El senador Fernando Silva Facetti, vicepresidente de la Comisión de Prevención y Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, participó este miércoles de una mesa de trabajo interinstitucional con el objetivo de dar seguimiento a la implementación de la ley que establece los sistemas de monitoreo por dispositivos electrónicos, como tobilleras y pulseras.

El parlamentario expresó que la implementación de la ley ayudará en gran medida a descomprimir las superpobladas penitenciarías del país, pero el principal obstáculo para su implementación es el aspecto presupuestario, situación que se viene analizando con todas las instituciones para buscar la mejor opción y que no genere un costo excesivo al Estado.

“La reunión fue muy productiva y de hecho pudimos avanzar bastante sobre la posible vía para el funcionamiento del proyecto. La próxima semana vamos a tener una reunión con los representantes de las empresas”, anunció, agregando que en la mesa de trabajo se ofrecieron las diversas alternativas existentes para materializar la aplicación de la mencionada ley.

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Cabe mencionar que la legislación en cuestión permite aplicar el control por dispositivos electrónicos a personas con prisión domiciliaria, libertad condicional, procesadas por violencia doméstica, entre otros delitos. Esto teniendo en cuenta que, de acuerdo a un análisis llevado a cabo por la Comisión Prevención y Lucha contra el Narcotráfico, 7 de cada 10 personas privadas de su libertad se encuentran en prisión por cargos de violencia y delitos menores.

“Como el problema de la aplicación recae en el presupuesto, se ofrecieron alternativas como otorgar financiamiento a través de la concesión, donde el beneficiario tendría que pagar a la empresa que tiene la concesión; mientras que otra opción es llevar a cabo un llamado a licitación, donde el Estado será quien pagará”, explicó, añadiendo que en las próximas reuniones tratarán de llegar a un acuerdo para saber cuáles serán las propuestas más viables para el proyecto.

El encuentro interinstitucional del miércoles consiste en la tercera reunión llevada a cabo con representantes del Ministerio del Interior, de la que también participaron representantes del Ministerio de Justicia y referentes de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

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