José Doldán, representante de ahorristas de la cooperativa Poravoty, lamentó el poco avance en la intervención por el supuesto desfalco en detrimento de los socios. Dijo que los propios afectados están cumpliendo el rol del Ministerio Público y tratando de elaborar un plan para recuperar el dinero depositado y reactivar la institución.

“Tarde o temprano nos van a entregar un informe final y sobre eso nosotros tenemos que trabajar y ver la forma de reactivar la cooperativa”, señaló a la 1020 AM.

Aseguró que la prioridad de los socios es que al menos las personas que están enfermas empiecien a recuperar sus ahorros.

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“Nosotros somos el primer grupo que estamos poniendo pecho y estamos haciendo ruido. Después vamos a exigir el fondo de garantías para las cooperativas. Esto tiene que terminar ya, mientras no haya un fondo de garantía, es una alerta para todas las otras cooperativas que en este momento no es seguro ninguna cooperativa”, expresó.

Se quejó de la falta de apoyo del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), y el respaldo de un fondo para este tipo de casos. “Si el Incoop no nos apoya, entonces por lo menos que tengamos un fondo de garantía”, manifestó.

El vocero de los ahorristas aclaró que la cooperativa desde sus inicios fue una institución abierta para los policías y luego extendieron a todos los interesados en general. “Y ahí captaron empresarios, ahorristas, inversionistas y de ahí que comenzó a subir muy grande la cartera de ahorros. Eso fue lo que pasó en esta cooperativa”, puntualizó.

Comentó que hay dos fiscalías interviniendo en el caso, de Asunción y San Lorenzo, respectivamente. “La Fiscalía de Sajonia que es antidisturbios fue a raíz de la manifestación que hicimos frente a la Central de Cooperativas. Y a consecuencia de esa manifestación fuimos denunciados. De ser víctimas fuimos revictimizados”, lamentó.

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Maricel Albertini, madre del fiscal Marcelo Pecci, sostuvo que el Ministerio Público está poniendo su máximo empeño para llegar a buen término con la investigación del crimen ocurrido hace tres años. La misma acudió este sábado a un acto en homenaje al agente paraguayo, ante su monolito ubicado en la Fiscalía, al cumplirse otro aniversario del criminal atentado en Colombia.

“Yo confío mucho en el equipo que está trabajando, Manuel (Doldán) sobre todo, porque fue amigo personal de Marcelo”, enfatizó Albertini en conversación con varios medios de prensa, luego de la ceremonia.

Respecto al proceso que se está llevando tanto en Colombia como en Paraguay, señaló que tal vez no toda la información está llegando a la Prensa, cuidando detalles que son delicados por la investigación. No obstante, señaló que está en conocimiento que la investigación está siguiendo su curso, y que los equipo de investigadores continúan con las diligencias.

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“La esperanza es lo último que se pierde, y yo creo que en algún momento sí, y ojalá sea pronto, lleguemos a saber la verdad. Me dijeron que un equipo de investigación de Colombia estará viniendo al país pronto”, expresó.

Indicó que siempre está en contacto con los responsables de la investigación del crimen de su hijo, y que las veces que solicitó algún informe siempre ha recibido respuesta.

“No solo en mi familia, creo que, ante un evento como este, toda la sociedad exige justicia y busca tener una justicia pronta. Realmente para nosotros se va a cerrar el caso el día que se sepa quiénes fueron los responsables. Mientras tanto, está todavía pendiente una parte, ya que otra ya se resolvió, pero recién ese día que se sepa todo y se cierre el proceso, vamos a descansar”, expresó.

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El director de gabinete de Petróleos Paraguayos (Petropar), Alberto Acuña, manifestó que la institución presentó una denuncia ante el Ministerio Público por lesión de confianza y otros hechos punibles, en torno a la paralización de las obras del nuevo tren de molienda en la planta, que se había truncado durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

“Ayer miércoles se hizo una denuncia penal ante el Ministerio Público. Básicamente se focaliza en lo que sería la ejecución del proyecto”, dijo en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La obra de Troche debía estar operativa en el 2023 y tenía como objetivo aumentar la capacidad de molienda de caña de azúcar de 2.000 a 5.000 toneladas diarias, pero terminó paralizada debido a una “sobrefacturación gigantesca” registrada durante el gobierno del exmandatario Mario Abdo Benítez, según denuncias.

El proyecto tiene problemas de diseño y no tuvo en cuenta consideraciones ambientales y de aumento de la producción de caña y sus subproductos, de acuerdo a las argumentaciones del titular de la petrolera estatal, Eddie Jara. La obra empezó con la firma Eisa (propiedad del empresario Alberto Palumbo) y luego fue otorgada a la empresa Ocho A (propiedad del senador Luis Alberto Pettengill). La planificación inicial fue con la primera empresa y la segunda terminó de ejecutar la obra

La acusación refiere que se apunta a la “búsqueda de la verdad a fin de evitar que la conducta siga causando sus defectos”. También se solicita a la Fiscalía que se realicen todas las diligencias requeridas y necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados.

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Se detalla además que Petropar “ha abonado y está expuesta a tener que seguir realizando pagos por una obra que se ha visto sujeta a cambios del originalmente previsto y a demoras, pero sobre todo con serias posibilidades que esta no podría funcionar“.

Agrega que la situación “representaría la necesidad de recurrir a una inversión adicional que según se estima o detalla estaría aproximadamente en otros USD 30 millones”.

Las afirmaciones de Acuña surgieron tras concretarse recientemente la firma de un preacuerdo entre el gobierno y los cañicultores consistente en que Petropar presentará en no más de 30 días una nueva propuesta de tren de molienda. “El reclamo es genuino y lo entendemos”, remarcó.

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• Roma, Italia. AFP.

Miles de fieles acuden a la plaza de San Pedro a partir de ayer miércoles para seguir la elección del sucesor del papa Francisco. El Vaticano, sin dar detalles de ello, asume los gastos de las ceremonias, y el Estado italiano se encarga de los costos de la seguridad. En 2005, los funerales del papa Juan Pablo II y la elección de su sucesor, Benedicto XVI, le costaron 7 millones de euros (cerca de 8 millones de dólares al cambio actual) a las arcas del Vaticano, según un balance publicado por la Santa Sede.

Pero el Vaticano no informa con la misma transparencia sobre sus cuentas cada año, aunque se sabe que el déficit de estas va en aumento. Después de la renuncia de Benedicto XVI en 2013, la Santa Sede no detalló cuánto costó el cónclave que condujo a la elección de Francisco. Solo dijo que ese año tuvo un déficit de 24 millones de euros (unos 27 millones de dólares al cambio actual).

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Pero Gianni Alemanno, entonces alcalde de Roma, pidió al Estado que ayudara al municipio y cifró en 4,5 millones de euros (5,1 millones de dólares) los gastos relacionados con el transporte y la seguridad, tanto en Roma como en el Vaticano. Desde los acuerdos de Letrán, firmados en 1929 por el Vaticano e Italia, la policía italiana y la gendarmería vaticana se encargan de velar por la seguridad en las inmediaciones del Vaticano y en la plaza de San Pedro, donde se anunciará el nombre del que será el sucesor de Francisco.

De momento, aún no se “cifró” el coste total para el Estado italiano, indicó a finales de abril el ministro de Protección Civil, Nello Musumeci, quien sin embargo dijo que “se adoptó ya una medida para los primeros cinco millones de euros”. El gobierno recordó que, en 2005, 11.900 agentes de seguridad, mil bomberos y 5.000 funcionarios trabajaron en el marco del funeral y del cónclave.

Con todo, la ciudad de Roma y el sector hostelero pueden esperar beneficios: según la asociación de protección de los consumidores Codacons, los “precios en Roma” de los hoteles y alojamientos alcanzaron “niveles estratosféricos” durante el funeral de Francisco, entre 200 y 2.000 euros (230 y 2.300 dólares) por habitación en establecimientos próximos al Vaticano, mientras que en general oscilan entre los 170 y los 780 euros (entre 193 y 885 dólares).

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La Santa Sede no dio información sobre los costes del cónclave que empezó este miércoles, y su portavoz, Matteo Bruni, se limitó a recordar que no habrá ningún “patrocinador” publicitario. Para la ocasión, se hizo venir desde todo el mundo a los cardenales y sus asistentes, darles alojamiento, comida, servicio de lavandería; y preparar la capilla Sixtina para el cónclave y la plaza de San Pedro, tanto para el funeral de Francisco como para la futura proclamación del nuevo papa.

Un conjunto de medidas que lastrarán aún más las finanzas de la Santa Sede, cuyo gobierno central (la Curia) tenía un déficit de unos 30 millones de euros (34 millones de dólares al cambio actual) en 2022, por unos ingresos de 769 millones de euros (872 millones de dólares), según el Vaticano.

Con la idea de poner orden en las finanzas vaticanas y combatir el fraude, el papa Francisco creó en 2014 el poderoso Secretariado para la Economía. El organismo asumió la tarea de vender cada año partes del inmenso patrimonio del Vaticano, con el objetivo de recabar entre “20 y 25 millones de euros” anuales, según dijo en 2022 su prefecto, el sacerdote español Juan Antonio Guerrero.

Pero el microestado continúa sufriendo la caída de las donaciones de los fieles y por inversiones financieras de rendimiento incierto. Su imagen también se vio empañada por escándalos de malversación, que salpicaron por ejemplo al influyente cardenal Ángelo Becciu, a quien no se le permitió votar en este cónclave.