La senadora Esperanza Martínez sostiene que los proyectos antinepotismo que serán analizados desde el Senado deberán incluir la propuesta ciudadana. El objetivo de la Cámara Alta es avanzar con una sola reglamentación, suficientemente abarcativa y que reúna cada falencia que se busca desterrar de la función pública.

“Si hay cuatro o 25 proyectos, quiere decir que todos tienen algo que aportar. Se deben tomar todas las ideas y de cada una se debe hacer algo mejor, algo más superador”, remarcó Martínez y animó a sus colegas a unificar proyectos.

Aparte de la versión aprobada en Diputados, existen otras propuestas de antinepotismo, entre ellas una presentada por los senadores Basilio Núñez y otra por Eduardo Nakayama. A estas se suma una elaborada por iniciativa popular, en la cual se contempla la figura de sanciones.

Para Martínez, la propuesta ciudadana podría brindar una complementación de suma relevancia, al tener en cuenta que la figura del nepotismo contará con sanciones más determinantes, ofreciendo de este modo reglas más claras en torno al ingreso y permanencia en la función pública.

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La senadora subrayó que no se puede obviar o dejar de lado las propuestas ciudadanas, las preocupaciones que expresan y también los aportes brindados. Reafirmó así la importancia de mantener un diálogo abierto con la sociedad civil para avanzar de manera conjunta.

Martínez destacó la importancia de materializar el proyecto antinepotismo, pero hacerlo luego de absorber cada uno de los factores planteados en las diferentes propuestas presentadas.

Desde el Gobierno se ha instalado una línea de trabajo prioritaria sobre una ley antinepotismo con reglas más claras. A este compromiso se sumaría el proyecto sobre la carrera en la función pública, que ya cuenta con modificaciones pertinentes elaboradas por el propio Ejecutivo.

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El viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano, indicó que desde el Gobierno nacional se está trabajando en el desarrollo de reglamentaciones que permitan un crecimiento sostenido y protegido para las criptominerías. “Vamos a presentar un proyecto de ley que criminalice el hurto de energía y aumente la pena sobre el delito. Lo que se pretende actualmente es perseguir todas las conexiones clandestinas y respetar los contratos vigentes, que brinda una tarifa diferenciada a las actividades legales”, explicó.

En esa línea, manifestó en el programa “Fuego Cruzado”, emitido por GEN/Nación Media, que el Ministerio Público debería contar con un rol más activo en torno al control de las criptominerías. Si bien la Administración Nacional de Electricidad (Ande) ha firmado un convenio con el fiscal general del Estado, la Fiscalía debería ejercer un rol más preponderante.

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“Al final del día, nadie pretende satanizar la actividad de la criptominería, sino que esté normada, con reglas claras y que contraten la potencia real, con inversiones en infraestructura”, puntualizó Bejarano, observando los procesos como los hechos que marcarán el factor diferencial para la economía.

El viceministro puntualizó que no se puede apuntar a la prohibición de la actividad de la criptominería, entendiendo que actualmente se encuentra en boga. Así, habló en su lugar sobre la posibilidad de brindar mayores controles y un marco regulatorio sobre las criptominerías.

“Esto es lo que el presidente Peña desea finalmente, para usar nuestra energía para el desarrollo. Entendemos que debemos tener la energía eléctrica de calidad, la infraestructura para recibir la inversión que ya va llegando al país, por lo que cada día proyectamos mucho mejor”, afirmó Bejarano.

El viceministro de Minas y Energía remarcó que se debe trabajar en el fortalecimiento de la actividad, tomando en cuenta tanto pros como contras y también teniendo como una base sustancial, las experiencias internacionales, para trabajar sobre algunas falencias ejercidas en torno a la criptominería.

“Luego, ya como debate financiero, se debe ver si la criptomoneda se acepta o no, recordando que en algunos lugares se ha implementado y en otros no. Pero algo es categórico, no debemos perder la condición que hoy tenemos porque somos atractivos en la medida en que tenemos excedente de energía”, subrayó Bejarano.

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Los diputados Pedro Ortiz y Diego Candía, y el senador Carlos Núñez, encabezaron una comitiva de representantes de la coordinadora de las fuerzas públicas, policías y militares, quienes se reunieron con el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, en busca del apoyo para el proyecto de ley para la cobertura sanitaria de retirados.

Se trata del proyecto de ley “que modifica el artículo 9° de la Ley N° 4.493/11, Que establece los montos de la escala del sueldo básico mensual y otras remuneraciones de los integrantes de las Fuerzas Públicas”.

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La iniciativa ya cuenta con la media sanción de la Cámara de Diputados, sin embargo, el pedido de apoyo al proyecto se da teniendo en cuenta que sería rechazado en la Cámara de Senadores, de acuerdo a las explicaciones del diputado Pedro Ortiz.

“Estamos seguros que ellos (senadores) no tienen toda la información; creen que se trata de una creación, pero nosotros solo estamos exigiendo que nos devuelvan lo que en el 2011 nos sacaron; solo queremos tener el mismo trato en cuanto a salud se refiere”, explicó el diputado Ortiz tras la reunión con el vicepresidente Alliana.

Por otra parte, el legislador explicó los alcances de este proyecto de ley, que pretende equiparar el beneficio de cobertura de salud entre los integrantes de las fuerzas púbicas retirados con los activos, que equivale al 10 % del salario mínimo vigente.

“Los militares y policías, en situación de retiro, siguen perteneciendo a las fuerzas públicas. Eso lo digo porque el estado policial y militar no se pierde; lo que está establecido en el Estatuto del Personal Militar y la Ley Orgánica de la Policía Nacional es una situación de receso, pudiendo ser llamados en cualquier momento, cuando la patria lo requiera”, fue la explicación del proyectista.

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El senador Basilio Núñez destacó la posibilidad de mejorar el sistema de transporte público en el departamento Central, apuntando a una labor colaborativa no solo entre diferentes sectores del Poder Legislativo, sino con la propia gobernación de Central y autoridades ministeriales.

“Celebro que el gobernador de Central se sume a la mesa de diálogo porque ya existe una establecida por el Poder Ejecutivo, sin mencionar los diálogos que estamos llevando adelante con la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión”, destacó sobre la búsqueda de una solución integral.

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Las declaraciones del senador responden a la presentación del gobernador Ricardo Estigarribia, junto con legisladores de la oposición, de una propuesta de reordenamiento del servicio del transporte público en su departamento, apuntando a un mejoramiento de dicha prestación.

De acuerdo a la propuesta de Estigarribia, se habla de reordenar los itinerarios, realizar pagos de subsidio por kilometrajes recorridos y no por pasajeros. Al respecto, Núñez ya adelantó que no considera dicho cambio en el subsidio como una alternativa válida.

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“Sin embargo, que se pongan ideas en una mesa de debate resulta interesante. Se debe trabajar en esta gran apuesta que, finalmente, debe apuntar a toda el área metropolitana, tanto en la Región Oriental como en la Occidental”, refirió el senador, haciendo hincapié en una solución nacional.

Apuntó así a la posibilidad de sumar incluso a más sectores dentro de la mesa de diálogo, donde uno de los temas centrales a ser debatidos corresponde también al enfoque del subsidio. Esto recordando que otra de las propuestas habla de una aplicación directa a los pasajeros, evitando clientes fantasma.

“Así como se crearon pasajeros fantasma para recibir el subsidio, mi temor es que también se creen kilometrajes fantasma y por eso no considero que la subvención deba hacerse sobre este factor. Más allá de esto, la gente quiere una solución y tenemos que trabajar sobre la cuestión”, dijo.