A 29 años de su creación, la Procuraduría General de la República (PGR) dispondrá de su propia ley orgánica tras la sanción del proyecto a instancias del Congreso Nacional.
La normativa otorga a la PGR facultades operativas, administrativas y jurídicas claras y adecuadas para cumplir con su delicado rol constitucional de manera más eficiente conforme a las altas exigencias del Estado paraguayo y de la ciudadanía.
El documento sancionado por la Cámara de Diputados busca establecer las normas relativas a la competencia, organización y funcionamiento de la citada institución, como organismo de carácter técnico-jurídico, consultivo. Así también, en su rol de asesor de la administración pública, representante y litigante, instituido según las prescripciones del artículo 246 de la Constitución Nacional.
Igualmente, como componente de innovación, la ley crea el Consejo de Abogados del Estado que, bajo dirección de la PGR, estará integrado por representantes de la PGR, el Ministerio de Hacienda, además de los asesores jurídicos de la Presidencia de la República. Así también, integran miembros del Poder Legislativo, del Poder Judicial y de la Justicia Electoral.
También se pretende aclarar varios temas controvertidos y suplir vacíos que se generan hoy en día con respecto a la gestión de la Procuraduría General de la República y el carácter de sus intervenciones en materia judicial y extrajudicial, conforme al texto sancionado por el Parlamento Nacional.
Logros de la PGR
Mediante acciones impulsadas por la PGR, el Estado paraguayo se salvó de un millonario desembolso a favor de una funcionaria que había sido destituida de la Defensoría del Pueblo.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ), Sala Penal, Secretaría Judicial IV, resolvió a favor del Estado paraguayo en una acción contencioso-administrativa planteada contra la Defensoría del Pueblo, evitando así el desembolso al tesoro público de aproximadamente G. 150 millones en concepto de pago por salarios caídos.
Según los antecedentes del caso, la Defensoría del Pueblo tomó la decisión de desvincular a la funcionaria Olga María Blanco Ramírez en virtud de que la misma ocupaba un cargo de confianza y de libre disponibilidad según lo determina la Ley Nº 1626/00 De la Función Pública.
La destitución se dio por resolución Nº 943 del 6 de junio del 2017, por lo que la misma promovió acción contencioso-administrativa ante el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.
Leé también: Cargos vacantes: ante las presiones políticas, buscan nuevo reglamento