El equipo de transición del Gobierno electo, integrado por José Alderete y Lea Giménez, solicitó al Ejecutivo la suspensión de los procesos de contratación pública plurianuales, así como los concursos, recategorizaciones y adendas en los contratos. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, contestó a través de su Gabinete Civil que no interrumpirá nada.
“Nosotros estamos abiertos a revisar las licitaciones puntuales, lo que no podemos es permitir o incidir en que el Estado deje de funcionar regularmente. Las licitaciones se ciñen a un cronograma planificado con meses de antelación y deben cumplirse en ese ejercicio fiscal. Suspender esos procesos podría ocasionar un perjuicio al Estado y a la ciudadanía”, argumentó en conversación con la radio 730 AM Hernán Huttemann.
El jefe de Gabinete Civil enfatizó que Abdo Benítez es quien tiene la lapicera hasta el 15 de agosto, y es él quien asume las responsabilidades, indicó. Hutteman detalló que de las 1.815 licitaciones que son parte de presupuestos plurianuales, el grueso está compuesto por compra de medicamentos e insumos medicamentos del IPS al Ministerio de Salud, abastecimiento de combustible de Petropar, mantenimiento del sistema distribución eléctrica del país, entre otros.
“Es parte del proceso de planificación que llevó meses. No se puede partir de la premisa de que tenemos que parar esto. Se tienen que ver cuáles son las licitaciones que se creen que tienen inconvenientes y plantearlo formalmente en el equipo de transición”, agregó.
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Uno de los concursos más cuestionados y sonados, es el realizado por la Itaipú Binacional, para llenar 220 vacancias, de las que hay indicios de direccionamiento y de requisitos hechos a la medida, así como blanqueos de contrataciones de personas que ya están dentro de la institución.
En su momento, la exministra de Hacienda, Lea Giménez, también criticó las licitaciones plurianuales que pretende convocar el gobierno, que ascienden a USD 1.300 millones. Señaló que este tipo de acciones dejan maniatada a la próxima administración, por lo que espera que estas decisiones se reviertan.
“Cuando un gobierno está de salida ya no puede tomar decisiones para los próximos tres años, hay que esperar por una cuestión básica de criterio y de gestión pública, hay una responsabilidad del administrador y la máxima autoridad que es el presidente de la República”, había indicado Giménez.
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