Los diputados Derlis Maidana y Jorge Ávalos Mariño presentaron un proyecto de ley que busca modificar los artículos 20 y 21 de la Ley Nº 4.013/2010 “Que reglamenta el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio y establece el servicio sustitutivo al mismo en beneficio de la población civil”.
Los proyectistas argumentaron que, en la práctica, los jóvenes no cumplen el servicio militar, tampoco las obligaciones estipuladas que establece la objeción de conciencia. Tampoco se presentan para tramitar el certificado de insolvencia.
Por ello, la idea es establecer reglas claras que contribuyan a que los jóvenes sean conscientes de que la democracia se trata de asumir derechos y obligaciones con ellos mismos, con la sociedad y con la patria, conforme explicaron.
Concretamente, se plantea la inclusión, en el Art. 20, de un apartado en donde se obliga a todos los varones de 18 años de edad a contar, indistintamente, o con un carné o certificación de cumplimiento de la objeción de conciencia; constancia de pago de la contribución establecida en la ley; certificación de insolvencia o constancia de exoneración del pago por insolvencia. Esto, para la realización de determinados trámites: a) Trámites referentes a la obtención y renovación de pasaportes; b) Accesos a becas emanadas del Estado paraguayo, y; c) Concursos para el acceso a la función pública.
Por otro lado, la modificación del Art. 21 consiste en la creación de un fondo con las contribuciones de los jóvenes que optan, en vez de prestar el servicio sustitutivo, al pago de una multa equivalente a cinco jornales mínimos para actividades diversas no especificadas.
Opciones actuales
Recordemos que los inscritos como objetores de conciencia tienen tres opciones para acceder al carnet de objetor de conciencia al servicio militar obligatorio (SMO). La primera es realizar un servicio sustitutivo; la segunda abonar una multa de G. 400.000 y la tercera es no hacer el servicio social y declararse insolvente para no pagar la multa.
“Los fondos de la contribución percibidos se destinarán al financiamiento de las políticas públicas de objeción de conciencia y a acciones sociales en el ámbito de la niñez y adolescencia en situación de pobreza dentro del Presupuesto General de la Nación de la Defensoría del Pueblo”, establece el proyecto de normativa.