La fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, dispuso la creación de dos unidades más en el Departamento de Delitos Económicos y Anticorrupción para el fortalecimiento de la unidad especializada, las cuales entrarán en funcionamiento desde este febrero.
La instalación de más unidades se desarrolla en el marco de la política de administración de la titular del Ministerio Público, no solo para reforzar las actuaciones de la unidad especializada, sino también para modernizarla y disponer en la misma con mayores herramientas para priorizar la lucha contra la corrupción.
Las nuevas disposiciones forman parte de la línea estratégica llevada a cabo por la fiscal Quiñónez como parte de su política administrativa, en la que el mejoramiento de los trabajos de la Fiscalía constituye una prioridad dentro del Ministerio Público. La fiscal general del Estado manifestó que, hasta la etapa final de su gestión, seguirá con el avance y la prosecución de la lucha contra los delitos económicos.
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En esa línea, los principales hechos punibles investigados por la unidad especializada son: lesión de confianza, estafa, lavado de dinero, evasión de impuestos, cohecho, extorsión, cobro indebido de honorarios, entre otros. De este modo, el departamento atiende denuncias sobre hechos que afectan la administración del Estado en detrimento del interés público y los que afectan negativamente el orden económico nacional, debido a un significante perjuicio patrimonial para particulares como para el Estado.
Por resolución oficial fueron creadas en diciembre del 2022 las unidades 15 y 16 cuya vigencia rige a partir del año 2023. Fueron asignados los agentes fiscales Alma Zayas y Silvio Corbeta para intervenir en las unidades respectivas. La dependencia cuenta también con una oficina administrativa y una de recepción de denuncias para análisis de casos, denuncias e informes de indicios de hechos punibles que ingresan a la unidad y eleva posteriormente un informe al fiscal adjunto.