Senadores de la oposición impulsaron este jueves una audiencia pública con la finalidad de analizar el proyecto que garantiza la energía eléctrica como un derecho humano y amplia la tarifa social.

El encuentro, que es encabezado por los parlamentarios José Oviedo e Ignacio Iramaín, surgió como una iniciativa popular que logró la recolección de más de 50 mil firmas, de las cuales 48 mil fueron certificadas por la Justicia Electoral.

La exviceministra de Minas y Energía, Mercedes Canese, una de las principales proponentes de la iniciativa popular que será impulsada desde la bancada opositora, detalló que, de aprobarse, la Administración Nacional de Electricidad (Ande) no podrá realizar cortes de energía de uso doméstico por falta de pago, y se establecen descuentos que van desde el 90 % en todo horario hasta el 15 % en horario fuera de punta, que es a partir 500 KWh/mes.

Señaló que también se propone ampliar la tarifa social hasta 1.500 KWh/mes, es decir hasta G. 600.000 con descuentos decrecientes. Actualmente la misma es de 300 kWh/mes. “A medida que más se consume el descuento es menor para buscar la eficiencia energética”, dijo a los medios de comunicación.

“El Senado tiene dos meses para tratar este proyecto porque fue presentado el 2 de abril. La mayoría de las firmas fueron a mano, se recorrió todo el país con esta propuesta. La energía hidroeléctrica debe servir para nuestro bienestar, desarrollo”, remarcó.

Añadió que el proyecto establece descuentos para las pequeñas y medianas empresas (mipymes), que va hasta 3.000 KWh/mes, esto sería G. 1.200.000 de cuenta eléctrica.

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También se prevé beneficiar a las pequeñas y medianas juntas de saneamiento de agua potable con una reducción del 75 % en todos los casos y hasta 5.000 KWh/mes. “El agua también es un derecho humano”, expresó Canese.

Aseguró que este planteamiento es una “tabla de salvación para las desastrosas finanzas de la Ande”, tras sostener que el proyecto establece una financiación mediante los gastos sociales de la entidad binacional Itaipú más la renta eléctrica. “La propuesta es que los gastos sociales se transparenten, pasen por el presupuesto general, que vayan a la Ande”, puntualizó.

Por su parte, el senador Oviedo mencionó que aguarda el acompañamiento de sus colegas para lograr la sanción del proyecto. “No se quién podría rechazar una propuesta así y votar en contra. Aún no fue estudiado ni siquiera en las comisiones. Según escuché, todo esto tendrá un costo de USD 200 millones para la Ande, si buscamos de donde financiar es muy aplicable”, puntualizó.

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La Comisión Especial de Entes Binacionales del Senado realizó su primera reunión de trabajo junto al equipo técnico del Poder Ejecutivo. Esta delegación legislativa fue creada para el estudio y seguimiento de las negociaciones sobre la revisión del Anexo C del tratado de Itaipú entre Paraguay y Brasil.

En el encuentro asistieron el director paraguayo de la entidad binacional, Justo Zacarías; el ministro de Industria y Comercio (MIC), Javier Giménez, y el vicecanciller Víctor Verdún.

“Es el inicio de un conjunto de reuniones que existirán en este proceso de renegociación. El equipo técnico del Ejecutivo hizo una explicación de los pasos que se están realizando y evacuaron consultas realizadas por los diferentes senadores, algunas que tienen que ver con el Anexo C y otras con relación a la tarifa de Itaipú”, sostuvo el titular del bloque, el senador Natalicio Chase, ante los medios de comunicación.

Asimismo el parlamentario indicó: “El equipo técnico tiene una posición firme y están bien establecidos sus objetivos”. Hay que recordar que la renegociación del Anexo C quedó suspendido temporalmente por decisión del gobierno de Santiago Peña tras tomar estado público el espionaje cibernético que fue impulsado contra el Paraguay, perpetrado por el vecino país.

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La acción ilegal habría comenzado durante el gobierno de Jair Bolsonaro y habría continuado durante el actual mandato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El espionaje buscaba conocer la posición paraguaya en las negociaciones entre ambos países sobre el precio de la energía de la hidroeléctrica binacional Itaipú, según reveló la prensa brasileña.

El tratado de la Itaipú Binacional fue el instrumento jurídico, diplomático que formalizó la alianza entre el Brasil y Paraguay para la explotación del potencial hidroeléctrico del río Paraná por ambas naciones. Fue suscrito el 26 de abril de 1973 y entró en vigencia el 13 de agosto de ese año y se conforma por los anexos A, B y C.

El Anexo A guarda relación con el estatuto de la entidad, mientras que en el Anexo B se encuentran definidas la descripción general de las instalaciones destinadas a la producción de energía eléctrica y obras auxiliares y en el Anexo C se fijaron las bases financieras y de prestación de los servicios de electricidad de la represa.

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El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, presentó este martes en el Senado un plan para reducir este año el déficit fiscal de 2,6 % a 1,9 % en el Presupuesto General de la Nación (PGN), y que tiene la meta de lograr el 1,5 % para el proyecto de gastos para el año 2026.

La Comisión de Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado de la Cámara de Senadores recibió esta mañana al titular del MEF, así como al presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo Spalding, a fin de aclarar sobre los niveles de endeudamiento del Estado, y la última colocación internacional de bonos soberanos, entre otros aspectos económicos.

Al término de la reunión, el presidente de la comisión asesora, el senador Dionisio Amarilla destacó que el encuentro sirvió para recibir de fuente primaria sobre los niveles de endeudamiento de la República, la sostenibilidad no solo de los pagos, sino también de las decisiones tomadas en materia de refinanciación y reestructuración de la deuda.

“En la comisión de Cuentas y Control estamos interesados en hacer pública ese tipo de informaciones. Respecto al déficit fiscal, está previsto en el presupuesto general de este año en un 1,9 %, y el Ministerio de Economía marcha disciplinadamente rumbo a cumplir esa meta”, remarcó.

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A su turno, el ministro Fernández Valdovinos indicó que no debería preocupar tanto el endeudamiento, “ya que es el síntoma de la enfermedad”. Explicó que la enfermedad, en este caso, es el déficit fiscal, y señaló que desde el MEF están trabajando para reducir ese déficit mediante un esquema de trabajo establecido.

“Trabajamos en un plan de convergencia que, si recuerdan, llegó en algún momento el déficit al 6 % del producto interno bruto (PIB). El año pasado se cerró con 2,6 % y este año está camino a cerrar con el 1,9 % y, con el apoyo del Congreso, espero pasar un Presupuesto General de Gastos para el 2026 con el 1,5 %, que finalmente es el número establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal”, explicó Fernández Valdovinos.

Comentó que esta es la forma de atacar de forma decisiva al endeudamiento, porque atacando al déficit fiscal, se está atacando al endeudamiento y desde el ministerio están trabajando en esto.

El ministro enfatizó que se debe seguir trabajando en aumentar las recaudaciones tributarias, sin tocar las tasas impositivas; así como seguir buscando aquellos aspectos donde se pueda mejorar los gastos públicos.

Indicó que, si se analiza el PGN 2025, se puede observar que la mayor parte de incrementos se dio en cuatro sectores: salud, educación, seguridad y la parte de contención social, que contiene todos los programas sociales.

“Tenemos que seguir trabajando en esto porque estos sectores son claves, no solo para el presente, sino para el futuro del país. Esperamos contar con el apoyo del Congreso también para que en el Presupuesto 2026, primero convergamos al 1,5 % del déficit máximo establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal y sigamos apostando por estos cuatro sectores”, precisó.

Respecto a la emisión de Bonos, el ministro de Economía refirió que en febrero pasado se han emitido por valor de 1.200 millones de dólares, que será la única emisión internacional para este año. “Seguimos emitiendo bonos a nivel local, además tenemos los préstamos de los multilaterales, sobre todo para obras de infraestructura en particular”, acotó.

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El senador Dionisio Amarilla pidió que la reunión de la Comisión Especial de Emergencia Sanitaria y Ambiental del Parlamento del Mercosur (Mercado Común del Sur) sea de carácter permanente.

Además, abogó porque sean instaladas en los Congresos de los países miembros del Mercosur, con el fin de tratar y abordar sobre este tipo de situaciones de emergencia.

La mencionada comisión está presidida por Heitor Schuch, con la presencia de Armin Augusto Braun, director del Centro Nacional de Gerenciamiento de Riesgos y Desastres. En la ocasión fue instalada esta comisión especial.

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“Es un gran paso (la instalación de la comisión), que tiene que ser evaluado inclusive en el seno del Mercosur para convertirla en una comisión permanente, porque desastres seguirán existiendo, situaciones de emergencia climática también, y tal vez, el siguiente paso debe ser estimular que los Congresos tengan en el seno de sus respectivas áreas de trabajo una Comisión de Emergencia Ambiental, sanitaria y anexos”, expuso el senador Amarilla durante su intervención.

Indicó que no solo se debe incluirse en una agenda legislativa, sino también como una cuestión de Estado por parte de los Gobiernos de la región, teniendo en cuenta que se trata de situaciones que ningún país queda ajeno.

“Es una cuestión que nos une. Es un tema en el mundo y bienvenido que forme parte de la agenda de los gobiernos y de las políticas públicas en la región en el más breve plazo posible”, apuntó.

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