Otro de los objetivos de la Contraloría es que los magistrados y funcionarios judiciales sean sometidos a un examen de correspondencia. Foto: Gentileza.
Auditarán el Ministerio Público desde el próximo lunes, anuncia contralor
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Tras una reunión con el nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Gustavo Santander, el contralor general de la República (CGR), Camilo Benítez, comunicó este martes que el órgano extrapoder iniciará desde la próxima semana el proceso de auditoría financiera a la Fiscalía. En la ocasión ambos afirmaron que es necesario unir esfuerzos a favor de la transparencia y rendición de cuentas.
“Tras la decisión del fiscal general de desistir de la acción de inconstitucionalidad, el lunes de la semana que viene el equipo auditor se constituirá en el Ministerio Público con el fin de iniciar la auditoría financiera y de cumplimiento. Mientras que en el caso del Tribunal Superior de Justicia Electoral, estamos iniciando una auditoría, se habló con su presidente y nos dijo que está predispuesto a proveernos la información que necesitamos”, dijo.
Al respecto detalló que el equipo estaría conformado por 5 a 7 auditores quienes estarán bajo la supervisión de la funcionaria Raquel Sanabria, directora de auditoría de la Contraloría. Añadió a la vez que el objetivo se centra en culminar el proceso de fiscalización antes del 31 de agosto.
“La Constitución Nacional establece que nosotros tenemos que presentar un informe, dictamen respecto a la ejecución presupuestaria del año anterior y dentro del plan general de auditoría de este año está el Ministerio Público. Estamos empezando un poco tarde ya que la mayoría de las auditorías comenzaron en enero de este año”, puntualizó.
Benítez argumentó que una de las cuestiones encaradas con Santander en la reunión, fueron justamente las inconstitucionalidades presentadas ante la máxima instancia judicial, las que impiden la fiscalización por parte de la Contraloría.
Declaraciones juradas de magistrados judiciales
Asimismo, recordó la existencia de un proyecto de ley con media sanción en el Congreso que contribuye con la superación de la situación planteada por las inconstitucionalidades y que permitirá erradicar las trabas existentes para el trabajo de auditoría.
Por otra parte, Santander expresó su anhelo de que la Contraloría realice el examen de correspondencia de las declaraciones juradas de bienes y rentas de los magistrados judiciales, ante lo cual Benítez requirió el apoyo de la Corte, para acceder a las bases de datos de registros públicos que viabilicen dicho pedido.
En 2 semanas estará lista auditoría, informó Fleitas
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El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Hugo Fleitas, indicó que la auditoría externa realizada a la gestión administrativa de Efraín Alegre se encuentra en su etapa final y será expuesta a las autoridades, afiliados y a la ciudadanía en general en menos de dos semanas.
La fiscalización se realizó a pedido de convencionales y miembros de la conducción nacional de la agrupación ante las numerosas irregularidades denunciadas y demandas por falta de pago de las deudas contraídas que generaron embargos y sentencias de llevar a remate locales de comités políticos del PLRA, como el de Capiatá y Ciudad del Este.
“En esta semana está concluyendo el trabajo que hemos encargado a una consultora bastante reconocida, los trabajos de auditoría empezaron a finales del mes de noviembre y en los primeros días de diciembre del año 2023. En no más de dos semanas se estará presentando oficialmente y públicamente los resultados”, manifestó.
Aseguró que de comprobarse las irregularidades denunciadas, no descartan impulsar una denuncia penal contra Alegre. “Nosotros siempre hemos dicho que no apañaremos nada y tampoco vamos a inventar absolutamente nada”, indicó en una entrevista con la 730 AM.
No obstante, Fleitas sostiene que el principal responsable del colapso financiero del Partido Liberal es Alegre, quien, con la finalidad de costear su campaña política a la Presidencia de la República en los comicios generales de 2018, violó la Ley del Financiamiento Político.
“Esto ha sido producto de una irresponsabilidad del expresidente Alegre que le sobreendeudó al partido para las elecciones, cuando la ley del financiamiento autorizaba a todos los partidos a gastar hasta un máximo de G. 33 mil millones. Pero Alegre gastó más de G. 56 mil millones por sobre la ley, y por sobre la decisión del Directorio”, sentenció.
El funcionario de J. A. Saldívar Sergio Espínola Villalba, el senador Líder Amarilla y el funcionario de IPS Renán Leguizamón, vinculados
a empresa denunciada por usura. Ninguno de los tres declaró ante Contraloría
Contraloría abre sumario a modesto funcionario, socio de Líder Amarilla
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La Contraloría General de la República (CGR) inició un sumario a Sergio Manuel Espínola Villalba, quien empezó como chofer en la Municipalidad de Villa Elisa durante la administración de Líder Amarilla y con humilde condición pasó a ser dueño de empresas que, coincidentemente, ganaban licitaciones en la época del padrino, hoy día senador de la República. El funcionario público no presentó declaraciones juradas de bienes ante el órgano extrapoder.
Unidad de Investigación Nación Media
De chofer en Villa Elisa a encargado de contrataciones en la Municipalidad de J. Augusto Saldívar y a dueño de empresas con millonarios contratos. El caso de Sergio Manuel Espínola Villalba es objeto de estudio.
Tanto es así que la propia Contraloría General de la República (CGR) inició un proceso de sumario con respecto a Espínola Villalba, quien es primo y socio comercial del senador Líder Amarilla (PLRA).
NO PRESENTÓ DECLARACIONES JURADAS
Espínola Villalba figura actualmente como funcionario de la Municipalidad de J. Augusto Saldívar, con un sueldo mensual de G. 4,4 millones. Su deambular por la función pública había iniciado hace un par de años, cuando su primo, entonces intendente de Villa Elisa, lo contrató como chofer en la institución.
Sin embargo, pese a su ya largo camino como funcionario público, Espínola Villalba no presentó siquiera una sola declaración jurada de bienes y rentas, obligación constitucional para cualquier persona que se encuentre en el servicio estatal.
Esto se desprende de la web de Datos Abiertos de la CGR, donde se publican los documentos presentados por los funcionarios de todas las instituciones del gobierno central, departamentales y municipales.
Sergio Manuel, según las planillas salariales, ingresó a la Municipalidad de Villa Elisa en el 2013, periodo del gobierno de Líder Amarilla. El joven, con 24 años de edad y siendo jornalero de la comuna, aparecía en el 2017 firmando contrato con el exintendente Estigarribia mediante la empresa Las Primas SA que, coincidentemente, fijaba dirección en una propiedad de su primo, el senador Líder Amarilla.
Las publicaciones periodísticas sobre los vínculos del funcionario comunal con varias empresas y la ausencia de presentación de sus manifestaciones de bienes empujaron a que la CGR inicie un proceso de sumario con respecto a Espínola Villalba, por incumplimiento de la ley que regula la presentación de estos documentos.
LIGADO A VARIAS EMPRESAS
Espínola Villalba aparece ligado, por ejemplo, a la firma Terranova Inmobiliaria SA, donde también aparece el senador Líder Amarilla.
Espínola Villalba registra el 10% de las acciones y alternaba cargos de vicepresidente y presidente en la inmobiliaria.
Renán Leguizamón Garcete, funcionario del Instituto de Previsión Social (IPS), aparece también como vicepresidente de Terranova Inmobiliaria SA en algunos años y Adrián Leith Calonga, un modesto sereno con sueldo de G. 2.200.000 en el Ministerio de la Defensa Pública, a quien se le atribuye firmas en varias asambleas societarias como secretario.
Tanto Espínola como Leguizamón también aparecen como accionistas y representantes de las firmas Las Primas SA y Mármol SA a las que, en sus tiempos de intendente de Villa Elisa, Líder Amarilla y el hoy gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, adjudicaban millonarios contratos y que operaban a cara descubierta en propiedades de Amarilla. Cabe subrayar que el funcionario de IPS Renán Leguizamón tampoco declaró las empresas en las cuales figura ante la Contraloría General de la República.
Funcionarios de la Municipalidad de J.A. Saldívar y de IPS aparecen en una de las empresas adjudicadas con millonarios contratos en Villa Elisa durante la administración del senador liberal Líder Amarilla y el actual gobernador de Central, Ricardo Estigarribia
DENUNCIADOS POR USURA
En febrero pasado el concejal de Itá Fidel León había por usura, estafa, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal al senador Líder Santiago Amarilla, al funcionario municipal Sergio Manuel Espínola Villalba y la escribana Blanca Cilda Núñez. Según el edil, la empresa Terranova Inmobiliaria SA de la que forman parte el legislador como el funcionario público citado era acreedora hipotecaria de una propiedad suya en una transacción que tuvo origen con un préstamo de G. 250 millones por parte de Líder Amarilla, y pese a haber pagado más del doble del crédito recibido fue despojado de su casa y varios otros bienes.
SENADOR TAMPOCO DECLARÓ
En las declaraciones juradas presentadas por Amarilla tampoco aparecen registros de Terranova.
La única empresa que figura en la última manifestación de bienes que presentó el senador liberal es Amarilla y Asociados SA, donde registra acciones por G. 2.000 millones. No consignó las acciones, transferencias o capital proveniente de posibles ventas de las mismas en la firma denunciada por usura.
José González, asesor jurídico del IPS, señaló que se realizaron dos denuncias por corrupción ante el Ministerio Público y que se está priorizando el reordenamiento de la previsional. Foto: Pánfilo Leguizamón
IPS ya no puede cometer “los mismos errores” que dejó la administración anterior
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El Instituto de Previsión Social (IPS) presentó, el 16 de abril pasado, una denuncia ante el Ministerio Pública al detectar, a través de una auditoría interna, una presunta rosca que solicitaba coimas a los jubilados para falsificar certificados médicos con el fin de “agilizar” los trámites en la Caja de Préstamos de la previsional. El asesor jurídico José González puntualizó las irregularidades detectadas y los desafíos que asume la institución para mejorar la transparencia.
“No podemos caer en los mismos errores que cayó la administración anterior, tenemos que ver nuestros números, todas las falencias que dejó la pasada administración, identificar a los responsables y mejorar”, señaló González en el programa “Fuego cruzado”, por GEN/Nación Media, detallando que esta es la segunda denuncia presentada por IPS ante la Fiscalía, luego de los reportes finales que había remitido la Contraloría General de la República (CGR) sobre otras irregularidades.
A partir de aquel informe, el presidente de la institución, el doctor Jorge Brítez dispuso la realización de la auditoría, el 21 de marzo pasado, que verificó 25 solicitudes de préstamos a partir del mes de febrero, pendientes de aprobación. En tanto, la Contraloría señalaba sobre un crédito que se había sacado para pagar a los proveedores. Posteriormente se sacó otro, el cual no tenía fuente de financiación, y para saldar ese crédito se dejó de cumplir con los proveedores, por lo cual se hablaría de un monto cercano a los USD 250 millones, refirió González.
“Luego se detectaron otras irregularidades como solicitudes de embargo sobre inmuebles del IPS, cuando esto no se dispone reglamentariamente, sin mencionar que se encontró un fideicomiso totalmente descalzado”, indicó González. Aparte, durante 5 años se dejaron de certificar las deudas y, hoy en día, 5.300 títulos de créditos se están empezando a imprimir, que consisten en los aportes de obrero-patronal que se hacen por parte de las empresas, que la anterior administración no judicializó.
El asesor jurídico del IPS elaboró un recuento de la serie de irregularidades de la previsional. Foto: Pánfilo Leguizamón
“Ordenar la casa”
El asesor jurídico del IPS detalló que actualmente hay dos causas abiertas en el Ministerio Público, planteadas desde la previsional, una sobre los tres reportes que había hecho la Contraloría y la segunda sobre los resultados de la auditoría externa. “Se encuentran en etapa inicial, están en proceso de investigación, pero consideramos que el Ministerio Público posee los suficientes elementos para presentar una imputación porque se trata de hechos irregulares graves y reportes finales que ha emitido la Contraloría”, expresó González.
“Ahora tenemos que ordenar la casa. Estamos trabajando en la parte inmobiliaria, también queremos implementar un sistema donde todos los asegurados y la ciudadanía puedan saber lo que tiene IPS, cuál es el valor real de lo que están pagando y qué es lo que deberían pagar”, señaló. También se analizarían los mecanismos para realizar un control de los bienes, con lo cual se prevé la posibilidad de contar con mayor transparencia. Todo está siendo informatizado para que en corto plazo se pueda llegar a este tipo de servicios.
"Consideramos que el Ministerio Público posee los suficientes elementos para presentar una imputación", expresó José González. Foto: Pánfilo Leguizamón
Una mujer denunció la inacción del Ministerio Público ante un grave caso que debía ser intento de homicidio debido a que quemó la casa de su pareja. FOTO: ILUSTRATIVA
Violencia familiar: quemó la casa de su pareja y solo fue sentenciado a donar G. 500.000
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Una mujer denunció la inacción del Ministerio Público y la falta de protección que debe brindar la justicia a las víctimas de violencia familiar. Asimismo, sostuvo que está impotente debido a que es de escasos recursos y no puede contratar un abogado para poder defenderla ante un caso que considera como injusticia.
“Soy víctima de un intento de feminicidio porque mi expareja quemó mi casa cuando mis hijos estaban adentro”, dijo la señora Karen Balovier ante la situación que está atravesando, que actualmente no tiene ni donde guarecerse.
Agregó que su expareja quemó la casa estando dentro ella con sus hijos. Pese al voraz grado de violencia, el expediente solo está caratulado como violencia familiar. Sostuvo que por este motivo se siente “impotente porque no tengo recursos para poder contratar a un abogado”, indicó.
Añadió que ya solicitó al Juzgado donde atienden su caso que se cambie la carátula de violencia familiar a intento de feminicidio, porque siente mucho miedo que su expareja vuelva y quiera hacerle algo a sus hijos o a ella, manifestó.
Asimismo, Balovier manifestó: “espero que se cambie la carátula y que sea por intento de feminicidio porque él sabía cuando quemó la casa que estábamos mis hijos y yo adentro”, puntualizó la denunciante.
Del mismo modo, la mujer criticó la resolución del juez de Ayolas, Blas Montiel, quien hizo lugar a la suspensión condicional del procedimiento del imputado César Ramón Villar Fretes, que en principio fue procesado por violencia familiar.
Como medida reparatoria, el magistrado dispuso que Villar Fretes realice una donación de G. 500.000, pese a que las víctimas quedaron sin un techo y con mucho miedo a que vuelvan a ser víctimas de algún tipo de agresión.