dólares.

“Para que el juzgado pueda tener la claridad de qué es lo que está sucediendo también necesitamos escuchar a la otra parte (autoridades del IPS). Esto es una circunstancia que tomó estado público en la prensa y a través de la misma, me voy enterando de algunas cosas. Las autoridades del IPS tienen tiempo de responder hasta este viernes, espero que lo hagan en un horario prudente para poder avanzar”, manifestó en una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por la radio Universo 970 AM/Nación Media.

El amparo judicial y la medida cautelar fueron presentadas el pasado martes 30 de mayo, por Sergio Lovera, titular del Sindicato de Profesionales del IPS, y el abogado José Duarte, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la previsional. Ese día el magistrado informó al IPS respecto al litigio judicial.

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Yo tengo 48 horas para emitir mi resolución conforme a la ley. Me tocará estudiar el caso todo este fin de semana. Los plazos para su cumplimiento son improrrogables, son juicios especiales. Acá solo hay dos camino, es un sí o es un no (suspender o dar vía libre a la convocatoria para la licitación)”, puntualizó.

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Llamativamente la convocatoria fue acelerada tras los comicios generales del 30 de abril y se pretende su concreción antes de la asunción del próximo gobierno. La disposición cuenta con las firmas de Bataglia, Ricardo Vicente Oviedo y Roberto Brítez, miembros del Consejo de Administración como representantes del Ministerio de Salud Pública y de los Jubilados y Pensionados.

“Yo debo saber primeramente si cuando se presentó la acción del amparo ya existía o no un llamado a licitación, luego tengo que evaluar si el patrimonio se vería perjudicado, de quién o quiénes, cómo y cuándo, si ese acto administrativo es contrario a la ley o si esa omisión pueda perjudicar a alguien. Todas estas circunstancias vamos a poder evaluar una vez que el IPS conteste. Ahí haremos el contraste con los hechos que afirman los amparistas en este caso”, indicó Otazú.

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