Desde la Asociación de Asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS) adelantaron que si el presidente Mario Abdo Benítez promulga el proyecto que endeudará a la previsional por 15 años, presentarán una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. Para los asegurados y jubilados, esta ley carece de sustento técnico y sospechan que parte del préstamo de US$ 233 millones sea utilizado para fines electorales.
“Nos resta seguir luchando para que la ley no sea promulgada, aunque ya sabemos que el presidente de la República forma parte de este contubernio. Todavía nos queda una alternativa que es el recurso de inconstitucionalidad porque todos sabemos que es inconstitucional esta ley”, expresó Julio López, miembro de la asociación, en comunicación con la 1080 AM.
Indicó que esta iniciativa legislativa, ya sancionada por ambas Cámaras del Congreso, les genera desconfianza, partiendo del proyectista, el diputado oficialista Arnaldo Samaniego, quien es señalado por tener un clan instalado en la previsional. “Vivimos en una época electoral y es un tiempo en el que los políticos se rebuscan para obtener fondos para su campaña. Tenemos todo el derecho a dudar y de pensar que acá hay un contubernio para utilizar esos millones de dólares no precisamente en mejorar las condiciones de la atención a la salud, sino para hacerlo de manera fraudulenta”, aseveró.
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Agregó que esta es una preocupación compartida entre los jubilados y asegurados, por lo que apelan a que se realice una auditoría de la deuda de la previsional. “Todos estamos muy preocupados por esta situación que a todas luces se presenta como una nueva maniobra con el objetivo de un nuevo saqueo a los fondos previsionales”, manifestó e instó a que más personas integren la asociación de modo de luchar de una manera más unificada.
Desde la asociación de asegurados exigen que la Contraloría General de la República (CGR) realice una auditoría de la deuda de la previsional con las empresas proveedoras de medicamentos y anunciaron que en la semana realizarán una movilización frente a la sede de la CGR, de modo de ejercer presión. “Nosotros creemos que esa deuda está abultada, según técnicos respetados dentro de la propia institución, si se depura esa deuda no tendría que ser más de US$ 90 millones”, explicó.
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