Tras una reunión con el nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Gustavo Santander, el contralor general de la República (CGR), Camilo Benítez, comunicó este martes que el órgano extrapoder iniciará desde la próxima semana el proceso de auditoría financiera a la Fiscalía. En la ocasión ambos afirmaron que es necesario unir esfuerzos a favor de la transparencia y rendición de cuentas.
“Tras la decisión del fiscal general de desistir de la acción de inconstitucionalidad, el lunes de la semana que viene el equipo auditor se constituirá en el Ministerio Público con el fin de iniciar la auditoría financiera y de cumplimiento. Mientras que en el caso del Tribunal Superior de Justicia Electoral, estamos iniciando una auditoría, se habló con su presidente y nos dijo que está predispuesto a proveernos la información que necesitamos”, dijo.
Al respecto detalló que el equipo estaría conformado por 5 a 7 auditores quienes estarán bajo la supervisión de la funcionaria Raquel Sanabria, directora de auditoría de la Contraloría. Añadió a la vez que el objetivo se centra en culminar el proceso de fiscalización antes del 31 de agosto.
“La Constitución Nacional establece que nosotros tenemos que presentar un informe, dictamen respecto a la ejecución presupuestaria del año anterior y dentro del plan general de auditoría de este año está el Ministerio Público. Estamos empezando un poco tarde ya que la mayoría de las auditorías comenzaron en enero de este año”, puntualizó.
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Benítez argumentó que una de las cuestiones encaradas con Santander en la reunión, fueron justamente las inconstitucionalidades presentadas ante la máxima instancia judicial, las que impiden la fiscalización por parte de la Contraloría.
Declaraciones juradas de magistrados judiciales
Asimismo, recordó la existencia de un proyecto de ley con media sanción en el Congreso que contribuye con la superación de la situación planteada por las inconstitucionalidades y que permitirá erradicar las trabas existentes para el trabajo de auditoría.
Por otra parte, Santander expresó su anhelo de que la Contraloría realice el examen de correspondencia de las declaraciones juradas de bienes y rentas de los magistrados judiciales, ante lo cual Benítez requirió el apoyo de la Corte, para acceder a las bases de datos de registros públicos que viabilicen dicho pedido.