Teniendo en cuenta que actualmente tanto la administración del Gobierno central como la de las gobernaciones se encuentran en un proceso de transición de autoridades, salta a la vista la problemática de los contratos y licitaciones a los cuales se les da vía libre durante este periodo y que podrían afectar al siguiente gobierno.

En este sentido, el director de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Pablo Seitz, en conversación con La Nación/NaciónMedia ,remarcó que es necesario que exista una regulación en cuanto a estos procesos, teniendo en cuenta que en la actualidad la única ley con la que se cuenta en este periodo es la de la ejecución como máximo de hasta el 60 % del presupuesto con el que se cuenta para este año.

“Es conveniente (tener una regulación)”, dijo Seitz, en conversación con La Nación/Nación Media, “porque es importante recordar que el mundo de las compras públicas es un mercado y como todo mercado requiere de estabilidad para que sus actores puedan disponer de la mejor manera posible de las oportunidades, no es solamente el precio, la cantidad de ofertas y otros elementos”, comentó.

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Pablo Seitz explicó que lo más prudente sería que, llegado el momento del traspaso, se analizaran en dos grandes grupos los contratos y licitaciones con los que cuenta la administración actual, por un lado, los contratos y licitaciones que se encuentran en regla con los requisitos y, por otro lado, los que tengan algún tipo de irregularidad conocida y que sea denunciada a la DNCP para su posterior investigación, impugnación y posible suspensión o revisión según amerite el caso.

“Lo importante es que esos equipos de transición del Gobierno tanto entrante como saliente se sienten a trabajar respecto a los procesos de contrataciones que no tienen ningún tipo de irregularidad, de denuncia y ningún problema legal y que analicen y tomen una decisión político administrativa coordinada respecto a esos procesos posibles y futuros”, aseguró el director de la dirección de Contrataciones Públicas.

El mismo aclaró además que actualmente no existe una ley que autorice a la Dirección de Contrataciones Públicas a frenar los procesos de licitaciones en razón de que alguna administración esté en etapa de transición, a pesar de la cantidad o frecuencia con que las mismas se presenten.

Seitz recomendó que en el caso de que se trate una reglamentación, los tópicos a tenerse en cuenta en torno a las contrataciones públicas propiamente deben ser las obligaciones financieras, pagos del Estado y no solo sobre las compras públicas sino que de cualquier otro pago que deban efectuarse, acuerdos en general que pueda suscribir la administración pública a nivel nacional e internacional, manejo de recursos humanos y todos los temas que puedan resultar importantes y que no se deban ver afectados por el cambio de la persona que toma las decisiones.

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