El senador Fernando Silva Facetti participó de una reunión para estudiar las reformas que pretenden plantearse al proyecto de ley “antichicana”. Las modificaciones sugeridas contemplan que todos los incidentes o recusaciones apeladas contra cualquier magistrado o funcionario menor ya no puedan suspender el plazo legal hasta la prescripción, para que las mismas ya no generen trabas al trámite del proceso.

“Mi posición es que la prescripción es la pérdida de la fuerza sancionadora del Estado con el paso del tiempo y que no se le puede estar cargando al procesado la lentitud e ineficiencia de los órganos, los cuales tienen plazos para las medidas correctivas, como sancionar a un abogado en el caso de que se retrase un proceso”, recordó el senador, agregando que no es necesario volver a modificar el Código Procesal Penal, existiendo herramientas para realizar el avance normal de un proceso.

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Son dos las cuestiones analizadas en esta propuesta; por un lado, las recusaciones e inhibiciones, y por el otro, las acciones y excepciones de inconstitucionalidad. Se propone así que los plazos de prescripción del hecho punible y de duración del proceso se suspendan en su cómputo al momento de una recusación, por ejemplo.

“En un principio se había propuesto el proyecto de ley ‘antichicanas’, que abarcaba varios fueros. En la audiencia pública se manifestó que la propuesta resultaba inconstitucional porque cada fuero cuenta con un proceso judicial distinto y la Corte decidió retirar el proyecto para acoplarse a un trabajo realizado por la Comisión de Reforma Penal, en el cual se busca ampliar uno de los artículos”, explicó Silva Facetti.

La propuesta legislativa contempla multas de hasta 100 jornales para las recusaciones extemporáneas o inadmisibles y de hasta 50 jornales para recusaciones abiertamente improcedentes; esto se aplicaría tanto a las partes como al abogado patrocinante. Asimismo, se prevé la suspensión en el ejercicio de la profesión por seis meses y hasta la pérdida de honorarios en determinados casos.

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