El departamento de Trabajo Infantil de los Estados Unidos presentó este martes en la sede de la Cancillería Nacional un informe sobre el trabajo en torno a esta problemática en Paraguay. Este informe será tomado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, presidida por la diputada liberal Esmérita Sánchez.
La parlamentaria, quien participó de este evento en su carácter de la comisión asesora, refirió que en esta ocasión se evaluó el curso de acción que debe asumir el Estado en el marco de las implicancias y medidas gubernamentales que se plantean por el informe con el objetivo de eliminar el trabajo infantil en el país.
De la presentación de este informe también participaron autoridades del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad, institución que resaltó que en Paraguay se realizó un avance “moderado” en los trabajos para erradicar las formas del trabajo infantil. Igualmente, este ministerio emitió una resolución por la cual se establecieron los procedimientos, nuevos, para mejores investigaciones de este flagelo que afecta a la niñez ampliando el uso de actividades de extensión y capacitación virtuales.
Otro de los puntos, expuestos durante la presentación del informe, fue la ampliación del programa de apoyo a comedores comunitarios, que tiene por objetivo ayudar a las familias vulnerables al trabajo infantil. Sin embargo, fue omitido que actualmente las organizaciones de ollas populares siguen clamando por el desembolso de G. 11.000 millones por parte del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) para seguir con el trabajo de los comedores comunitarios.
Mientras tanto, el informe expone que actualmente existen “menores en Paraguay que son sometidos a las peores formas de trabajo infantil, incluida la servidumbre doméstica, así como la servidumbre por deudas en la ganadería, en granjas lecheras y en fábricas de carbón”. Algunas de las problemáticas, identificadas en este trabajo, es la falta de presupuesto para las instituciones encargadas de la protección de los niños y niñas del país para identificar, investigar y enjuiciar, como corresponde, casos de las peores formas de trabajo infantil, en particular en zonas distantes.
Esta falta de recursos y el financiamiento limitado afectan a los organismos de las fuerzas del orden, programas sociales, además de los organismos de aplicación de la legislación penal del país. Todos estos puntos serán puestos en análisis de la comisión asesora.
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