El ex fiscal adjunto de Derechos Humanos Ricardo Merlo dio su opinión sobre el veredicto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que condenó al Estado paraguayo al pago de un resarcimiento de US$ 308.000 en el caso de una demanda promovida por exfiscal Alejandro Nissen. Dijo que “si el Estado asumió el compromiso, debe cumplir”.
El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la violación de las garantías judiciales en el marco de procesos seguidos en su contra por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que determinó la remoción de su cargo como agente fiscal penal.
A criterio de Merlo, el Estado además debe accionar contra los funcionarios que provocaron este fallo a instancias de un organismo internacional. “Tiene que ejercer el Estado contra los responsables de incumplir derechos humanos. Accionar contra los funcionarios quienes incumplieron sus funciones”, puntualizó en diálogo con la 680 AM.
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Alejandro Nissen era fiscal y desarrollaba principalmente investigaciones relacionadas con casos de corrupción. En marzo del 2002 se presentó una denuncia en su contra alegando mal desempeño en sus funciones. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) emitió una sentencia sancionatoria disponiendo su destitución del cargo en abril del 2003 y en el 2004 la Corte Suprema de Justicia rechazó una acción de inconstitucionalidad presentada por la presunta víctima, que posteriormente apeló a instancias internacionales, obteniendo un veredicto favorable.
De esta manera, Paraguay debe pagar al exagente del Ministerio Público Alejandro Nissen en un año US$ 30.000 como indemnización, US$ 243.000 por daño material, US$ 15.000 por daño inmaterial, US$ 15.000 por costos y gastos. Además, debe reintegrar unos US$ 5.269,12 al Fondo de Asistencia a Víctimas.
El fallo de la Corte fue leído en la mañana de ayer martes por el presidente del organismo internacional, Ricardo Pérez Manrique. Posterior a la lectura, se realizó el envío, por medios electrónicos, de la versión escrita de la sentencia a todas las partes, incluyendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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